¿Quién nos devolverá, en el futuro, la vida pública, los bienes públicos, que nos están robando?
No se entiende bien cómo les votan a esos destructores de la idea de lo público
¿Quién privatiza a los políticos?
Hay que buscar las razones de la degeneración intelectual de parte de la clase política. Es un deber de la sociedad descubrir las razones ocultas de las privatizaciones. ¿Cómo recuperaremos lo que hemos perdido?
EMILIO LLEDÓ 04/10/2011
La defensa de lo público hace vivirla democracia. Hay, por supuesto, opiniones en contra que parecen apoyarse en ese latiguillo de la libertad individual para fomentar la riqueza; de la libertad de emprender, de crear, que se oculta bajo la oscurecida palabra de liberalismo. No se puede negar la importancia de los llamados bienes de consumo que, al parecer, la economía y los economistas administran. Pero el verdadero sustento de la sociedad, de la vida colectiva tan importante como la vida de la naturaleza, es la educación, la cultura,la ética. Ellasson las verdaderas generadoras de riqueza ideal, moral y material.
La democracia, que nació como lucha hacia la igualdad por medio de la reflexión sobre las palabras y por el establecimiento de unos ideales de justicia y verdad, no puede rendirse a las privatizaciones mentales de paradójicos libertadores. Sin embargo, apenas se insiste en el hecho de que la crisis que padecemos es una crisis que tantos competentes expertos, siguiendo el principio de la libertad y la competitividad, no han sabido evitar, ni tampoco las diversas burbujas -sobre todo las propias burbujas mentales- que inflaban y aireaban. Burbujas que, parece ser, les han permitido construir sin que nadie les pida responsabilidades por sus liberadas y productivas ganancias.
En este punto tendríamos que preguntarnos: ¿Quién privatiza a los políticos? ¿Qué palabras huecas, convertidas en grumos pegajosos aplastan los cerebros de los que van a administrar lo público, o sea lo de todos, si la corrupción mental ha comenzado por deteriorar esas neuronas que fluyen siempre hacia la ganancia privada? No se entiende bien cómo a esos destructores de la idea de lo público les votan aquellos que perderían lo poco que tienen en manos de tales personajes. A no ser que la mente de esos súbditos haya sido manipulada y, en la miserable sordidez de la propia ignorancia, esperen alguna migaja, algún botón del traje que viste el supuesto partido político que les arrastra.
Habrá, como digo, que ir estudiando las razones que mueven el comportamiento de esos padres de la patria que tienen el deber de organizar, no para su provecho y el de sus amigoides o amigantes, eso que se suele llamar, más o menos acertadamente, el bien común. Un pueblo «maravillosamente dotado para la sabiduría», como decía Machado, y al que hay que dar ejemplo para que no pierda el sentido de la justicia, dela honradez. Esimportante conocer en los defensores de la libre empresa, en los apóstoles de la privatización, qué empresa, ideología, fanatismo, les ha privatizado a ellos. Porque se trata de evitar que la patología individual de esos sujetos se convierta en patología, donde se hunde la vida colectiva.
Es un deber de la sociedad investigar y descubrir las razones ocultas de las privatizaciones. Parece que la raíz de todas ellas, con independencia de determinadas claves genéticas, brota también de la educación, de los ideales que, al abrirnos al mundo del saber y la cultura, hayan acertado a enseñarnos aquellos en cuyas manos está alumbrar la inteligencia yla sensibilidad. Lasopiniones que se clavan en las neuronas y que determinan la forma de actuar sobre las palabras y sobre aquello a que esas palabras nos empujan, proviene de esos reflejos condicionados que, desde la infancia, han aprisionado nuestra manera de ver e interpretar el mundo.
Podemos intuir que la degeneración intelectual de buena parte de la clase política, y de los llamados emprendedores -los que, por ejemplo, emprendieron la destrucción de nuestras costas-, procede de esos conglomerados ideológicos en los que se mezclan, con la indecencia, alguno de los males a que se ha aludido. ¿Quién privatiza a los políticos? ¿Quién nos devolverá, en el futuro, la vida pública, los bienes públicos, que nos están robando?
Los técnicos de gestión de Hacienda calculan que el montante total del fraude fiscal en España asciende a 88.000 millones de euros anuales, un 72% del cual correspondería a las grandes empresas y fortunas del país. (Hacienda de Euskadi no da datos porque son tres territorios y no se pueden pisar el uno al otro. Pero por ahí andaremos porque son los mismos). Para poner en su justo valor esta cifra, podríamos decir que supone, aproximadamente, un 7% del PIB, más o menos la previsión del Gobierno de déficit público para este año, lo cual nos situaría entre los pocos países de Europa (y del mundo mundial) que lograría el tan deseado equilibrio presupuestario.
