El ataque contra las renovables es ideológico, no económico
Todavía están cerca aquellos años en que la conexión de una placa solar fotovoltaica a la red eléctrica no era posible en España. Hasta el año 2000, la falta de regulación de la conexión a red, por excusas como la supuesta inseguridad de la misma, hizo que esta energía limpia no tuviera cobertura legal alguna en nuestro país y por tanto sólo existía de manera casi experimental. Hubo que trabajar mucho desde el ecologismo y la universidad para conseguir algo tan básico como que la solar fotovoltaica tuviera un marco legal. Desde entonces en un país que, cómo dice la campaña del gobierno del PP “marca españa”, tenemos 300 días de sol al año, la solar sigue siendo una energía infrautilizada, marginada e injustamente atacada. En la actualidad, Alemania tiene 10 veces más potencia instalada que España, y otros países como Italia, Japón, Estados Unidos o China van ya por delante, mientras aquí se destruye al sector con medidas políticas equivocadas y adoptadas por motivos ideológicos, aunque tapados por excusas económicas.
Una vez superado aquel difícil obstáculo de la “alegalidad”, con la publicación del decreto que la regulaba en el año 2000 comenzó un lento pero inexorable crecimiento de la energía solar fotovoltaica en España. El establecimiento de primas para su instalación en hogares fue el detonante para que personas concienciadas fueran haciendo instalaciones que en un principio no buscaron el beneficio económico, sino la implantación de otra forma de producir energía limpia.
El factor ambiental ha sido clave en el desarrollo de las energías renovables. Quienes ahora pretenden reducir el análisis de su rendimiento a un mero tema económico se equivocan: el motor de las renovables ha sido la conciencia ciudadana de que tenemos que actuar contra los graves problemas ecológicos generados por la quema de combustibles fósiles y la energía nuclear. De hecho, su principal beneficio es ambiental, aunque cada vez más son también económicamente interesantes.
En aquella primera década del siglo XXI la solar fotovoltaica alcanza un nivel de desarrollo mucho mayor del esperado, llegando en 2008 casi hasta los 3.000 Mw instalados, convirtiendo a España en uno de los países con mayor potencia instalada, y permitiendo el desarrollo de un sector industrial que dio empleo a decenas de miles de pesonas. En su conjunto, el sector de las energías renovables creó casi 200.000 empleos directos en España. Pero sucesivas torpezas en las abundantes modificaciones regulatorias que se produjeron, acabaron convirtiéndola en el objeto de todas las críticas a las renovables.
Precisamente, el éxito en la implantación de las energías renovables, y su creciente peso en la producción de energía eléctrica, fue el detonante de brutales ataques que precisamente comenzaron en aquellos años, y con una componente profundamente ideológica. De hecho, alguno de los primeros informes que se publican contra la industria de las renovables en España se publica en inglés y se presenta en Estados Unidos con el objetivo de que un recién elegido Barack Obama siga el “ejemplo español” en materia renovable. Posteriormente es la fundación política del Partido Popular (FAES) quien recogería el guante de esos ataques, basados fundamentalmente en el coste de las primas para el erario público. El mensaje machacón de que “las renovables son caras” se repite sin el menor análisis de los beneficios que reportan, y va calando en una opinión pública cada vez más agobiada por la situación económica. De esa manera se van facilitando los golpes sucesivos que las renovables en su conjunto, con la fotovoltaica a la cabeza, están sufriendo en nuestro país.
Con la excusa del alto coste para el erario público de las primas, se ha ido arrinconando a la energía solar. En realidad el asunto de las primas podía haberse abordado de manera diferente, como por cierto se hace en Alemania, con una reducción progresiva que no cercenase su desarrollo, pero se optó por esto último porque el ataque a las renovables en general, y la solar en particular no es económico: es ideológico.
Además, precisamente el autoconsumo es la señal clara de que la solar puede andar su camino sin ayudas; y el proyecto de Real Decreto –en espacial con la introducción del peaje de respaldo–, la demostración de que no se quiere permitir ese desarrollo. El autoconsumo con balance neto es muy sencillo. Se trata de un mecanismo por el cual las personas que han decidido convertirse en productores energéticos consumen su energía producida por sus instalaciones (normalmente placas solares), aportando los excedentes de energía no consumida a la red eléctrica, y obteniendo de la red eléctrica la energía necesaria cuando su propio sistema no esté produciendo o lo hace por debajo de las necesidades propias. Finalmente, el saldo entre energía aportada y consumida debe ser la que se compute a efectos de pagos o cobros.
Pero el oligopolio energético dominante no está dispuesto a permitir facilmente que el autoconsumo se desarrolle. Hay demasiados intereses ligados al actual modelo energético como para dejarlo crecer sin más.
Por ello la respuesta ciudadana es clave para dar la vuelta al actual declive de la energía limpia en España. Si no respondemos a lo que está ocurriendo en materia de energía no habrá salida para la crisis económica, porque España mantiene un gasto de 45.000 millones de euros cada año en importar combustibles fósiles. Ese gasto tiene una incidencia decisiva en nuestra balanza de pagos, y actúa como un lastre permanente del que sólo podemos liberarnos impulsando aquellas formas de producción de energía en las que somos ricos: sol y viento.
Juan López de Uralde
La Marea