En materia de fiscalidad, las matemáticas no son una ciencia exacta. Especialmente cuando pretende adivinar el futuro es una ciencia para tomar el pelo a los incautos.
Para las haciendas las cuentas heredadas (o no) nunca cuadran. Siempre buscan el equilibrio a base de recortar a los contribuyentes, la mayoría asalariados o de rentas que controla el sistema. Y de reducir gastos sociales. Ahora el nuevo equipo rector de la Diputación de Gipuzkoa asegura que las cifras que les legó su predecesor les dejan un pufo cifrado en torno a los 101 millones de euros.
Por lo visto los anteriores responsables forales estimaron un aumento en la recaudación de en torno al 7%, mientras la realidad las ha dejado en un -3,8% .
La pregunta es ¿Cómo se han atrevido a hacer una previsión del 7%?. Y la respuesta de los mal pensados es que como creían que iban a seguir controlando las instituciones forales, gastarían en función de ensoñaciones, aunque luego todo ello se convirtiera en una suma de la deuda para que tuvieran que seguir pegándola los de siempre.
Por desgracia no tenemos ninguna garantía de que el equipo económico de Bildu haga el esfuerzo de equilibrar los presupuestos vía ingresos y siga haciendo brindis al sol (no le va mal).
En el año 2008 se eliminó el impuesto sobre el patrimonio (realmente se congeló, porque existe pero se bonifica al 100%). El último año recaudó algo más de 2.000 millones de euros (0,2% del PIB) y el 80% fue pagado por el 20% de contribuyentes cuya riqueza (neta del valor de su vivienda, deudas y otros elementos) superaba los 750.000 euros. Contrariamente a lo que se dice, esto no era, precisamente, la clase media. Ciertamente el impuesto tenía muchos problemas. El más importante, que eximía de tributación la mayor parte de la riqueza productiva (valor de empresas propiedad de familias o de empresarios individuales). Esto implicaba que muchos ricos no pagaban nada porque, además, utilizaban empresas para hacer parecer que su riqueza personal era productiva. A esto se añadían problemas de valoración (especialmente importantes en el caso de los inmuebles) y una falta de control que favorecía el fraude.
Para recuperar el impuesto sobre el patrimonio es necesario resolver estos problemas. El más importante gravar la riqueza productiva. Pero hacerlo no es una cuestión simple porque al final se puede acabar gravando a personas que son propietarios de unos activos que por una crisis económica o una mala racha están produciendo pérdidas. Es decir, a la pérdida económica se añadirá el impuesto. Este problema, sin embargo, se puede limitar ligando, como de hecho se hacía en el pasado siempre, lo debido en patrimonio con la renta del contribuyente.
En todo caso, para que los ricos paguen impuestos la clave es la renta, su renta, y no su patrimonio. Recuperar el impuesto es una solución temporal razonable, pero no es la solución de largo plazo. Por ejemplo, en el año 2007 (donde no se gravaba casi nada de la riqueza productiva) quienes tenían una riqueza neta de más de un millón de euros aportaban apenas 1.600 millones de euros (0,15% del PIB). Dado el desplome del valor de muchos activos ahora se recaudaría menos de los más ricos (aunque habría que añadir lo que se obtenga con mejoras de valoración y gravando la riqueza productiva). Cabe señalar que tampoco tiene mucho sentido decir que el impuesto permitirá controlar mucho mejor el fraude porque habría que ser muy torpe para declarar mucho patrimonio y poca renta. De hecho, el impuesto ha existido en España durante casi 30 años sin que haya tenido muchos efectos sobre el fraude.
Como la renta es la variable definitoria, la clave para que los ricos paguen los impuestos que les corresponden (según la visión de equidad dominante en la sociedad) y contribuyan su parte justa a la financiación del Estado es que tributen por toda su renta. Para que esto ocurra es necesaria una reforma fiscal amplia, que cierre vías de evasión y elusión evitando, entre otras cosas, que los ricos utilicen sus empresas para eludir o evadir el IRPF. Para esto es necesaria una voluntad política real, que aumente la probabilidad de detección y eleve las sanciones (económicas y sociales) para que de una vez deje de ser rentable defraudar. Este es un camino de medio plazo, pero cuanto antes se empiece a recorrer, antes se llegará al destino.
Ciertamente los ricos y sus lobbies argumentarán que hacer pagar a los ricos causa una pérdida de riqueza e induce deslocalizaciones de personas y actividades productivas. Dejando al margen casos extremos sin relevancia real ninguna (como cuando los tipos marginales son casi uno), la realidad es que ese argumento es esencialmente falso y solo es un intento de sembrar inquietud para no pagar impuestos.
Ignacio Zubiri
Me gustaría que alguien nos explicara la espectacular caída de los ingresos del Estado procedentes del impuesto de sociedades. Veamos. Año 2007, ingreso del impuesto de sociedades (IS): 44.823 millones de euros; año 2010, ingreso del IS, 16.198 millones de euros, y en lo que va del año actual, al mes de julio, la caía de ingresos del IS respecto del año 2010 es casi de un 24%.
Según análisis internos de la propia Agencia Tributaria, la caída se debe, fundamentalmente, a las deducciones, exenciones, libertad de amortización, etcétera, de que gozan las empresas.
Me pregunto si no es hora de eliminar tanta deducción, exención y subvención a las empresas, al igual que se ha hecho con las rentas del trabajo al eliminar prácticamente la deducción de vivienda, eliminaciones de los 400 euros y del cheque-bebé, etcétera. Seguramente, se ingresaría más por impuesto de sociedades y habría menos déficit y no tendría que haber tanto recorte en gasto social.
