Definición y origen de la ciudadanía: La ciudadanía es un status, es decir, un reconocimiento social y jurídico por el cual una persona tiene derechos y deberes por su pertenencia a una comunidad, en general, de base territorial y cultural. Los «ciudadanos» son iguales entre ellos, en la teoría no se puede distinguir entre ciudadanos de primera, de segunda, etc. En el mismo territorio, sometidos a las mismas leyes, todos deben de ser iguales. La ciudadanía acepta la diferencia, no la desigualdad.
La ciudadanía se origina en las ciudades, caracterizadas por la densidad, la diversidad, el autogobierno, las normas no formales de convivencia, la obertura al exterior,… Es decir, la ciudad es intercambio, comercio y cultura. No es solamente «urbs», es decir, concentración física de personas y edificios. Es «civitas», lugar del civismo, o participación en los quehaceres públicos. Es «polis», lugar de política, de ejercicio de poder.
La democracia representativa liberal no garantiza por ella misma el ejercicio real de la ciudadanía, ni parte, desde el inicio, de un catálogo de derechos y deberes válidos para siempre. Se dan, históricamente, dos procesos constructores de ciudadanía: Ampliación de los derechos formales de las personas (por ejemplo, derechos políticos para todos, igualdad hombre-mujer, etc.), y desarrollo de los contenidos reales de los derechos y/o dar nuevos contenidos mediante políticas públicas (por ejemplo, escuela pública universal y sistemas de becas u otras formas de ayuda para facilitar el acceso a la enseñanza no obligatoria como la universidad, servicios de interés general de acceso universal garantizado, como transporte público o teléfono, etc.)
Evolución de los derechos de ciudadanía: La historia nos muestra que los derechos citados han evolucionado y progresado a lo largo del tiempo. Los derechos civiles, por ejemplo de las mujeres, de los jóvenes, de los analfabetos, del personal de servicio, etc. Se han extendido, y todavía hoy están pendientes reivindicaciones de igualdad. Los derechos políticos: el sufragio universal, la legalización de todos los partidos políticos, las autonomías territoriales, el desarrollo de la democracia participativa y deliberativa, etc. Son progresos del siglo XX o que todavía están incompletos. Y los derechos sociales, los de Welfare State de último siglo, no sólo con frecuencia son derechos más programáticos que reales (trabajo, vivienda, sanidad, etc.) sino que en algunos casos retroceden debido a la crisis financiera del sector público y a las privatizaciones de muchos servicios. Los derechos vinculados a las nuevas realidades tecnológicas, territoriales y económicas, como el acceso a las «tics» (tecnologías de información y comunicación), las formas de participación en el gobierno de los nuevos territorios urbanos-regionales, la regularización de las decisiones económicas y financieras de los grupos empresariales supranacionales.
La evolución de los derechos que configuran la ciudadanía ha sido el resultado de un triple proceso: social o sociopolítico, de movilización de los sectores demandados; cultural, de legitimación de las reivindicaciones y de los valores que las justifican; y político-jurídico o institucional, de legalización y de nuevas políticas públicas.
Es una paradoja que al mismo tiempo que todo el mundo reconoce la devaluación de los parlamentos y otras asambleas representativas en tanto que las instituciones de gobierno y de bajo nivel de prestigio de los partidos políticos, nuestras democracias otorguen casi el monopolio, o en todo caso el rol principal sobre cualquier otro, a la participación política mediante elecciones de asambleas y partidos políticos. Actualmente hay un desfase entre una doctrina y múltiples prácticas sociales de democracia participativa, deliberativa, directa, etc. Y la resistencia de las instituciones políticas y de los partidos con representación en los órganos de poder para legalizar y generalizar formas de participación política más ricas que las estrictamente electorales
La calidad del espacio público es hoy una condición principal para la adquisición de la ciudadanía. El espacio público cumple funciones urbanísticas, socioculturales y políticas. En el ámbito de barrio es a la vez el lugar de vida social y de relación entre elementos construidos, con sus poblaciones y actividades. En el nivel de ciudad cumple funciones de dar conexión y continuidad a los diversos territorios urbanos y de proporcionar una imagen de identidad y monumentalidad. El espacio público, si es accesible y polivalente, sirve a poblaciones diversas y en tiempos también diversos. Hace falta también un espacio público «refugio», o espacio de transgresión. Y espacios de fiesta y de gesta, como diría Salvat-Papasseit, de manifestación. El espacio público es el lugar de la convivencia y de la tolerancia, pero también del conflicto y de la diferencia. Tanto o más que la familia y la escuela son lugares de aprendizaje de la vida social, el descubrimiento de los otros, del sentido de la vida.
