Exposición en el exterior de la Casa de la Paz y los Derechos Humanos
Se podrá ver hasta el 11 de septiembre
“30 derechos… ni uno menos” es el nombre de la exposición que se ha instalado en el exterior de la Casa de la Paz y los Derechos Humanos este 31 de mayo, coincidiendo con la visita del jurado de la Candidatura a la Capitalidad Europea 2016 a San Sebastián. Estará en el Parque Cultural de Aiete hasta el 11 de septiembre.
A través de metáforas, simbolismos y guiños visuales se pueden contemplar seres deshumanizados por el maltrato, muñecas que gritan libertad, paisajes que reivindican la paz o poéticos rostros de serenidad. La muestra, producida por la Casa de la Paz y los Derechos Humanos y el alumnado del Centro de Formación Profesional Ceinpro, toma como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuatro idiomas (euskera, castellano, inglés y francés) y la ilustra con un gran número de imágenes.
Así, se presenta una selección de espectaculares fotografías en blanco y negro y color que pretende ser una visión personal sobre los derechos humanos de los/las jóvenes de la ciudad.
Muchas de las fotografías que se muestran en la exposición han sido premiadas durante el curso escolar por un jurado compuesto por Katerin Blasco, de la oficina de la Candidatura a la Capitalidad, y socios de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa.
“Si admiten nuestro recurso, lo ganamos”. La frase la pronunció en privado hace un año el ministro Gallardón, pero su vaticinio sobre el veredicto de la doctrina Parot no se ha cumplido. Ni siquiera ante la rareza que supone que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acabara aceptando llevar a pleno la impugnación presentada por el Estado español contra la resolución favorable a Inés del Río dictada por la Sección Tercera de Estrasburgo en mayo de 2012. En el ánimo de la Grande Chambre que ha terminado por derogar la controvertida aplicación de los beneficios penitenciarios condena a condena, y no sobre la totalidad de la pena, han pesado, sin duda, ese primer fallo de su Sección contrario al criterio de la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional y el hecho de que el único magistrado español de la Corte, Juan López Guerra -exsecretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Zapatero-, se posicionara nítidamente contra la doctrina Parot. El intento del Ejecutivo del PP de persuadir al TEDH de que la revocación de la condena dejará en la calle a delincuentes que suscitan “alarma social”, como los violadores múltiples no ha hecho efecto. Tampoco las gestiones en las cancillerías europeas sobre los efectos expansivos para otras legislaciones comunitarias que podría tener el fallo de Estrasburgo sobre la etarra Del Río.
Los rostros pesarosos de los ministros Gallardón y Fernández Díaz en la rueda de prensa convocada para reaccionar a la sentencia evidencian que la digestión de la misma no va a ser sencilla. No tanto en lo que a su obligado acatamiento se refiere, que compete a la Audiencia Nacional: no hay juez que dude de que el veredicto debe asumirse. Pero sí en el terreno más delicado de las víctimas. A ellas ha ido dirigida en buena medida la comparecencia de los titulares de Interior y Justicia, que se han empleado a fondo para transmitir que el Gobierno ha hecho todo lo que estaba en su mano para tratar de impedir que la protesta de Del Río fructificara y, con ella, la de decenas de presos de ETA con la condena prolongada irregularmente según Estrasburgo. Hace 17 meses, cuando la Sección Tercera del TEDH dictaminó contra la doctrina Parot, el Ejecutivo tuvo que elegir entre lo muy malo y lo peor para sus intereses: lo muy malo era dejar correr la resolución y no recurrirla, a sabiendas de que eso indignaría a la ‘oficialidad’ de las víctimas y dejaría a los pies de los caballos a la Audiencia, el Supremo y el Constitucional, la cúpula de la Judicatura española; lo peor era jugársela a un recurso y que éste acabara siendo tumbado con rotundidad por Estrasburgo, como ha acabado ocurriendo. Tampoco le va a resultar fácil a la Audiencia Nacional encarar lo que se le avecina -presumiblemente, decenas de impugnaciones de los reclusos que, apelando al Tribunal Europeo, reclamarán su excarcelación-, ni al Supremo y al Constitucional interiorizar el revés de sus colegas del TEDH. Es verdad que la doctrina Parot nunca fue pacífica, pero no es cierto que provocara una amplia rebelión en los tribunales que la impulsaron y la avalaron. Los votos discordantes tienen nombres y apellidos: Joaquín Giménez, Perfecto Andrés Ibáñez y José Antonio Martín Pallín en el Supremo; y Adela Asúa, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Elisa Pérez en el Constitucional.
