Esta mañana, el concejal de Urbanismo, Ricardo Burutaran y José Miguel Corres, presidente de la Red de Parques Tecnológicos Vascos, han dado una rueda de prensa conjunta en el ayuntamiento de San Sebastián
Burutarán ha señalado que con su acuerdo con la RPT se consigue el objetivo de “mejorar el bosque y ganar un nuevo espacio de estancia y ocio para la ciudadanía”.
Por su parte, José Miguel Corres, se ha mostrado satisfecho por la importancia que tienen las obras que les hace el ayuntamiento para un entorno “privilegiado” como es Miramón.
En un momento de la rueda de prensa, Burutarán ha hecho mención al tan manido recurso de su gobierno, el que vienen llamando “Proceso de participación”, para decir que “Al igual que hasta el momento, el Ayuntamiento seguirá informando a los vecinos y vecinas de Aiete sobre las gestiones para crear nuevas zonas en el bosque”;y continuar afirmando que “Serán precisamente los vecinos quienes ayuden a definir las nuevas zonas naturales y algunas de sus características, de acuerdo con los técnicos municipales”. Con estos dichos textuales, el concejal pretende ignorar cómo la vecindad donostiarra, en general, y la de Aiete, en particular, lleva trabajando 10 años sobre proyectos de mejora del Bosque, exigiendo al Parque Tecnológico que invierta los recursos a los que está comprometido y que son bastante más de esos 1,2 a los que se hace referencia en el acuerdo que hoy han hecho público.
Por su parte, el Departamento de Urbanismo lleva más de dos años gestionando, junto a Lantxabe y la propia Red de Parques, un proceso de suma de ideas que les han llevado, de común acuerdo, a definir un proyecto concreto de rehabilitación del Bosque, protagonizado por Lur Paisajistak y que el concejal, precisamente en una de esas reuniones de participación ciudadana celebrada en Aiete, se comprometió a respetar, defender y aplicar.
Aquella reunión tuvo lugar el pasado 12 de marzo en el Centro Cultural de Aiete, fue muy numerosa. No se debería hacer lo contrario de lo que uno promete cuando está en el gobierno, más cuando se trata del gobierno de la ciudad y queda menos de un año para las elecciones municipales.
De la gerencia de la Red de PT de Euskadi, mejor no hablar
mentira, embuste, falsedad, burla, fraude, estafa, trampa, treta, argucia, artimaña, truco, confusión, desatino, dislate, disparate, incoherencia, error
Marisa
Es muy triste ser gobernados por personas sin preparacion
¡ojo!
Cuando se afirma que los partidos políticos suelen tejer mecanismos de penetración social y económica que, seguramente, permiten que se generen malas prácticas, es una forma de decir que a falta de cotizantes son los ciudadanos, a través de los impuestos, como se encargan de mantener a los partidos que no les gustan, ni poco ni mucho.
En Euskadi también se han detectado situaciones de irregularidades y corrupción. Y al director de la red de parques, fiormante del acuerdo, se le han puesto denunciasen varios sitios en los que ha psado.
Cuando avisáis de denunciar en un juzgado de guardia “malversación de fondos” y “prevaricación”, quizás desde este hilo, venga detrás el ovillo
De hecho, el acuerdo está ya bajo sospecha ¿Estamos en un caso que afecta a la financiación ilegal de un partido? ¿De dos partidos? ¿Qué pinta en todo esto el BCC?
Prudencio Segurola
Prudencio ¿Sabes algo o tienes ganas de enredar con cosas muy serias?
Tus preguntas ¿son meras curiosidades o defiendes una acusación en el juzgado de guardia?
En plenas dudas sobre el futuro de Miramón llegan estas preguntas demasiado incómodas para ser inocentes.
No se puede jugar con la honradez de nadie a base de hirientes sospechas, pero tampoco dejar fuera de las respuestas o de la participación, a una parte de la gente que colabora con el parque
Un amigo mío suele decir que cuando creemos que no cabe un tonto más decidimos hacer hueco. Pero así son las noticias en el verano: cualquiera puede escribir una tontería, y no se le cae la cara de vergüenza
Hay corrupción y especialmente corrupción soterrada. Tenemos sucesos conocidos como “el caso De Miguel” o el Epsilon o Hiriko, o el caso denunciado recientemente por “la compra de noticias”. Y algunos en los que parece está envuelto el presidente de la Red de Parques. Además, todos sabemos, con gran escándalo que hay decenas de empresas públicas donde cada partido político -todos y cada uno de los que tocan poder- colocan a su gente.
Hasta 67 exaltos cargos del Gobierno vasco cobran algún tipo de complemento por parte del Ejecutivo para complementar sus pensiones. Se trata de 37 personas que fueron consejeros y 27 viceconsejeros. Estos complementos de pensiones vitalicios les garantizan el 50% del salario que percibían durante su etapa como cargos políticos. Se trata de una previsión recogida en la Ley de Gobierno, que en 2012 experimentó una modificación para limitar el acceso a estos complementos por parte de más exaltos cargos.