Mientras tanto, los candidatos a la presidencia del Gobierno nos van desgranando sus recetas fiscales para hacer frente a la crisis económica: uno nos anuncia subidas de los impuestos al alcohol y al tabaco; otro, rebajas en cotizaciones sociales y «ajustes» y «austeridad» en el gasto, y otro, más subida en los tramos altos del IRPF. Y yo me pregunto: ¿por qué será que ninguno de los partidos que concurre a las próximas elecciones generales incluye en su programa la lucha eficaz y decidida del fraude fiscal, una lacra que no solo supone una merma considerable en los ingresos públicos, sino que, en sus supuestos más graves, es considerado por las leyes como delito penal?
En 1910, el viejo emperador Francisco José inauguró el nuevo Ministerio de la Guerra vienés, sobre el que se alza una inmensa y espantosa doble águila apoyada en un montón de armas. Estremece pensar que los invitados al acto levantaron sus copas aquel día para brindar bajo el amenazador símbolo, y que tan sólo cuatro años después estallaba la Gran Guerra. Algo parecido produce la visión de la alegría con que la ministra de Defensa anunció ayer que Zapatero daría “una buena noticia” por la tarde. A saber, nuestra plena adhesión al escudo antimisiles de la OTAN. (Menos mal que los aliados han salido de Irak, en otro caso Zapatero retornaría las tropas diciendo que así los jóvenes inmigrantes patriotas disfrutarían de un empleo).
Por lo que se ve, en este país, gobierne quien gobierne, nos gusta adherirnos a todo lo que signifique participar en proyectos militares internacionales. En fin, imagino que, ya que no lo conseguimos con productividad, empleo, educación, política social y tantas otras cosas, esta es una manera de darnos caché. Aunque sea la menos bonita. Lo cierto es que en los Presupuestos de este año, la partida de gastos militares fue una de las que menos recortes sufrió: el 7% frente a más del 8% de sanidad, educación o servicios sociales.
Mientras nos cierran quirófanos, los grandes proyectos de nuevas armas –aviones de combate y de transporte, helicópteros, fragatas o blindados– siguen, que yo sepa, en marcha, sin que ninguno haya sido suspendido por la crisis. Por cierto, ¿saben ustedes que con lo que cuesta un helicóptero Tigre se podría atender durante un año a 30.000 personas en necesidad extrema? Qué quieren que les diga. Imagino que, como Francisco José, nuestros gobernantes sienten que vivimos rodeados de enemigos, y que conviene darles miedo. ¡Ay!
Zapatero llegó a La Moncloa retirando las tropas de Irak y se despide ampliando el despliegue militar estadounidense en España. Rota acogerá la mayor base naval del escudo antimisiles de la OTAN tras un pacto militar que se ha negociado en secreto con el consentimiento de Mariano Rajoy, el heredero. El presidente saliente, el pacifista pragmático, argumenta que “creará 1.000 puestos de trabajo”. Está por ver; la información aún no está detallada. Pero Zapatero debería recordar que en el referéndum de la OTAN, en el que se ratificó la permanencia española en la alianza, también se aprobó “la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España” y que nuestro país no se incorporaría a “la estructura militar integrada”. Hoy aquel referéndum es papel mojado y su abolición no merece siquiera un debate en el Congreso de los Diputados: Zapatero lo ha despachado con una declaración en la sede de la OTAN sin aceptar preguntas de la prensa. De respetar lo votado, o de volver a votar, mejor ni hablamos.
Para mayor sarcasmo, el pacto militar se anuncia el mismo día en el que la Audiencia Nacional vuelve a procesar a tres soldados estadounidenses por el asesinato de José Couso. Más papel mojado: EEUU no piensa consentir que tres de sus militares sean juzgados. Basta con repasar lo que los cables de Wikileaks nos contaron del caso Couso para conocer el respeto que tiene la primera potencia por los incómodos tribunales de sus pequeños aliados. Aquellos cables también dejaron claro que el mismo PSOE que hizo del asesinato de Couso argumento electoral en 2004 jugó después a enterrar el incómodo asunto en cuanto estuvo en sus manos. “Zapatero, no nos falles”, le debieron de decir en el Pentágono.
La semana pasada fueron las “indemnizaciones” de los exdirectivos de Novacaixagalicia, que se repartieron 40 milloncitos de euros mientras la entidad debía ser nacionalizada gracias a su mala gestión. Esta semana, las “compensaciones” de los altos cargos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a punto de ser subastada por culpa de las irresponsabilidades e irregularidades de quienes la han hundido y se han forrado a su costa.
Absoluto desatino y absoluta inmoralidad. Pero no basta con señalar con el dedo a los que se han llevado la pasta, o con perseguirlos en los tribunales si cabe (que debería caber, aunque no parece que sea así en todos los casos). El asunto va más allá: ¿quién se ha hecho el tonto mientras ellos se forraban? ¿Hacia dónde miraban los políticos responsables del tema cuando los nombraron para ejercer funciones que no sabían ejercer y les permitieron firmar contratos propios de ladronzuelos? ¿Dónde estaba el Banco de España mientras ocurrían estos desmanes?