El territorio, la ciudad, son también el espacio que contiene el tiempo, el lugar del patrimonio natural y cultural. El reconocimiento del patrimonio, o patrimonios, del paisaje, de la arquitectura, de la historia, de las fiestas y de los movimientos sociales, de las poblaciones y actividades sucesivas,… Forma parte del proceso de adquisición de la ciudadanía, de la construcción de las identidades personales y colectivas. Conocer y descubrir la ciudad en sus dimensiones múltiples es conocerse a uno mismo y a los demás, es asumirse como individuo y como miembro de comunidades diversas. Este es un descubrimiento más reciente, ya no somos solamente de un barrio, de una clase social, de una religión. Somos múltiples en cuanto identidades y pertenencias, podemos entender mejor la diversidad de nuestra sociedad.
Es en el espacio local que los valores, las lenguas, las culturas se encuentran, pueden convivir y relacionarse. La ciudadanía supone la igualdad, no la homogeneidad. Los derechos culturales de los ciudadanos deben garantizar, tanto la preservación y el desarrollo de las identidades originarias (lenguas, historias, costumbres…) como las relaciones entre ellas.
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Y ahora venimos a San Sebastián
De su gestión Izagirre destacó su “transparencia, cercanía” y una “nueva arquitectura de participación ciudadana, de abajo hacia arriba”: repitió que el Gobierno municipal quiere ciudadanos “activos, críticos y comprometidos” y que “un pueblo organizado es un pueblo vivo”. Desde la asociación de vecinos del barrio de Ayete, es público y notorio, que no lo hemos vivido así.
Eneko Goia le “Pediría -al alcalde- un poco de humildad: la participación no la han inventado ustedes; ni somos marcianos, ni actuamos a espaldas de nadie”. Pero nosotros tampoco le hemos visto al jeltzale muy cercano a los problemas que la vecindad plantea.
El portavoz del PP, Ramón Gómez, enumeró a algunos de los representantes de las asociaciones vecinales para preguntar a Izagirre si les conocía. “Nosotros sí”, añadió, y afirmó que su grupo se reúne con ellos habitualmente. Pero a Ramón, nacido en Bera Bera, se le puede preguntar, en serio, ¿Qué se te debe en el barrio?. Ernesto Gasco apostilló, sacándose a Odón Elorza de la txistera, que el exalcalde hizo hasta una consulta. No la recordamos, pero ¡Estamos impresionados!
Nuestra experiencia, de más de 10 años, es que las instituciones políticas y los partidos con representación municipal, se resisten, con inusitada tenacidad, -como si se jugaran la vida en ello- a legalizar y generalizar, formas de participación vecinal y cívica, más ricas que las estrictamente electorales o las de mera atención protocolaria.
Es la cantidad que se quedaría en Aiete por lo que de menos percibe cada ciudadano de Donosti por no ser de Bilbao.
Con esa cantidad que “nos roba” (ponga usted el que quiera) se puede hacer un ascensor, una avnida y empezar con la parada de metro
No ha tenido que pasar mucho tiempo desde el inicio de la legislatura para que se abra el ‘melón’ de la financiación municipal. Ahora que suenan campanas de recuperación en la recaudación de las instituciones públicas, el PP ha puesto sobre la mesa una mejora del estatus de San Sebastián como capital de Gipuzkoa en el reparto de los fondos forales, al estilo del reconocimiento que tiene Bilbao y que supone casi un 50% más de dinero. El gobierno municipal PNV-PSE recogió el guante y afirmó que peleará por este objetivo, sin prejuzgar el resultado final de esta negociación. «Nosotros somos el Ayuntamiento y defenderemos los derechos de los donostiarras», afirmó el alcalde Eneko Goia, «pero no somos la correa de transmisión de nadie», precisó ante el intento de los populares de encadenar la voluntad de la coalición de gobierno en la ciudad y con la del territorio por ser ambos ejecutivos del mismo color político.
Y los de Irabazi durmiendo el sueño de los Justos (¡Qué pastizal!)