«Hay que preguntar a los ciudadanos si quieren gastar dinero en Anoeta o en otras cosas»
La justicia ha dado la razón al abogado Javier Olaverri, lo que impide materializar los planes del Consistorio y la Real Sociedad para transformar el estadio. No descarta recurrir de nuevo si diseñan estrategias ilegales para que la riqueza pública acabe en el fútbol
Carolina Alonso y Javi Colmenero – Domingo, 13 de Abril de 2014
Donostia -¿Se ha quedado satisfecho tras ganar la demanda contra la modificación del Plan General de Donostia para la reforma del estadio de Anoeta, financiándola por medio de la creación de espacios para oficinas?
-Sí. Pensaba ganar y también en el Ayuntamiento lo pensaban.
Los cuatro partidos del Ayuntamiento, sin embargo, votaron a favor de la modificación urbanística. ¿Cree que sabían que era un operación ilegal?
-Sí, sí, lo sabían.
¿No les importaba o pretendían quedar bien ante sus votantes, muchos de ellos aficionados y socios de la Real?
-No les importaba y, además, querían quedar bien. Aunque hay muchos votantes de esos partidos que están disconformes con la propuesta anulada y me lo dicen por la calle. Desde que se firmó el primer convenio privado en 2010 entre la Real y Anoeta Kiroldegia, trataron de evitar un convenio urbanístico en condiciones para no tener que pasar por los trámites jurídicos.
¿Entonces, confiaban en que ‘colara’?
En un país donde todo cuela, por qué no va a colar.
En las redes sociales, los insultos y descalificaciones por haber recurrido el plan han sido subido de tono. ¿Le preocupa?
-No, es un desahogo. Lo que se escribe en los periódicos suele ser más favorable a mis tesis que a las de la Real. Me para la gente para apoyarme. Dos o tres me han criticado. Uno iba al partido contra el Real Madrid y me dijo que después del encuentro me daría los argumentos.
Sostiene que existe una especie de ley del silencio, una ‘omertá’ en torno a este asunto.
-Sí, en este país meterse con la Administración no conviene. Estás vetado. Con el asunto de Gipuzkoarena, que también contribuí a cambiar, clientes míos recibieron anónimos del entorno de la Real en mi contra.
¿Tuvo que ver en la génesis del estadio?
-Sí, claro, era concejal de Urbanismo cuando se proyectó la ciudad deportiva de Anoeta y Odón Elorza, entonces en la oposición, votó en contra. La operación quería cerrar Atotxa para hacer pisos y crear una nueva zona deportiva. Desde entonces, la Real Sociedad se considera el inquilino con derecho a estar en casa ajena de por vida.
¿Cuánto costó el estadio?
-Lo equivalente a 22 millones de euros, que hoy serían unos 35. Ahora, para remodelarlo, dicen que se van a gastar 43. En diciembre, una de los peritos que llevó el Ayuntamiento al juicio tuvo que admitir que no hay ningún proyecto elaborado que justifique que la remodelación cuesta 43 o 50 millones. Lo que hay únicamente son ideas, bocetos… De repente pierden la sentencia y, al día siguiente, ya tienen otro plan y más barato. En realidad, la Real sabía desde enero que iba a perder, a no ser que tuviese un juez dormido.
¿Si el Ayuntamiento convoca un concurso, como ha anunciado, lo recurrirá?
-¿Pero qué concurso va a convocar el Ayuntamiento? Si lo que se pactó entre Anoeta Kiroldegia (sociedad municipal) y la Real es un convenio, ilegal y fantasma, que era para hacer las cuatro torres. Y si no hay torres, qué van a hacer.
¿El Ayuntamiento puede reconstruir su estadio si quiere, no?
-Sí, pero lo tendrá que justificar. Ahora está improvisando.
¿Si detecta otra ilegalidad recurrirá?
-Si el dinero público se trata de desviar a fines privados, sí.
Se ha convertido en un personaje odiado en algunos ambientes. ¿Cómo explicaría a quienes no entienden los entresijos jurídicos su interés en que la operación anulada no salga adelante?
-No es que la gente no lo entienda, es que no les importa. Un particular, en este caso la Real, tiene capacidad para presionar a un Ayuntamiento para que le regale una gran cantidad de dinero público en su beneficio propio. Eso es ilegal. Y yo recurro porque no me gusta que utilicen mi dinero de forma ilegal.
