Carta abierta a D. Mariano Rajoy con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
Mañana jueves 17 de octubre se “celebra” el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Coincidiendo con esa fecha, las más de mil organizaciones que formamos parte de la Alianza Española contra la Pobreza queremos recordarle lo que usted mismo afirmó hace apenas unos días en la 68ª Asamblea General de Naciones Unidas. El propósito fundamental de sus acciones políticas, como señaló en la ONU, no es otro que el de “la defensa de la dignidad de la persona”. Entonces no le tembló la voz al afirmar el firme compromiso de su gobierno con el desarrollo humano y sostenible, con la justicia social y con la erradicación de la desigualdad y la pobreza a escala global.
Señor Rajoy, nos gustaría recordarle que la generación de riqueza a costa del empobrecimiento de millones de personas es un problema sistémico. Apoyar, facilitar o promover políticas que fomentan la generación de esa riqueza que empobrece nos hace dudar de la veracidad de sus discursos en los foros internacionales. También muchas de sus decisiones políticas, como los recortes en políticas sociales y de manera nunca antes conocida en la política de cooperación ―esa política de la que habló con orgullo en la ONU al tiempo que es prácticamente desmantelada―, o su falta de voluntad en promover una verdadera justicia fiscal, no sólo no contribuyen a la erradicación de la pobreza, sino que en gran medida contribuyen al aumento de las desigualdades, y no sólo en los países más “pobres”, sino también en el Estado que usted gobierna.
¿No hay dinero?
Alega usted que los recortes en las políticas sociales, en las políticas de cooperación, en las políticas de igualdad entre géneros, la austeridad impuesta en nuestros derechos económicos, sociales y culturales que está dejando en el umbral de la pobreza a miles de ciudadanas y ciudadanos, se deben supuestamente a que no hay dinero para cumplir a las exigencias europeas de poner un límite a nuestro déficit fiscal.
Sin embargo, según datos de expertos en la Hacienda Pública, el Estado español pierde 90.000 millones de euros al año debido al fraude fiscal, realizado en un 72% por grandes empresas y fortunas. El Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa afirma que 33 de las 35 empresas que forman el Ibex 35 tienen fondos en paraísos fiscales.
Su gobierno tiene mucha tarea por delante en este sentido, algo que ha de unirse a una firme apuesta de nuestro Estado por un marco de justicia fiscal global y el impulso de otras formas internacionales de recaudación, como el Impuesto a las Transacciones Financieras. Según los cálculos de la propia UE, si se aplicara este impuesto, España podría recaudar hasta 5.000 millones de euros, mientras que Europa alcanzaría los 35.000 millones, que podrían ser destinados a políticas sociales que garanticen los derechos de las personas.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2014, así como el resto de políticas que su gobierno viene implementando en los últimos años, lejos de ir en esta dirección -en la dirección que usted mismo defendía ante Naciones Unidas-, no observa medidas ni para eliminar los paraísos fiscales ni para gravar más a los grandes capitales, ni siquiera se dota de medios a la inspección fiscal para perseguir a quienes defraudan. De nuevo los presupuestos contribuyen al empobrecimiento de las arcas públicas, al empobrecimiento de la ciudadanía local y global, creando y contribuyendo a un sistema cada vez más desigual.
Exigimos que su discurso aterrice, que luche firmemente y de manera real y efectiva contra la pobreza y la desigualdad, que persiga el fraude fiscal y ponga en marcha políticas redistributivas que no permitan que una minoría se enriquezca a costa del empobrecimiento de la mayoría. Es una cuestión de coherencia política y de políticas coherentes, no de dinero.
Alianza Española contra la Pobreza – Cumbre Social
Alrededor de 435.000 vascos sufren algún tipo de pobreza. Es decir, uno de cada cinco vascos se encuentran en esa situación. La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Euskadi ha aprovechado la celebración del Día Internacional contra la Pobreza, que se celebra hoy, para denunciar la situación y el actual «sistema capitalista y patriarcal que no hace más que generar nuevas expresiones de pobreza y exclusión en sectores cada vez más amplios de la sociedad». Según la Coordinadora, «la pobreza no es inevitable, es una cuestión de voluntad política».
El exalcalde de Vitoria y firme activista por los derechos humanos, José Ángel Cuerda, anima a los ciudadanos a no ser espectadores de lo que está ocurriendo y a movilizarse. «Los ciudadanos tienen que ser protagonistas de sus vidas. La gente necesita ayuda y los gobiernos están obligados a proporcionar el bienestar y dignidad a los ciudadanos. Pero, hoy en día, la forma de gobernar pensando en los demás deja bastante que desear. Un Gobierno que no es capaz de dar una vida digna a sus ciudadanos no es un buen Gobierno»
«La pobreza», añade, «supone la negación del derecho a vivir con dignidad, con la educación, la salud y unos ingresos garantizados. La pobreza no es solo económica, es multidimensional porque afecta a todos los derechos básicos. Más de tres millones de personas viven en España con menos de 300 euros al mes y tienen personas a su cargo. ¿Cómo se puede vivir así? Esa es la negación de cualquier derecho»
Por eso, Cuerda aboga por la solidaridad como la mejor fórmula para alcanzar la igualdad real y efectiva. «La solidaridad no es caridad. En unos momentos tan difíciles como los actuales es cuando más hay que expresar esa solidaridad. Mientras haya un niño que lo esté pasando mal, cada día es el día Internacional de la Pobreza».