No obstante, el Gobierno y la Magistratura no son los único que tienen ante sí un desafío. La izquierda abertzale, cruzando los dedos, ha condicionado en los últimos meses cualquier modulación de su estrategia a que Estrasburgo se posicionara contra la doctrina Parot. Pero la mayoría de la sociedad y de los partidos vascos difícilmente entenderían que se hiciera bandera ahora en las calles de unas excarcelaciones que permitirán recobrar la libertad a unos presos que, tras muchos años de purgar delitos en prisión, no han dado muestra pública alguna de sentir lo que hicieron y del sufrimiento provocado a sus víctimas.
Lourdes Pérez
Llegará el día en el que un gobierno español se jactará de haber resuelto la crisis económica y el problema de ETA. En ambos casos, obviará el pequeño detalle de que lo hizo siguiendo estrictamente las directrices europeas. España ya era un país intervenido en lo económico y desde el lunes lo es también en lo judicial. La gestión de Rajoy al frente del ejecutivo se resume en el triple salto mortal consistente en pasar de hacer lo que dijo que haría a hacer lo de que debe, una expresión que apenas enmascara la realidad, esto es, hacer lo que desde el exterior le ordenan con el máximo apremio que haga. El cómo se lo dejan a su elección y ya se sabe que en caso de duda, el presidente del Gobierno siempre opta por el embuste. De ahí el empeño en negar lo evidente: que parte del dinero con el que Inés del Río indemnizará a los familiares de sus víctimas no saldrá del bolsillo de la ex miembro del comando Madrid, sino del erario público, por la frivolidad de nuestros gobernantes. Para los profetas del “esto va a estallar cualquier día” queda la constatación de que al Ejecutivo le asusta infinitamente más la reacción a la sentencia de Estrasburgo de (una parte de) las víctimas del terrorismo -la que representa una AVT presidida por una víctima del 11-M frente a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, presidida por la mucho más doméstica Mari Mar Blanco- que la del conjunto de los españoles a la flagrante estafa económica que hipotecará el futuro de todos. El motivo es que otorga a los primeros -unos miles- una autoridad moral que niega a los segundos -varios millones-. Al igual que el ridículo, el miedo tampoco conoce límites, por eso el ministro de Justicia recibe en sede oficial a Pedraza para que ésta le invite personalmente a saltarse la ley o idéntico motivo el partido que sustenta el Gobierno se manifestará en contra del Ejecutivo, más allá de los disfraces. Deberíamos preguntarnos por qué este pavor tan asimétrico. O quizás, mejor no.
AM
En la sociedad vasca conviven distintas insensibilidades. Así, una misma persona puede considerar la práctica de la pornografía como motivo de desprestigio y bancarrota social y a la vez, merecedores de homenajes populares a quienes han practicado la violencia con letales consecuencias, todo esto, sin intuir siquiera la posibilidad de que resulten ofensivos en extremo, innecesariamente sangrantes. Dado que quienes ayer se consideraron perdedores ya amagaron con no saber perder, sería importante que quienes se retrataron como ganadores sepan ganar. De Txiberta a Argel, pasando por Lizarra y Loiola, los estrategas de la izquierda abertzale se han caracterizado por su infablible capacidad a la hora de malograr una ocasión tras otra. Inesperadamente, ahora se topan frente a la enésima. Si no aprovechan la oportunidad, que al menos no descuarticen la esperanza.