El complemente permite a sus beneficiarios acceder a una pensión muy superior a las que puede percibir cualquier ciudadano después de cotizar toda su vida a la Seguridad Social. En 2013, el Ejecutivo desembolsó 1.037.402 euros por este concepto, según un informe elaborado por el Departamento de Justicia y remitido al Parlamento a requierimiento del PSE. Es decir, que cada uno de los 67 beneficiarios recibieron un complemento medio de 15.483 euros.
Entre los beneficiarios hay hasta 10 exconsejeros nombrados por el PNV, cuatro de la extinta UCD, tres del PSE y dos de EA. Al fallecimiento de alguno de los 67 beneficiarios, la pareja o los hijos tienen derecho a la prestación.
Loren
Comencemos por situar los términos de dicho debate, siquiera a grandes rasgos. El sistema de pensiones en nuestro país es un sistema de reparto, en el cual las prestaciones que cobran los pensionistas son satisfechas con cargo a las cotizaciones de las personas que se encuentran en activo. Partiendo de esta base, lo que determinaría la sostenibilidad del sistema de pensiones sería la relación (o proporción) entre las personas cotizantes y las beneficiarias de las prestaciones.
El argumento principal que sirve de base para sostener la necesidad de las reformas acometidas en las dos últimas legislaturas es el deterioro de ese ratio al que hacíamos referencia. Es decir, el envejecimiento de la población está provocando que el número de cotizantes se reduzca mientras aumenta el número de personas beneficiarias.
En relación con este argumento y con el aumento de la esperanza de vida, también escucharemos frecuentemente afirmar que el gasto por pensiones representa cada vez un porcentaje más elevado sobre el PIB, es decir, teniendo en cuenta la riqueza que es capaz de generar el país el porcentaje de esa riqueza que se destina a cubrir el gasto por pensiones es cada vez mayor.
Por su parte, quienes se oponen a los recortes en las pensiones han expuesto una serie de razones que pretenden rebatir la idea de que el sistema público de pensiones es insostenible. Así, por citar solamente algunos ejemplos, se sostiene que para alcanzar el equilibrio financiero del sistema no solamente influye el factor del envejecimiento de la población, sino variables como el desempleo, la productividad, el nivel salarial, la extensión de la economía sumergida, y otras. Variables sobre las cuales se puede incidir con las políticas adecuadas.
Asimismo, se plantea que las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente con cargo a las cotizaciones sociales. Actualmente las prestaciones no contributivas y universales (sanidad, servicios sociales, etc.) se financian a cargo de la imposición general (presupuestos generales del estado), y las pensiones contributivas a cargo del sistema de cotizaciones sociales.
Sin lugar a dudas, nos encontramos en una situación ciertamente complicada, eso no se puede negar. Más allá del hincapié que se hace en los argumentos expuestos arriba, el alargamiento de la crisis económica y los elevados niveles de desempleo constituyen hoy en día una seria amenaza al sostenimiento del sistema de pensiones. Sin embargo, lo que desde la perspectiva de la ciudadanía llama la atención es que este debate, con sus diferentes posiciones, está ausente de las comisiones de expertos formadas por el gobierno y los gabinetes de estudio de las entidades financieras, las cuales coinciden en afirmar la necesidad de reducir las prestaciones, alargar la edad de jubilación, y recomiendan la apertura de planes privados que complementen las prestaciones públicas. Sin embargo, ¿nos hemos parado a pensar en las implicaciones que esto conlleva?
Y es que la realidad es tozuda. Deberíamos tener en cuenta que muchas personas tienen una capacidad de ahorro bastante limitada, destinando una parte significativa de sus ingresos (si es que los tienen) a cubrir necesidades básicas y a pagar las cuotas de su hipoteca. Recordemos, por si a alguien se le olvida, que hablamos de un bien de primera necesidad como es la vivienda. Por otra parte, hablamos de préstamos hipotecarios que han llegado a concederse a treintaicinco y cuarenta años.
Recordemos asimismo los efectos de las sucesivas reformas laborales que han llevado a cabo los últimos gobiernos. Uno de ellos es el aumento del desempleo, fruto del abaratamiento del despido. Pero supongamos por un momento que la destrucción del empleo es temporal, que estamos en un período de ajuste y que a medio plazo estos cambios legislativos logran que se creen puestos de trabajo. Muchos serán puestos de trabajo en condiciones precarias y mal remunerados. Ni aun en los años de bonanza económica el crecimiento de los salarios fue significativo.
Descartada la vía de los salarios, habría que añadir que, en el marco del proceso de financiarización de la economía española, el efecto riqueza producido por la conversión de la vivienda en un activo patrimonial que permitía el acceso al crédito es realmente difícil que vuelva a producirse dados los altos niveles de endeudamiento de las familias.
