La división de San Sebastián ¿Por qué en cuatro distritos?

Hemos conocido por la prensa que los tres grupos de la oposición, mayoría en el pleno municipal de la ciudad, han acordado dividir la ciudad en cuatro distritos.

Les ampara la la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y, en su desarrollo, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local

Este entramado legal delega en el pleno municipal, la decisión de crear demarcaciones territoriales, y los tres partidos opositores cuentan con 19 ediles de un total de 27 (más de 70% del pleno).

Esta mayoría ha decidido crear cuatro zonas.

• zona Este: Altza, Intxaurrondo, Bidebieta, Ulia y Ategorrieta;

• otra que englobaría Gros y Egia;

• una tercera para el Centro, Amara, Loiola y Martutene;

• zona Oeste: El Antiguo, Benta-Berri, Aiete, Añorga y Zubieta.

Y lo han hecho sin consultar con nadie, sin abrir debate alguno con los vecinos de la ciudad y los diversos agentes sociales.

Han decidido, además, que el distrito Este debe estar en marcha para antes de las elecciones municipales de mayo, por lo que no cabe argumentar que el periodo de alegaciones que la normativa establece es, en sí, un periodo de debate.

La controversia puede venir de algo tan simple como el número de distritos ¿Por qué cuatro -como los puntos cardinales- y no tres, o doce, o seis, o siete?

Por qué esas zonas y no otras. Las personas y agentes de los barrios, que agrupan en una determinada área, pueden tener una opinión sobre el contorno de la circunscripción en la que se encuentran alineados.

Surge además la inquietud sobre cómo queda el funcionamiento del entramado asociativo de los barrios, su red de compromiso vecindario, su actividad asociada en el nuevo contexto.

Parece más acertado respetar lo que la ciudad ha ido construyendo, paso a paso, en este largo período de varias decenas de años, cuyo final acabado y asumido por la ciudadanía, es la existencia de 17 barrios, y trasformarlos en demarcaciones.

Llama la atención, por otra parte, que once años después de la existencia una ley obligatoria para las grandes ciudades -la 57/2003-, y tan cerca de unas nuevas elecciones, se meta urgencia para la constitución de los distritos.

Nosotros, al menos, preferimos, si se constituyera, ser el distrito de Aiete. Conocemos el barrio de pe a pa, a su gente, a sus personas de una en una, por familias; percibimos sus problemas, sus anhelos, inquietudes, necesidades; participamos de sus proyectos, celebraciones festivas; impulsamos las mejoras en sus parques, recintos deportivos, calles, lugares de recreo; reivindicamos sus derechos de escuelas, plazas, de centros de salud, deportivos, culturales, etc

En el barrio organizamos los actos culturales, festivos, las diversas celebraciones, los programas reivindicativos, las alternativas ciudadanas, conocemos sus necesidades, nos reunimos para debatir nuestros proyectos de barrio y de ciudad, sabemos con quién podemos contar…

La normativa que ahora quieren recuperar, a escasos meses de las elecciones municipales, alejaría a la ciudadanía de los centros donde se toman las decisiones y deja a las entidades y asociaciones de barrio sin funciones, competencias, ni ocupaciones. Los distritos no hacen desaparecer legalmente a los barrios, pero les sitúan en un limbo, de ahí la necesidad del debate público.

Cuando los defensores de la aplicación, ahora, de la ley Modernización del Gobierno Local afirman que de esta manera acercan la democracia a la ciudadanía, lo hacen basándose en que se crea una entidad intermediaria entre los vecinos y el Ayuntamiento para las denuncias y para recibir información. Sin embargo la práctica de todos estos años es que las denuncias de la vecindad caen, casi siempre, en saco roto y la información es inocua o inexistente. Cambiar el número de circunscripciones y hacerlas más grandes, no cambiará la práctica habitual de quienes tienen el ejercicio de la gestión.

Antes ala contrario con la escusa de reducir 17 barrios a cuatro distritos, se crea todavía más burocracia en la ciudad, una especie de red de agentes que controlan el movimiento asociativo. En efecto, así es, la ley establece que cada distrito estará presidido por un concejal. Otro edil será vicepresidente. Y en estas demarcaciones serán los partidos políticos quines nombrarán a sus vocales según los resultados electorales.

Los vocales en representación de los vecinos, los elige el alcalde a propuesta de los grupos políticos. Estamos en presencia de una democracia al revés o democracia vertical. Absurdo, insólito, inaudito.

Vocales en representación de los concejales y vocales en representación de los vecinos, junto con los Concejales Presidente y Vicepresidente, constituyen la Junta municipal de distrito, que es el cauce de participación.

La citada legislación dice que cada distrito contará con un % del presupuesto de la ciudad para su gestión -para Donostia proponen el 5 %, en otras ciudades es del 11% y hasta del 13 %- La Junta municipal de distrito se encargaría de asuntos como los de la limpieza de los jardines, ordenación del tráfico, mantenimiento de vías públicas, mercados, protección del medio ambiente y servicios socio-culturales… Pero será el Pleno, es decir, otra vez los ediles, convertidos en supervisores, quienes den el visto bueno a las materias que se acuerden en cada demarcación. ¿Qué funciones democráticas tiene pues la Junta de gobierno municipal?

Es fácil prevenir que, con la escusa de los distritos, se pretenda dejar atado y bien atado, el que siga siendo el poder municipal quien haga y deshaga, a su antojo y conveniencia, los proyectos de la ciudad, cortando de raíz la iniciativa ciudadana.

Sabido esto, es preferible ahorrarse burocracia y que los distritos los constituyan las demarcaciones naturales, en el caso de San Sebastián, los barrios.