Si no nos desayunamos con un escándalo cada semana es por una mezcla de factores. La violencia, las características del urbanismo y que nuestros corruptos son más listos
¿Somos más honestos que el resto del Estado? ¿O simplemente nuestros políticos meten menos la pata? Creo que si no nos desayunamos con un escándalo de corrupción local cada semana es por una mezcla de factores que trato de explicar en base a mi experiencia.
El primer gran foco de corrupción es el urbanismo. Si aquí la corrupción urbanística ha sido menor es porque ha habido una gran pluralidad política, lo que hace que no haya normalmente dominio perdurable de un solo partido en los ayuntamientos y eso dificulta los pactos corruptos con los promotores a la hora de obtener recalificaciones. Además, ya a finales del siglo pasado se aprobó la ley Maturana —en recuerdo al entonces consejero socialista del área— que obligaba a destinar buena parte del aprovechamiento urbanístico a vivienda de protección oficial, con lo cual el beneficio obtenible por el promotor era sustancialmente menor que en el resto del estado y por lo tanto no favorecía las comisiones a políticos. Por supuesto que corrupción urbanística la hemos tenido, y alguna muy cerca de mis barbas, pero evidentemente no ha sido la locura del mediterráneo.
El otro gran foco es el de los contratos públicos. Aunque no se pueda demostrar, lo cierto es que hay muchos contratos públicos amañados y que generan buenos beneficios a los funcionarios que los otorgan. Pero es cierto que aquí se hacen las cosas con un poco más de estilo que por ahí. Como reconocía Xabier Arzalluz en el año 2006, el PNV siempre ha desconfiado de las comisiones pagadas a intermediarios, porque eso favorece que se vuelvan avariciosos y metan la pata. Por ello, decía, prefieren el método de la «insinuación» al contratista: se le dice que el partido tiene ésta o aquella necesidad y se espera la correspondiente «donación voluntaria» por su parte. No en vano el PNV tiene aquí un patrimonio inmobiliario similar al del PP en todo el Estado, algo que levanta suspicacias no solo en el Tribunal de Cuentas.
Existe un tercer foco de corrupción que es la Hacienda foral y su capacidad casi omnímoda de «pactar» con los contribuyentes importantes sin dejar la menor huella y protegidos por el secreto fiscal. Nuestros jauntxos no han pagado impuestos en toda la historia foral y en democracia han demostrado una gran capacidad de negociar con la Hacienda foral tratos especiales. Este es un campo donde, en mi opinión, tenemos tanto o más corrupción que en la Hacienda estatal y de hecho algunos casos han llegado a los tribunales, pese a ser de las áreas más difíciles de descubrir.
Y el último factor diferenciador que se me ocurre es el de la violencia. Durante muchos años el miedo a la publicidad ha motivado que jueces y fiscales hayan adoptado un perfil particularmente huidizo en todo lo que significara delitos que involucren a políticos y también ha propiciado que la prensa huya de esos asuntos. Esa atmósfera de impunidad, que también se ha dado en resto del Estado aun sin la violencia de ETA, ha generado una ausencia casi total de actuaciones judiciales o de la prensa contra la corrupción.
Pero también hay que reconocer que nuestros corruptos son más listos. En parte porque en nuestra sociedad no está bien vista la ostentación y en parte por una cierta educación jansenista, lo cierto es que aquí nuestro corruptos procuran hacer lo contrario de lo que ha dicho el valenciano Juan Cotino: meten la mano en la caja pero no meten la pata. Y procurando no meter la pata y contando con la pasividad de funcionarios, fiscales, jueces, prensa y cierta parte de la opinión pública, nos permiten vivir en este aparente remanso de paz. Amén.
