El derecho amputado

Garantizar hoy día el ejercicio del derecho a la movilidad de las personas implica la atención a todas las formas de desplazamiento, lo que significa un cuidado preferente de las formas que consumen menos energías y crean menos dependencia, y obliga a poner el acento en el tipo de infraestructura que se ofrece, sus características y efectos, y a la gestión del espacio público urbano.

En nuestra ciudad hay zonas urbanas edificadas en las últimas décadas del fanquismo que son inaccesibles y urbanizaciones de barrios construidos en las colinas ce alrededor de la ciudad a quienes se debe garantizar este derecho, lo que supone construir formas específicas de movilidad y sistemas de transporte adaptados a estas zonas.

En un ámbito más global se hace preciso obrar teniendo en cuenta el ahorro energético y de las emisiones que tienen un fuerte impacto ambiental. En los barrios altos se usa mucho el automóvil, por eso es más fundamental el trasporte público.

En las periferias urbanas, aisladas por los modelos franquistas de urbanización se corren riesgos de exclusión social que el modelo de movilidad que proponemos debe corregir radicalmente.

La «movilidad sostenible», que tienen acepciones muy diferentes, tiene que tener las personas como objetivo central

El término sostenibilidad, tan divulgado en la actualidad -y quizá por eso tan banalizado-, puede entenderse en términos energéticos y de impacto ambiental o de integración social y derecho ciudadano. Todos llevan a conclusiones semejantes: sostenibilidad energética, más uso del trasporte público como desplazamiento socializado y de menor consumo de energía, más la sostenibilidad medioambiental y la reducción de emisiones, más una mayor equidad en el acceso a la movilidad y en el uso de la bicleta.

No tener en cuenta esta diferencia de necesidades y exigencias de infraestructuras de trasporte público y de trasporte vertical, simplemente, expulsan a una colectivos enteros de usuarios, por barrios o por discriminación social, del sistema público de trasporte y del derecho a la movilidad.

Es necesario que el gobierno de la ciudad cambio de enfoque, cambie de paradigma respecto al modo de enfocar la planificación y gestión de la movilidad. Desde Ayete vemos como se presta atención prioritaria al coche particular respecto del transporte público y, sobre todo, del camino peatonal. Algunos cambios positivos que se han conseguido en años anteriores, han sido furtivamente desmontados por la creciente presión del trasporte privado y por la la sumisión del aparato analítico y de planificación municipal a esos poderes fácticos opacos.

Hace años que reclamamos la declaración de la zona 30, en el paseo de Aiete, su trasformación en una avenida, el bidegorri y ascensor en Morlans. Es un derecho ciudadano que nos niega el gobierno actual, y que tampoco nos reconocieron los gobiernos anteriores.

Frente a la exclusión social de las personas y de los barrios, el aparato político y económico del gobierno debe prestar atención a todas las formas y motivos de desplazamiento en Aiete, a analizar la conectividad entre las diferentes infraestructuras, paseos, bidegorris, aceras, que existen en el barrio; debe prestar atención al coste del transporte público, y debe procurar racionalizar las inversiones: el ascensor de Morlans no puede estar siempre el último de la cola. Es un ataque a la ciudadanía y una amputación del derecho ciudadano.