Les pregunto a las autoridades financieras de aquí ¿Qué tal se les quedaría el cuerpo con unos impuestos propios con el objetivo de repartir de manera equitativa el peso de la crisis y así, de esta manera, salir de ella?. Igual aprendían los de allí.
Pongamos que me levanto un día y me solicito a mí mismo un préstamo de 100 euros. Vale, me respondo, pero me lo devuelvo a la semana que viene con un interés del 5%. A la semana siguiente ingreso en mi cuenta, de forma puntual, 105 euros. Todo en orden. Un mes más tarde, vuelvo a pedirme otro crédito, también de 100 euros, pero por las razones que sea (quizá estoy deprimido) dudo de mi capacidad para devolvérmelo y me pongo un interés más alto, del 10%, no vaya a ser que. Si el riesgo es mayor, lo lógico es que los beneficios, de haberlos, sean pingües (qué rayos querrá decir pingües). Y así de forma sucesiva hasta que los intereses que aplico a los préstamos que me concedo me llevan a la quiebra.
¿Constituye un deber patriótico entonces para un español comprar deuda española? ¿Acaso no se le devolvería lo invertido con intereses sacados de sus propios impuestos? ¿Podrían ser los compradores españoles de deuda española quienes hicieran subir el diferencial al dudar de su propia capacidad para devolverse a sí mismos lo que se han prestado?
Además, si es cierto que los ricos españoles están invirtiendo en deuda española, habrá que deducir que nuestra deuda no es la suya, lo que significa que se puede ser español sin ser español a condición de podértelo pagar. Dado, por otra parte, que los millonarios (Buffet dixit) pagan menos impuestos que el resto de la población, será el resto de la población quien aporte los intereses de la deuda que compran los millonarios españoles.
Quiere decirse que todo esto, además de un sindiós lógico, constituye una sobreexplotación excesiva para las clases con necesidades.
Lo que habría que ver es si el impuesto de patrimonio a los ricos compensa de los beneficios que estos obtienen, al comprar deuda, gracias a los impuestos de los pobres.
JUAN J M
Hace tiempo que sospecho que la clase política nos toma a los ciudadanos por tontos. Los Mercados, el FMI, Merkel y compañía han ordenado equilibrar el déficit.
Y qué hacen los burócratas: Cambiar la Constitución para no tener pegas legales y seguir recortando.
Recortan 13.000 millones de euros a costa de pensionistas, parados y funcionarios y se quedan impasibles antes más de 250.000 millones de euros del fraude fiscal.
Creen que con los 1.000 millones de euros a recaudar por el nuevo impuesto sobre el patrimonio nos van a dejar tranquilos. (A la Iglesia católica le dan 6.000 millones de €) Mi sospecha ya es certeza: sí, nos toman por tontos, y si no se nos ocurre nada para desalojarles de sus poltronas es que quizá lo seamos. O, al menos, lo estemos.
En efecto: la bandera española que ondea en el Ayuntamiento de San Sebastián parece escapada del contenedor reservado a las basuras inorgánicas, pero puestos a levantar acta sobre su deplorable estado, llega el momento de alertar que lo es desde hace ya largos meses. Por lo tanto, quede constancia aquí de que hasta los más fanáticos admiradores de la rojigualda prefieren no levantar la vista a su paso por Alderdi Eder en un ejercicio de inhibición que decepciona profundamente a quienes creíamos que iniciaban la jornada cuadrados frente al mástil.
En nuestra infinita inmadurez política, algunos habíamos atribuido el deterioro banderil a un ejercicio de fidelidad en correspondencia con los acontecimientos que nos sobresaltan. En otras palabras: Bildu abrazaba por fin el principio de realidad, acatando que el actual desorden constitucional español sólo puede representarse como se merece mediante un trapo raído en sus colores y reducido a jirones en sus hechuras y costuras. Al fin y al cabo, estamos hablando de un país que quiebra con parsimonia, mientras su afición futbolística exhibe unas maneras capaces de convertir el Palacio de Versalles en las fiestas de su pueblo, a lomos de unos periodistas deportivos que retransmiten los partidos con modales propios de pastores trashumantes en plena conducción del ganado.
El delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, -un transversal del arco cromático en lo que se refiere a la franja que va del rojo al gualda- ha reaccionado ya con la celeridad que caracteriza a su jefe, Mariano Rajoy, -es decir, a cámara lenta- para exigir que se reemplace el actual taparrabos bicolor por una bandera española de última generación, con independencia -si se permite la expresión- del presunto ultraje que haya podido perpetrar el alcalde.
Pero si algún delito ha cometido el equipo municipal es más bien del de agravio comparativo y falsificación de mantelería, tipificado con entre dos y tres años. No es de recibo que las banderas donostiarra, vasca y no digamos Europea ondeen en condiciones aceptables, mientras la española parece que vuelve de sanfermines. Intolerable. La foto real del país -sea éste cual sea- exige un patio de enseñas tan unánimemente desastradas que harían torcer el gesto a incluso a Melanie Griffith, por citar a una persona ecuánime que irrumpe en aplausos con tan sólo oír la palabra ‘banderas’.
La legislación deja bien claro que la enseña nacional debe ocupar un lugar “destacado, visible y de honor”, pero una lectura restrictiva de la ordenanza excluiría a España del G-8, del G-20 y puede que hasta de la ONU. Con las banderas rotas conviene tener manga ancha si se desea ir bien conjuntado. Por lo demás, que la cambien cuanto antes, sí, no vaya a ser que terminen embargándola y su penoso estado nos impida para colmo acogernos al pago por dación. En tanto llega ese momento, propongo hacer el ejercicio mental de que la actual se deshilacha a manos de la prima de riesgo y las agencias de calificación. Y no me digan que desde esta perspetiva su contemplación no inflama el espíritu patrio.
AM