El colmo de una plataforma contra los abusos en las ayudas públicas es que su portavoz haya abusado de estas. Es lo que le reclaman al de «Ayudas más justas» (el portavoz, que no su promotor, que todos sabemos quien está detrás). Ha dimitido después de se desvelara que ha sido públicamente apercibido por cobro indebido de la prestación por desempleo e impagos a la Seguridad Social.
Se ha explicado la plataforma en twitter que la conforman gentes de todo tipo y todos con pasado. No somos ni políticos ni funcionarios, debe respetarse nuestra vida y nuestra historia.
Todos tienen su pasado, dice la plataforma. E igual es ahí donde podemos ver la obsesión contra el fraude y los abusos. Cuando pretenden corregir las deficiencias de un modelo que ahora mismo hace aguas, puesto que permite abusos, no dejo de acordarme de Kant, cuando dice que «vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros».
Eva Domaica
La realidad supera a la ficción en la campaña electoralista de Javier Maroto. El empresario, Patxi Gomez, que lideraba la plataforma auspiciada por el alcalde del PP de Gasteiz ha debido dejar el cargo de portavoz de Ayudas+Justas tras admitir que sobre sus espaldas recaen no uno, sino varios requerimientos por «cobro indebido» del subsidio de desempleo e impagos a la Seguridad Social, además de otras deudas. Es decir, por las mismas cuestiones que la plataforma denuncia en el caso de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), en una dinámica que pone en el punto de mira a colectivos inmigrantes.
RGI: el fraude es del 0,3% de los casos; Lanbide tiene un control estricto de esas ayudas, suspende 1.300 al mes.
Rescata a 80.500 personas de la pobreza, es triste que se ponga en riesgo el sistema y, con ello, el futuro de estos seres humanos. Habría que medir también lo que supondría tener a todas esas personas sin auxilio alguno, por ejemplo, en el incremento de la delincuencia.
La RGI permite mantener una sociedad «cohesionada» y establecer unos índices de pobreza comparables a los países más avanzados de Europa.
Otra cuestión es que haya que mejorar los sistemas de control
El servicio vasco de empleo, Lanbide, también competente en la concesión de la Renta de Garantía de Ingresos, dispondrá de una nueva unidad integrada por 18 personas que mejorará el control de los expedientes para luchar contra el fraude. Esta es una de las novedades del plan de reorganización de los recursos humanos de Lanbide
La creación de esta unidad de control interno estaba recogida en los estatutos de Lanbide, pero no se había desarrollado hasta ahora. Velará, ha asegurado, por la «correcta tramitación» de los expedientes administrativos referidos a recursos, reclamaciones o pagos indebidos y sus integrantes revisarán los procedimientos y protocolos existentes
Se ha presentado la campaña en defensa de la RGI «Eskubideak gehi». Por ahora con la firma de 104 entidades, como Caritas, Médicos del Mundo, SOS Racismo, Comisiones Obreras, PNV, PSE o EH BIldu…
En su manifiesto ven con preocupación el aumento de la pobreza en Euskadi, que afecta ya a medio millón de vascos. En ese sentido, la RGI permite a 65.000 familias vivir con una mínima dignidad.
Manifiestan que la sociedad vasca es una sociedad solidaria y la RGI, un derecho. Que especialmente en tiempos difíciles es necesario fortalecerla, que su coste es una inversión a medio largo plazo.
Nunca antes en 25 años había surgido un movimiento tan amplio en defensa de nuestro sistema de protección social. Paradójicamente se lo debemos a quienes decidieron hacer campaña con el fraude en las ayudas. Los vascos han salido como impulsados por un resorte a reivindicarlas y reclamarlas como parte de nuestro DNI. Igual han conseguido 40.000 votos para la campaña, pero, de rebote, han consolidado a la RGI como patrimonio de la sociedad vasca.
Los maricas detenidos en el franquismo por su condición sexual eran enviados a diferentes cárceles en el caso de que fueran activos o pasivos. Los primeros a Huelva, los segundos a Badajoz.
De bodas, bodicas, y ayer se casó Javier Maroto. Y allí se juntaron muchísimos pasivos y bastantes activos, sí: muchísimos activos militantes contrarios a que el deseo matrimonial de su amigo se convirtiera algún día en realidad; y bastantes pasivos mudos cuando ese deseo, ese derecho, incluso esa ley que ya lo bendice, han sido negados, cuestionados y rechazados. Yo no entiendo, la verdad. Y yo no entiendo la mentira.
