Los ganadores son las rentas altas; los perdedores de esta reforma son las clases medias y bajas
Reducir el déficit solo recortando gasto tendrá un precio en el estado del bienestar
La propuesta de los expertos no aborda en profundidad el problema del fraude fiscal e ignora la elusión fiscal
Ignacio Zubiri – Catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco
La Comisión que ha nombrado el Gobierno para la reforma fiscal parte de que no se necesitan más ingresos y diseña una reforma que, según sus autores, es neutral desde el punto de vista recaudatorio. Esto es, baja los impuestos a unos para subírselos a otros. La afirmación de que no se necesitan más ingresos se basa en el Plan de Estabilidad del Gobierno que prevé alcanzar el objetivo de déficit reduciendo el gasto. Para lograrlo se debería reducir el gasto en 3,5 puntos del PIB (equivalente a una reducción del 8%) en un país que ya es uno de los que menos gasta de la UE y en que ya se han producido recortes sustanciales. Que esto se logre está por ver. Que si se logra será al precio del bienestar de muchos ciudadanos, es evidente.
Por otro lado, la neutralidad recaudatoria de la propuesta es confusa. Hay una batería de medidas a diferentes plazos y a veces de precisión difusa de tal forma que no está claro cuál es el conjunto al que se refiere la neutralidad recaudatoria. Porque ciertamente todas las medidas juntas implican una reducción de ingresos. Sólo hay afirmaciones genéricas sobre efectos y cuantificaciones. Quizá es hora que las cosas se hagan de forma más rigurosa cuantificando los efectos recaudatorios y económicos de cada medida.
Una limitación esencial de la propuesta es que no aborda en profundidad el problema del fraude fiscal e ignora la elusión fiscal. En el fraude, aunque se recoge alguna propuesta relevante (información bancaria sistemática sobre la situación patrimonial de los ciudadanos) el informe se pierde en generalidades e incluyen una pintoresca propuesta de premios (con posibilidad de algo así como un bingo de facturas).
Sin embargo, se dice poco de información extrafiscal (además de la bancaria), agrupación de contribuyentes por relaciones familiares y profesionales, responsabilidades solidarias, procesos especiales para defraudadores sistemáticos, sanciones por comprar sin IVA, incentivación del cumplimiento voluntario de empresas (con reconocimiento público de las que lo hagan), tributación de operaciones en paraísos fiscales y similares, control de agencia Tributaria, etc. La elusión tampoco recibe mucha atención. Cuestiones como la ingeniería financiera, el uso de empresas para no pagar el IRPF o las vías que las rentas altas usan para no pagar (SICAV, formas empresariales, etc) no se consideran.
Bajo estas limitaciones el proyecto diseña una reforma fiscal en la que hay ganadores y perdedores. Además, con celo encomiable, la Comisión se adentra en todo tipo de cuestiones desde la circulación en el centro de algunas ciudades hasta cómo debe financiarse la sanidad o la educación, pasando por las pensiones, la financiación de las comunidades autónomas y algunas cuestiones más.
En cuanto a la reforma fiscal propiamente dicha, los ganadores son las rentas altas. Se reducen sustancialmente los impuestos sobre el capital, las plusvalías y la riqueza, se bajan los tipos marginales y, en base a argumentos más que dudosos, se reduce la progresividad (reduciendo el número de tramos). Se mantienen privilegios como la dualidad o los beneficios a los planes de pensiones. Además se ignoran las vías de elusión y no se avanza demasiado en el fraude. A los extranjeros de les premia, entre otras cosas, con la resurrección una la Ley Beckham ampliada.
Se conservan los beneficios a las empresas
Las empresas tienen un balance más o menos neutral en el impuesto de Sociedades (la reducción de tipos puede compensar la pérdida de deducciones y bonificaciones) pero conservan muchas ventajas. Se dice poco o nada de limitar de forma permanente la compensación de bases negativas o limitar o eliminar regímenes especiales muy beneficiosos (consolidación de grupos, tenencia de valores, etc). La ingeniería financiera, el fraude o los incentivos para colaborar con hacienda (haciendo público, por ejemplo quien lo hace) ni se mencionan. Se pide que se eliminen los impuestos sobre depósitos bancarios y sobre grandes superficies. Además se beneficia a las empresas proponiendo reducir las cotizaciones empresariales. Dado que parte de la reducción se quiere financiar con una subida del IVA y parte con un aumento de las cotizaciones a cargo del trabajador, la reducción que debe tener en mente la comisión debe ser sustancial. Que esta reducción cree empleo, no está tan claro. Que aumente los beneficios de las empresas lo está bastante más.