Me temo que esos casos que hemos conocido estos días no son más que la punta de un inmenso iceberg hecho a base de sucias complicidades, silencios culpables y protecciones casi de mafiosos. Me temo que en el poder hay demasiada gente que tiene tantos trapos sucios en su propia casa, que se ve obligada a ayudar a los demás a guardar los suyos. La trama pública parece estar llena de esas miserias. Y todos callados, por si acaso. Salvo Esperanza Aguirre, claro, que ha decidido denunciar a quienes para defender la enseñanza pública están haciendo un “negociazo”, según ella, con unas pobres camisetas. Es para reírse, la verdad.
Ahinoa Zapirain
Los recortes que imponen las políticas del control del déficit terminan ahogando el crecimiento. Un Estado que ahorra solo puede dejar de invertir. Un Estado que no invierte, destruye empleos directos e indirectos, rebaja los sueldos de los funcionarios, congela las pensiones, etcétera. En consecuencia, el ahorro del Estado implica, aparte de la degradación de los servicios públicos y del detrimento del bienestar de sus ciudadanos, una brusca disminución del consumo. Y en un país donde no se consume, la economía no puede crecer.
Es de sentido común, el mismo sentido que avala las últimas propuestas de Durão Barroso. Los bancos recapitalizados con dinero público recibieron ese capital junto con el compromiso de prestarlo a empresas y familias para reactivar la economía. Como, lejos de cumplirlo, se lo gastaron en deuda pública de países que en este momento tienen dificultades, lo justo es que pechen con las consecuencias, en lugar de pretender acaparar un fondo de rescate destinado a aliviar la situación de los ciudadanos de esos mismos países. En otras palabras, los que han creado esta crisis, deben pagarla.
Hasta aquí, bien. No hace falta ser economista para comprender esto. Lo que resulta incomprensible es que Merkel dejara caer, hace unos días, que la economía no crece porque a lo mejor la UE ha obligado a sus socios a recortar demasiado. Y que Durão Barroso haya esperado hasta anteayer para hablar de la tasa Tobin, y para proponer que se prohíba que los bancos rescatados paguen dividendos y rentas vitalicias a sus altos cargos. Porque, si ahora resulta que lo que hay que aplicar es el sentido común, ¿quién es el responsable de la dramática situación griega, del drama que se perfila en el horizonte de Irlanda y Portugal, del que planea sobre nuestras mediterráneas cabezas?
Luna de Abril
Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha utilizado esos tres adjetivos para reivindicarse públicamente en la misma comparecencia ante los medios en la que ha anunciado su dimisión como consejero de la empresa Unilabs, que gestionará los análisis clínicos de seis hospitales madrileños al hilo de las privatizaciones en los servicios públicos promovidas por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Resulta incomprensible que quien cree que su actitud es intachable desde todos los puntos de vista -desde el tangible del respeto a la ley de incompatibilidades a los intangibles de “la ética” y “la estética”- opte por renunciar a su cargo, aunque el escándalo resuene con muchos decibelios. Si realmente está persuadido de que no ha obrado mal, de que puede seguir mirándose al espejo sin que la conciencia se revuelva, Güemes no debería haber dejado su puesto. Pero lo ha hecho, en un gesto que viene a desmentir su propio argumentario. Porque puede que el exconsejero no haya incumplido las normas de forma flagrante, pero es bastante más difícil defender que no se ha producido en este caso un déficit moral y un defecto estético. Porque la mujer del César no solo debe ser honesta sino parecerlo, una máxima que vale también para los representantes institucionales mientras ostentan su cargo -que no es suyo, sino de la ciudadanía- y cuando lo dejan. Porque, en definitiva, es poco presentable obtener un beneficio privado, aunque sea muy indirectamente, de las medidas que uno ha impulsado desde el estrado de lo público. Y menos cuando en las calles de Madrid se suceden día sí y día también las manifestaciones de personal sanitario y pacientes contra el deterioro de los servicios hasta ahora bajo cobertura institucional.
Solo desde la desinhibición más absoluta pueden entenderse algunas de las polémicas de las últimas horas y días, como las excusas de Güemes; la ausencia de dudas en la decisión de Esperanza Aguirre de compatibilizar la dirección del PP de Madrid con el fichaje por una firma de ‘cazatalentos’; las argucias verbales de Duran i Lleida para no responsabilizarse de que su partido se financiara con fondos detraídos de ayudas a parados; la incorporación a la más poderosa empresa de telefonía de España de Rodrigo Rato, imputado por la desastrosa gestión de Bankia; o la renovada declaración de inocencia de Iñaki Urdangarin cuando el relato judicial de sus actividades no deja resquicio a la ingenuidad. En un país donde hay al menos dos centenares de cargos políticos imputados en procesos de corrupción, los comportamientos de los responsables públicos no solo deben ser castos y puros en lo que a la legalidad se refiere, sino que debería revocarse esa singular cultura de país que disculpa lo indecente, admite la falta de decoro, tolera el gusto por el descaro.
PD: Que lo legal no siempre es ético ni estético también es aplicable a la designación como nuevo senador de Iñaki Goioaga, abogado de los presos de ETA en los años cruentos de la organización terrorista.