Javier Maroto ha escrito una carta en la que reacciona a su condena por el caso San Antonio de Vitoria-Gazteiz
«Siempre he dado la cara». Comienza el exalcalde, como si esto fuera de valentía y no de rendir cuentas, una obligación para todo cargo público. Maroto «da la cara» por «la decisión del Tribunal de Cuentas». La decisión. No dice que fue condenado. Así que tampoco reconoce errores. Todo lo contrario, va «con la cabeza muy alta».
El resto de la carta no es suya. Es el argumentario del partido, que habrán escuchado recitar a varios populares punto por punto. Que esto no es corrupción. Que estamos discutiendo si el precio de un alquiler debió ser 10 o 12€/m2. Que la verdadera corrupción es la del PNV y el caso De Miguel. Y, para terminar, que la jueza del Tribunal de Cuentas fue nombrada por IU. Un argumento muy peligroso, que puede ser usado a favor o en contra cada vez que falle este Tribunal, el Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial…
Los hechos son los siguientes. El local había sido adquirido por Gonzalo Antón (un conocido empresario que presidió el Club Deportivo Alavés y que dirige varios restaurantes, entre ellos el afamado Zaldiaran) apenas un año antes por 2,7 millones y el contrato le iba a reportar 7,6. Las condiciones de ese contrato generaron tal escándalo en la ciudad que la oposición —el PP gobernaba en minoría— constituyó una comisión de investigación, cuyas conclusiones se hicieron públicas en abril de 2014. Una de ellas proponía la remisión del contrato al Tribunal de Cuentas del Estado, tras constatar que perjudicaba a las arcas públicas.
El empresario compró la lonja en enero de 2006 y, a finales de ese mismo año, ya negociaba su venta con el Ayuntamiento. Alonso y Antón firmaron el contrato en febrero de 2007 por un precio final de alquiler de 7,6 millones de euros, y por un plazo de 20 años. Curiosamente la petición inicial de la propiedad era de 10 años. Los más de siete millones se dividían en 6,1 millones de euros por el alquiler y 1,5 millones de euros por las obras de acondicionamiento que costeó el presupuesto público.
En total, tres veces el precio de compra de la lonja y, además, con una cláusula de blindaje. Si se rompía el contrato, el Ayuntamiento debía pagar los 20 años íntegros. Las sospechas de que el precio estaba pactado al margen del mercado y las advertencias de los servicios municipales se dispararon cuando se conocieron varios correos electrónicos en los que, apenas un mes antes de la firma, Antón escribió alarmado al Ayuntamiento porque la propuesta que había recibido de Hacienda —el concejal de Hacienda era el actual alcalde Javier Maroto— no reflejaba la cantidad mensual negociada. Sin embargo, incorporaba subidas anuales del precio de entre tres y nueve puntos sobre el IPC. ¿Por qué? Porque el informe de los técnicos municipales aconsejaba un alquiler de 10.000 euros y el empresario proponía 18.500. Para equipararse lo antes posible, las subidas anuales eran del IPC más un 9%.
Esas condiciones, precios y blindaje, fueron modificadas cuando saltó el escándalo al hacerse público el contrato en 2014. Maroto y Antón revocaron el blindaje y rebajaron el precio. El PP siempre ha manejado la tesis de que el asunto está prescrito. El Tribunal de Cuentas no lo cree así. En febrero de 2015 impuso una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles de aquel Gobierno municipal —también investigados en esta causa— por el presunto «perjuicio» causado a las arcas públicas con este contrato. Y esta mañana les ha condenado definitivamente.
Parece ser que Manjariza no tiene nada que ver en este caso
Twitter Maroto antes de que se empadronase en Sotosalbos para poder ser senador del P
“Tolerancia cero con quienes se empadronan de forma irregular solo para tener acceso a las ayudas sociales”
Capturo el tuit vaya a ser que se le ocurra borrarlo. Pues eso, tolerancia cero contigo Javier Maroto.
Dimite y ponte a trabajar
El Twitter se ha demostrado en los últimos tiempos como una herramienta peligrosa para los políticos que la usan. La hemeroteca no perdona y, pese a que cada vez son más los políticos que borran todos sus tuits antiguos, todavía se pueden encontrar muchas ‘perlas’ en las cuentas de nuestros representantes.
El exalcalde de Vitoria Javier Maroto, se ha empadronado en el pueblo segoviano de Sotosalbos para poder ser senador del PP. El político vitoriano es ahora senador por Castilla y León, algo que ha generado protestas entre los partidos de la izquierda, que incluso han reclamado el expediente de empadronamiento para comprobar si hubo fraude.
El tuit antiguo de Maroto, está fechado en el año 2011, en el que se mostraba muy crítico con «quienes se empadronan de forma irregular solo para tener acceso a las ayudas sociales».