Tenemos, por tanto, una escasa capacidad de ahorro, personas que interrumpen su vida laboral activa por el desempleo (o por otras circunstancias), y remuneraciones más bajas. Las personas de más edad, más cerca de finalizar su vida activa y alcanzar la jubilación, tienen ante sí la amenaza del despido por parte de unas empresas para las cuales nunca fue tan fácil reducir sus costes salariales a base de despedir al personal con más derechos consolidados y contratar a personal con unas condiciones laborales más precarias. También encontrarán mayores dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo en caso de perder el empleo. Por su parte, los jóvenes son y serán quienes sufran de manera más directa, por su parte, esa precariedad en sus condiciones laborales a la que hacíamos referencia.
¿Qué ocurrirá el día en que no podamos realizar un trabajo? Por otro lado, ¿sabemos o somos capaces de intuir siquiera lo que es sufrir una situación de dependencia y los costes que esto implica para poder mantener una existencia digna? Porque de dependencia, mejor no hablar. Y pregunten ustedes por curiosidad cuánto supone costearse un asistente personal o la estancia en un centro especializado.
Juan Torres López y Vicenç Navarro, como miembros del Consejo Científico de ATTAC, afirmaban en 2010 que “la reforma de las pensiones está vinculada a criterios sobre la distribución de la renta, es decir, a la política”. Lo cierto es que el Estado ha realizado un gran esfuerzo para solventar el problema de sobreendeudamiento del sistema financiero, sobreendeudamiento que, en una parte importante, se ha trasladado a unas administraciones ya de por si castigadas por la reducción de ingresos fiscales que ha provocado el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Si ya de por sí produce asombro comprobar hasta qué punto se ignoran las consecuencias dramáticas que puede tener la reducción de las pensiones públicas, no menos pasmo provoca el hecho de que el envejecimiento de la población no conlleve una reflexión seria sobre las condiciones en las cuales se desarrolla la reproducción y la crianza en nuestra sociedad. Sencillamente, no es posible aislar el envejecimiento de la población y el menor número de nacimientos de las condiciones socio-económicas. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo no ha venido acompañada de un debate riguroso sobre los cuidados y el reparto de las tareas que permiten el sostenimiento de la vida. Un problema que no se ha desarrollado en toda su dimensión gracias a la incorporación de la población migrante, fundamentalmente femenina.
No solo es necesario un sistema de pensiones que garantice unas prestaciones dignas, sino también llevar a cabo una discusión sobre el concepto de trabajo, qué trabajos son verdaderamente productivos socialmente y cuáles no lo son, los ritmos y la conciliación de la vida laboral con la vida personal y pública. En definitiva, una reflexión sobre el modelo de sociedad que queremos.
No deja de ser paradójico comprobar hasta qué punto las personas a quienes se ha encomendado la gestión de los asuntos públicos perjudican día a día con sus actos y decisiones a las mayorías sociales a las que dicen representar. Más aun, el mensaje que se transmite es que no es viable buscar soluciones colectivas a los problemas, desde la solidaridad. ¿Qué hacen entonces en las instituciones? Peor si cabe, no obstante, es que, bombardeados por los medios, hayamos interiorizado ese discurso falso y tramposo.
Grupo de economistas
El cobro de la pensión debería ser excluido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ( IRPF ) por las siguientes razones :
1.- No es un rendimiento del trabajo.
2.- Estas pensiones actuales se fueron generando durante la vida laboral que con el cobro de los salarios mensuales/ anuales fueron sometidas ya al I.R.P.F. Es decir ya tributaron por el impuesto
3.- Por lo tanto al ser sometidas en la actualidad al I.R.P.F. están siendo gravadas nuevamente por el mismo impuesto , cayendo claramente en la figura de » doble imposición » , que se debe corregir haciendo que la pensión quede excluida del I.R.P.F.
4.- En todo la pensión podría tener cabida como rendimiento de capital mobiliario, con una fiscalidad mucho menor y que va disminuyendo progresivamente de manera notable con la edad del jubilado
5.- Tendría sentido esta figura toda vez que el jubilado fue acumulando ese capital a lo largo de su vida laboral y ( otra vez )correspondiente I.R.P.F. para cobrar al final de ella la pensión.
6.- Esta figura está contemplada en la Ley y de la cual se benefician las entidades financieras privadas con el producto Renta Vitalicia Inmediata aplicada a un capital del cliente (que en nuestro caso sería el capital acumulado por nosotros durante la vida laboral) para obtener eso una renta vitalicia inmediata (asimilable al concepto de nuestra pensión).
7.- Concluyendo: Nuestra pensión NO ES UN RENDIMIENTO DEL TRABAJO y YA FUE SOMETIDA AL IMPUESTO DURANTE NUESTRA VIDA LABORAL, POR LO QUE SE HACE NECESARIO CORREGIR ESA INJUSTICIA.