Usted ha sostenido que la reforma prevista en el estadio implicaba su derribo. ¿Era imprescindible?
-Se pueden hacer muchas cosas, también sin derribar todo. A la operación del mercado de San Martín también se le llamó remodelación.
¿Cree que la Real desea quitar las pistas por un interés exclusivamente deportivo o como un método para lograr fondos para el club?
-No tienen por qué ser incompatibles. El valor de las torres, ahora anuladas, era de 55 millones de euros y la Real acabaría quedándose con 30 de beneficios. Este tipo de operaciones pretenden que los ciudadanos dejen de serlo, que sean solo hooligans. Ahora la Real dice que ha cambiado un proyecto que costaba 48 millones por otro que cuesta 43, es decir, hay cinco millones de diferencia. Pero el valor de las oficinas, ahora anuladas, era de 55 millones y encima iba a recibir subvenciones de las instituciones. ¿Quién se quedaba lo que sobra?
¿Por qué ha propuesto un referéndum sobre esta obra?
-Para ver quién gana. Cuando el alcalde habla de participación, quiero que se pregunte a la gente si quiere gastar este dinero para darle un nuevo estadio a la Real o para otras cosas. La realidad es que no hay ninguna necesidad.
El Gobierno Vasco ha dicho que va a dar diez millones.
-También ha dado a San Mamés, es un escándalo. Te quita para educación, te quita para investigación y a los que ganan un millón de euros le regalan dinero para que puedan ganar 1,2 millones.
Usted También fue responsable de la anulación de la adjudicación de Illunbe. ¿Se parecen en algo estos casos?
-Sí, en que es urbanismo a la carta. Solo hay tres formas de crear riqueza de la nada: Dios, el Banco de España o Europa y el Ayuntamiento. El sueño de todo especulador es que el Ayuntamiento utilice esta potestad en su beneficio para toros, para fútbol… Yo defiendo que se use para hacer dinero para el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento sigue sin poder vender Illunbe.
-Y eso que está ofreciendo más que antes: un parking exterior y permiso para construir más oficinas. Precisamente, ahí están las oficinas que quería hacer la Real.
En el pasado propuso derribar el Sagrado Corazón y ahora existe una Ley de Memoria Histórica. ¿Echará mano de ella?
-No haría falta. Está situado en un bien declarado patrimonio histórico en el año 1922. Un obispillo de Gipuzkoa y Franco eligieron el lugar más visto y más protegido, que era el Castillo de la Mota. Esa estatua está en un lugar improcedente y colocada en un contexto político inaceptable. Es la primera decisión que toman las tropas franquistas al entrar en San Sebastián.
¿Apoya la gestión de Azkuna?
-El mandato de Azkuna ha sido largo y ha permitido una estrategia de remodelación de la ciudad. El mandato de Odón Elorza, más largo todavía, no ha servido para nada más que para la playa. La última remodelación de la ciudad con ideas propias es la de cuando yo estaba en el Gobierno municipal (con Albistur como alcalde) y se impulsaba empleo y vivienda. Ahora San Sebastián se ha convertido en la residencia geriátrica de los ricos de la provincia. En mi época impulsamos operaciones significativas como Zuatzu y Miramon, además de los hoteles.
¿Qué hicieron para impulsar viviendas?
-Se pusieron las bases para crear promociones públicas municipales y comprar patrimonio de suelo para hacer viviendas de VPO. Llegó Elorza y lo primero que hizo fue vender patrimonio público. Le gané en casos como la permuta del mercado de Gros, que le obligó a comprar suelo en reposición y lo hizo en Auditz Akular. Esa operación la propusimos nosotros, Elorza la rechazó y, después, a través de sentencias, tuvo que adquirir ese suelo. En estos últimos 20 años esta ciudad no ha hecho ninguna apuesta seria ni por el empleo de tracción ni por la política de vivienda. Benta Berri iba a ser en expropiación para VPO pero se quitó y se hizo para la gente de dinero de la provincia. Ni en vivienda ni en economía se ha hecho, en mi opinión, nada significativo en los años de Elorza.
El primer ministro de Francia acaba de proponer reducir a la mitad las regiones.
-Esta sociedad necesita grandes cambios. El entramado institucional nuestro es intolerable. Un dato: un chófer del Parlamento Vasco gana 40.000 euros y investigador de la zona sanitaria es mileurista. Los que están mantienen sus sueldos y los nuevos se fastidian y se van.