La partida presupuestaria del Departamento de Salud en la propuesta de presupuestos para el 2014 es de 3.351,649 millones de euros.
De esta cantidad, 43,7 millones se destinan a inversiones en infraestructuras sanitarias en hospitales y centros de salud de la comunidad autónoma.
Bizkaia con 28,14 millones, concentra el 64,4 % de las obras, las dos terceras partes.
Gipuzkoa recibiría 8,3 millones, el 19,3% del total de inversiones (no llega a las dos quintas partes).
Álava, por su parte, recibe 7,26 millones, el 16,6 % de las inversiones totales.
(Ver cuadro con la distribución de las inversiones provinciales principales. En Donostia la inversión prevista es de 1,40 millones en el Hospital Universitario y 880.000 € en el centro de salud de la Parte Vieja)
Desde hace cinco años Osakidetza contemplaba la construcción de un nuevo ambulatorio o centro de salud en Aiete. Graves problemas de saturación en el Antiguo y en Amara aconsejan esta decisión. Este año desaparece en el proyecto de presupuesto.
Afirma Jon Darpon, consejero de sanidad que, con este presupuesto, a cada ciudadano vasco les corresponde 1.541 €. Haciendo números, teniendo en cuenta que en Aiete viven más de 15.662 personas, la inversión presupuestaria proporcional para Aiete podía ser de 24.135.142 € (Si se destina al cento de salud una primera partida de un millón de euros representaría el 4% de los gastos presupuestarios que corresponderían a Aiete, el resto sería para los diferentes capítulos).
Si analizamos los presupuestos de Sanidad a nivel territorial nos encontramos con el mismo despropósito del año pasado o peor. El Gobierno Vasco, o el señor Darpon, tienen problemas con Donostia y por elevación con Gipuzkoa.
Bizakaia se queda con las dos terceras partes del presupuesto de inversiones, mientras participa en un 50 % de los tributos (según la ley de aportaciones). Gipuzkoa recibe el 19,3 % de las inversiones y aporta el 33%. Por su parte Alaba recibe el 16,6 € y aporta el mismo porcentaje.
Gipuzkoa queda reducida en las inversiones sanitarias (14 puntos porcentuales) en la misma cantidad en que se amplía la inversión en Bizkaia. No es un problema de prioridades, sino de discrimnación, dicriminación que los parlamentarios gipuzkonas en el parlamento vasco no deberían permitir, en el debate presupuestario.
Algunos ciudadanos de Aiete ante la solicitud de que se construye un centro de salud en el barrio han solido decir que quizás es una inversión que se puede aplazar en esta época de penuria; pero se van a gastar 43,7 millones de euros en este capítulo y el gasto se hace, sólo que en otros lugares (Mungia, por ejemplo, tiene los mismos habitantes que Aiete y tiene un centro de salud, desconocemos la urgencia y la necesidad de esa inversión, pero sus equipamientos sanitarios van a recibir 1,5 millenes de euros).
Si influyera la extensión geográfica de algunos pueblos, Aiete presenta la siguiente distribución: centro, Munto-Berri, alrededores de Villa Araoz, Etxadi, BeraBera, Oriamendi, Miramón, Puio, Melodi, Alto de Errondo, Duque de Baena y La Cumbre, etc.
El gobierno destina 43,7 millones de euros a inversiones en instalaciones sanitarias, la discriminación de Aiete no es por causa de la crisis, es por la política partidaria, los intereses de partido.
A este desatino del Gobierno Vasco contribuye el Gobierno Municipal porque en su día, cuando Osakidetza pidió la parcela para construir el centro de salud en Aiete, el ayuntamiento se demoró y no facilita dicha parcela. Algunos vecinos contribuyeron al embrollo diciendo dónde no construir el ambulatorio en lugar de sumarse a los que pedía que se hiciera. Luego hubiera correspondido -y corresponde- al gobierno municipal y a Osakidetza encontrar la ubicación más adecuada.
Cuando Ana Agirre defendió la apuesta –y tan apuesta- del PNV y afirmó en el Parlamento vasco que la insultante ayuda del Gobierno de Ibarretxe a Epsilon, cuando los inversores privados de la escudería pusieron tan poco dinero del suyo, fue porque era un “proyecto único” no se refería a esto. Supongo, también, que ahora no piensa rectificar a pesar de que la Justicia ha condenado a los gestores del proyecto. Sí es cierta una cosa. Es un caso único. Un caso único de dinero público apostado en la ruleta, con informes técnicos en contra, y que se ha ido a la misma o mayor velocidad que los bólidos de Epsilon. Ana Agirre fue la consejera de Industria en la época de Ibarretxe cuando se ‘apostó’ por hacer coches de carreras. Hoy es viceconsejera de Justicia.
La condena a Joan Villadelprat va más allá de una sentencia que castiga la mala gestión de un mecánico de Fórmula 1 convertido en empresario frustrado. Está claro que el mundo de la F-1 ya no podrá ver al expropietario de Epsilon Euskadi como un simpático comentarista de lo que pasa en el ‘Gran Circo’ pero que fracasó en los negocios. Su reputación ya no puede estar a prueba de condenas judiciales. Se ha probado que es culpable de llevar a la quiebra fraudulenta a una empresa, y sobre todo con un dinero que no era suyo sino público.
Pero el ‘caso Epsilon’ tiene más implicaciones. En la Audiencia de Álava solo se juzgaba a Villadelprat, y no a quienes le respaldaron desde las instancias políticas. Pero la sentencia refrenda que el PNV no tiene nada de partido inmaculado en la gestión. Que comete graves errores, a la altura de los más chapuceros casos que tanto abundan hoy en la política española.
Epsilon fue un “proyecto nacional” para el Gobierno de Ibarretxe. Quiso hacer de la empresa automovilística el ‘Euskaltel de la Fórmula 1’. Tiró la casa por la ventana, sin reparar en gastos. Aprovechó la debilidad de Zapatero, también responsable, para sacar del Gobierno de Madrid ayudas millonarias. Miró a otro lado ante los informes jurídicos desfavorables y acabó metiendo al Parque Tecnológico de Álava en el embrollo más grande de su historia, al hacerle responsable de una posible quiebra, lo cual ocurrió, y significó un agujero de 16 millones de euros públicos. De euros que eran suyos y míos.
Ana Aguirre defendió con ardor ante el Parlamento su gestión con Epsilon. Pero la prueba del 7 ha llegado desde instancias judiciales. La Administración despilfarró el dinero público en un proyecto en el que el ‘empresario’ Villadelprat había aportado 92.333 euros. Es decir, los políticos arriesgaron mucho más de lo que estaba dispuesto el propio impulsor del proyecto.
Hay que defender que se den ayudas públicas. Pero a proyectos viables, con los pies en el suelo. No a empresarios que juegan con dinero ajeno ni malgastar recursos dejándose cegar por sueños irrealizables. Ya van demasiados casos en los últimos años (el BEC de Barakaldo, las ayudas desviadas a Fagor Electrodomésticos, este caso de Epsilon…) como para forzarles a que sean más serios a todos los administradores públicos, y en especial al partido que patrocinó todos esos agujeros. Hay otra forma de gestionar y de fomentar la actividad económica. Una en la que al final la ciudadanía no paga a escote los errores.
Igor Marín
12/11/2013 – 18:57h