Con el lema ‘Eraldaketa abian da! Pobreza 0, hay alternativas’, la Coordinadora ha organizado diferentes actividades a lo largo de la semana para reivindicar una sociedad «más justa y menos desigual». «Los gobiernos han priorizado gastar miles de millones en rescatar a entidades financieras, mientras que continúan con las políticas de ajuste y recorte social, aniquilando derechos, privatizando servicios sociales públicos….».
Esta política de ajuste ha desembocado en «un aumento del desempleo, la precariedad, la exclusión, la discriminación de las mujeres, el retorno de las políticas autoritarias frente a la libre circulación de personas o el olvido de los compromisos contra la pobreza en los países empobrecidos y en nuestras sociedades».
A pesar del contexto, la Coordinadora asegura que hay alternativas y que el cambio hacia una sociedad más justa es posible. «Reivindicamos un modelo alternativo que nos permita escapar de los mitos del crecimiento, del consumo y de la competitividad. Se trata de avanzar hacia nuevos modelos de vida que buscan el reparto equitativo de la riqueza y una vida digna para todas las personas».
En esta línea, el exalcalde de Vitoria y firme activista por los derechos humanos, José Ángel Cuerda, anima a los ciudadanos a no ser espectadores de lo que está ocurriendo y a movilizarse. «Los ciudadanos tienen que ser protagonistas de sus vidas. Todos tienen derecho a vivir con dignidad y los gobiernos están obligados a proporcionar el bienestar a los ciudadanos. Pero, hoy en día, la forma de gobernar pensando en los demás deja bastante que desear».
El equipo jurídico de las marchas por la Dignidad ha asegurado que la violencia experimentada al finalizar la manifestación del 22 de marzo fue fruto de «un montaje de las cloacas del Estado que no podían abrir los telediarios con las marchas y de ahí las cargas policiales».
Rafael Escudero, miembro de la comisión coordinadora de las marchas, ha asegurado «en nombre de la organización» que «el Gobierno utilizó un montaje para que se hablase de la violencia. Ese circo nos lo montaron y lo sufrimos», ha dicho al evaluar los episodios de enfrentamiento entre grupos de personas y policías el 22M por la noche.
«Condenamos el lanzamiento de adoquines. Condenamos cualquier violencia. También la policial», ha expresado Escudero. Y luego ha relatado lo que ha calificado como «la cerilla que se prendió en un campo de cereal seco»: tres encapuchados que bajaron por la calle del Marqués de la Ensenada y pusieron unos petardos frente al cordón policial.
La organización asegura que este «montaje» viene probado por «las cargas policiales que hubo en la plaza de Colón a las 20:40, antes de que acabara el acto». La comisión jurídica de este movimiento ha recomendado a los organizadores que tomen medidas legales contra las detenciones y el tratamiento posterior de los manifestantes. Escudero se ha limitado a decir: «lo estamos estudiando».
Los abogados repiten: «¿Quién inicia esta violencia cuando la policía podría haber contenido a los violentos de otra manera?» Estos letrados dicen tener acreditado malos tratos a los 22 detenidos del 22M mediante «trasladados en transporte público esposados, carreras con las esposas puestas, cambios de temperatura de los calabozos, impedir ir al baño en 24 horas, retraso en el acceso a medicación e incluso insultos de policías de paisano a los familiares de los arrestados que acudieron a la comisaría».
Así, los gestores de la marcha defienden que hay un «plan preconcebido para desprestigiar el movimiento», crear una sensación de peligro social y justificar la Ley de Seguridad Ciudadana.
Al lado de la coordinadora del 22M estaba Alba González, miembro del grupo de apoyo a Miguel, el detenido que permanece privado de libertad acusado de lesiones, del que ha dicho: «No es violento, no tiene antecedentes penales, tiene una pareja, un proyecto de futuro y hasta colabora con una ONG como es la Cruz Roja».
El sacerdote que ha dado positivo en las pruebas del ébola, Miguel Pajares, partirá en las próximas horas desde Liberia hacia Madrid, para ser tratado de esta enfermedad. Tras varias dudas por parte del Ministerio de Sanidad y la consejería de salud madrileña, será internado en una planta del Hospital Carlos III, centro de referencia para el tratamiento de este tipo de enfermedades infecciosas y que la Comunidad de Madrid cerró a principios de año.