Los perdedores de esta reforma son las clases medias y bajas porque el único aumento sustantivo de impuestos que se prevé es en el IVA que es un impuesto esencialmente regresivo. Inicialmente la vía de aumento es pasar bienes del tipo reducido al tipo normal. Eso sí con una discrecionalidad notable la Comisión decide salvar de la quema a la vivienda, la hostería, la restauración y el transporte. En el IRPF se propone reducir la deducción por rendimientos del trabajo, imputarles una renta si tienen vivienda propia y quitar una deducción por dividendos que, porcentualmente, les beneficiaba más.
Se pide una reducción del tipo mínimo (que también reduciría el tipo del ahorro) y una revisión de los mínimos personales y familiares aunque no está claro que vayan a aumentar, al menos en el corto y medio plazo por cuestiones recaudatorias. Sorprende que estos aspectos recaudatorios no hayan sido tenidos en cuenta cuando se propone mantener deducciones como la de maternidad, planes de pensiones plusvalías en la venta de la vivienda propia o alquileres. Por si fuera poco, fuera del IRPF se propone trasladar cotizaciones del empresario al trabajador.
En la financiación autonómica la Comisión parece no creer demasiado en la autonomía fiscal de las CC.AA. (quieren eliminar impuestos autonómicos y uniformar normativas) y además quieren favorecer el copago en Sanidad y Educación. Al parecer las diferencias fiscales entre CCC.AA en impuestos menores son graves, pero las diferencias en el Estado del Bienestar no.
Uno de los elementos básicos de la propuesta es trasladar peso de los impuestos directos a los indirectos argumentando que así se creará más empleo y lo mismo se afirma de la devaluación fiscal que se propone en el medio plazo (subir IVA y bajar cotizaciones empresariales). Que trasladar impuestos directos a indirectos aumente la eficiencia es más que dudoso porque se basa en dos supuestos de escasa credibilidad. Primero, que al bajar el IRPF se bajará el coste salarial para los empresarios (porque los trabajadores se conformarán con salarios más bajos). Segundo porque al bajar los impuestos directos aumentan los incentivos a trabajar, invertir, ahorrar, etc.
Sin evidencias empíricas
El primer argumento es absurdo porque supone que la los trabajadores son capaces de pasar su IRPF a los empresarios. Y esto es contrario a cualquier evidencia empírica. El argumento de los incentivos es como poco una exageración. Además, se debe tener en cuenta que los impuestos indirectos también tienen efectos que pueden ser negativos (reducción de la demanda de agregada si parte de la reducción de directos se ahorra, inflación que puede dar lugar a salarios mayores, etc). En todo caso, cabe señalar que en Estado Unidos, al que nadie llama ineficiente, por cada euro de impuestos indirectos, se recaudan 3,2 de impuestos directos. En España por cada indirecto sólo se recauda 1,3 de directos (y este ratio está bajando).
El argumento de la devaluación fiscal es algo diferente porque al reducirse las cotizaciones empresariales sí que hay un efecto directo de reducción de costes del trabajo. La teoría es, que esto permitirá vender más barato en los mercados exteriores (porque las exportaciones no pagan el IVA). Lo primero que hay que señalar es que, de producirse este efecto de reducción de costes, se producirá en el corto y medio plazo, porque en el largo plazo es probable que sea eliminado por aumentos mayores (que sin devaluación fiscal) en los salarios. En todo caso, que la devaluación fiscal sea efectiva es cuestionable por varias razones. Primero, porque no está claro que los empresarios traduzcan la reducción de cotizaciones a precios más bajos de sus bienes. Quizá se quede en su bolsillo como beneficios. Segundo, porque vender más barato no significa ser más competitivo. De hecho los empresarios españoles ya tienen costes salariales bajos en relación a muchos países de la UE. Tercero, porque el IVA puede producir efectos que contrarrestan las supuestas ganancias de la devaluación fiscal (menos demanda interna, inflación, mas salarios futuros, etc). Frente a estas ganancias inciertas de eficiencia el coste en equidad de la devaluación fiscal es evidente.
La devaluación fiscal implica reducir las cotizaciones y, por tanto, que el sistema de pensiones tenga menos ingresos. La Comisión, como otros antes, propone que la perdida de cotizaciones sea compensada por aportaciones de impuestos. Esto es un tanto sorprendente porque revela que a muchos que siempre se han opuesto a que se pongan impuestos para mantener las pensiones, les parece excelente que se pongan para bajar las cotizaciones de los empresarios. Es decir, aporta impuestos al sistema para mantener pensiones es malo, pero hacerlo para bajar cotizaciones empresariales es muy bueno. Sorprendente.
En suma, la propuesta de la Comisión, si bien tiene algunos aspectos positivos (especialmente en sociedades), en general es solo una reforma que en aras a una supuesta eficiencia reduce la progresividad del sistema fiscal. Además no trata suficientemente el problema del fraude ni cierra muchas vías de elusión. Por otro lado se basa en el supuesto más que cuestionable de que no se necesitan más ingresos. Como en algunos juegos de naturaleza dudosa, esta propuesta mueve muchas cosas pero al final ganan los mismos.