“No sé por qué tomaron esa decisión”, explica una enfermera que trabajaba allí y que ha sido trasladada a otra planta, “cerraron una cosa que funcionaba a la perfección”. Esta enfermera, que prefiere mantener el anonimato, asegura que “todo estaba perfectamente protocolizado y el personal muy adiestrado”. Según denuncia, “se limaron errores de protocolo, se corrigieron los fallos que cometíamos, que eran muchos hasta que logramos pulirlo: ingreso de paciente, desinfección de ascensores por lo que pasaba, bandejas desechables de la alimentación,personal de limpieza…”.
Ahora todo eso ya no existe y la llegada del misionero ocasiona muchos quebraderos de cabeza para la consejería de Sanidad. Según publica El Mundo, ni la consejería ni el Ministerio de Sanidad querían confirmar dónde sería tratado Miguel. Este mediodía se convocó una reunión de profesionales del hospital La Paz para ver qué protocolo seguir.
A La Paz se trasladó el material del hospital Carlos III cuando se desmanteló la sexta planta. Allí se quedaron cerradas las 16 habitaciones, cinco de ellas de presión negativa y con puertas de doble aislamiento que llevan más de medio año inutilizadas. Este miércoles, según explican algunos trabajadores del Carlos III, se está limpiando la sexta planta del centro hospitalario, por si finalmente hubiera que usar estas instalaciones.
Las enfermeras que trabajaban en esa planta destacan la importancia del Carlos III y el error que supuso trasladar la unidad a La Paz. “Este hospital era ideal, estaba aislado y, al ser pequeño, se podía establecer, si fuese necesario, una cuarentena, e incluso cerrarlo entero”, aseguran.
Algunas voces ya advirtieron del peligro de cerrar el hospital si, llegado el momento, se tuviese que atender algún caso de una enfermedad infecciosa como el ébola. Tras el cierre del Carlos III, otra opción que manejan tanto Ministerio como la consejería de Sanidad es trasladar al paciente al Hospital La Paz. Allí, los profesionales, por medio de los sindicatos, se han quejado de “falta de preparación” y de que “no hay medidas de seguridad ni protocolos”.
De hecho, desde la asociación Madrileña de Enfermería (AME) denuncian que las instalaciones de La Paz no están preparadas para recibir a este tipo de pacientes. “En La Paz, que es el centro de referencia, pusieron un chabolo de obra con un grifo en la puerta para la supuesta desinfección”, denuncian. Aunque también explican que, “con todo el lío que se ha montado, seguro que habilitan una planta, aunque habrá que ver en qué condiciones”.
Victoria Tujillo, de AME, también critica la desidia de las administraciones implicadas: “Antes el ébola era como el lobo y ahora dicen que es una cosa que sólo es peligrosa en África”, se lamenta.
Que no dimita nadie. Ya está, no hay que preocuparse. Marcador a cero. El PP ha conseguido lo de los panes y los peces pero al revés. Ya no habrá un solo imputado más. Ni uno solo, se acabó. Y es más, todos los que hasta ahora estaban imputados tampoco lo estarán. ¿Milagro? No, mejor. El Consejo de Ministros, a petición del mandamás de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado un cambio en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que contempla que no se utilice más el término “imputado”, que suena muy feo. A partir de ahora se les llamará “investigados”. Sí, en serio, no es una broma. Y cuando la cosa ya no tenga remedio, porque el juez sigue adelante, se les denominará “encausados”. No, tampoco es una broma. Así que tranquilos, que no renuncie un político más a estar en el cartel electoral, tampoco habrá que inhabilitarlos de su cargo, porque ya nunca, nunca serán imputados. Lo que no ha aclarado el señor ministro es cómo llamará a los “investigados encausados” que finalmente sean declarados culpables por un juez, pero seguro que ya está buscando en las latas de refrescos light y en los cartones de leche desnatada algún termino molón. ¿“Desinocente”?, ¿“Zero materia de inocencia”? O, mejor aún, “Responsable de la causa”, que suena a perfecta ambigüedad calculada.
CARLOS MARCOS
Euskadi cerró el año 2016 con 136.000 personas en el paro, un descenso del 9 por ciento. No pudimos entonar el slogan de la mayor caída de la historia, porque, sin ir más lejos, la del año pasado fue mayor. Pero, reconozcámoslo: el año en cantidad de empleo fue bueno. 17.000 cotizantes más que en 2015. 14.000 desempleados menos.
Dicho esto, sigue habiendo entre nosotros 136.000 personas paradas. La mayoría, el 62 por ciento con el paro y subsidio agotados. Y de media estos, para quien los cobra, han pasado de 944 euros al mes a 863. De los nuevos contratos, el 93% fueron temporales y a falta aún de datos sobre su duración, una pista: en 2016 se firmaron en Euskadi 926.000 contratos, más que el total de trabajadores en la Comunidad.
Resumiendo, creamos riqueza pero no traslada al empleo. El PIB vasco se recuperó en 2016 a niveles precrisis, pero sólo se han recuperado la mitad de afiliaciones a la Seguridad Social y hay 36.000 parados más. Esto no va al mismo ritmo, es evidente.