Javier Olaverri 7 DIC 2014
La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte (Bildu), ha opinado hoy que en las presuntas irregularidades detectadas por el Ejecutivo foral en la sociedad pública Bidegi existen responsabilidades políticas, correspondientes a la anterior legislatura en la que gobernó el PNV. Por este motivo, Ugarte, quien ha comparecido ante la Comisión de Movilidad e Infraestructuras Viarias de las Juntas Generales (JJGG) de Gipuzkoa, se ha mostrado partidaria de crear una comisión en esta misma institución para investigar políticamente el asunto, de forma paralela a la instrucción iniciada ya por un juzgado de Azpeitia.
Según ha recordado la diputada en su comparecencia, las supuestas irregularidades se descubrieron a principios de 2014, cuando se planteó qué hacer con las tierras sobrantes de las obras del puerto de Descarga y los técnicos propusieron llevarlas a un depósito de sobrantes situado en Aretxabaleta denominado Basagoiti-2.
Se da la circunstancia de que este depósito debería haber estado colmatado al 99,98%, pero cuando se hicieron las mediciones correspondientes se descubrió que donde debía haber 2,3 millones de metros cúbicos no había más que 1,3, con lo que aún quedaba por llenar un volumen similar a la capacidad que tiene la estructura del estadio de Anoeta.
Este hecho llevó a la Diputación a investigar los movimientos de tierra relacionados con Basagoiti-2 y descubrió que en el año 2009 se habrían aprobado unos sobrecostes porque no se podían llevar allí más tierras, a pesar de que tenía todas las licencias y seguía abierto como depósito de sobrantes. Además, la institución foral descubrió la existencia de algunas excavaciones con desprendimientos en las que se habían movido 600.000 metros cúbicos de tierra menos de los que se abonaron, un volumen similar al de dos veces la torre Iberdrola de Bilbao.
Por este motivo, la Diputación puso el asunto en manos de un bufete de abogados privado, al entender que de una liquidación de 20 millones de euros de la AP-1, 3,4 podrían haber sido abonados por trabajos no ejecutados. La liquidación de estas obras se realizó en junio de 2011, cuando seguían en sus puestos los gestores del PNV, una semana antes de que tomaran posesión de sus cargos los diputados del gobierno de Bildu
El pasado mes de diciembre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia admitió a trámite la querella de la Diputación y citó a declarar en calidad de imputados para el próximo día 29 de enero al exdirector técnico de Bidegi y al exdirector de obra, y al día siguiente al exgerente de la UTE Laurena, encargada del tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte de la AP-1.
Durante su comparecencia ante las JJGG, Larraitz Ugarte ha desvelado que el informe pericial que encargó la Diputación a una empresa externa cuando comenzó a investigar este asunto dice que las mediciones de las tierras fueron construidas de «forma artificiosa» y que «los certificados iban bien a lo largo de toda la obra» pero «en el último momento se construyó lo que se construyó para pagar más dinero» siendo «todas las partes conscientes de ello».
«Se trata de cargos muy graves y está claro que el tribunal lo ha aceptado a trámite, la próxima semana empiezan a declarar como imputados, la instrucción va rápido y eso significa que el juez ha visto suficientes indicios para investigar estos presuntos delitos», ha sentenciado la diputada. En su opinión, a todos los responsables políticos les «corresponde cumplir con la legalidad» por lo que deberían hacer «un ejercicio de honestidad».
«Todos los partidos políticos tenemos la responsabilidad de comunicar a la sociedad lo que está ocurriendo y si hay responsabilidades se tienen que depurar y llevarlas hasta el final», ha remarcado. «No sirve decir que por debajo del Ebro sí y por encima del Ebro no, hay que depurar responsabilidades por debajo, a izquierda a derecha y hacia arriba porque sólo así lograremos que la ciudadanía recupere la confianza en la política y que se consolide y refuerce el sector público. Eso ayudará a lograr una sociedad más cohesionada», ha insistido Ugarte.
La portavoz foral ha desvinculado asimismo este asunto de la cercanía de las próximas elecciones municipales y forales, ya que la Diputación llegó a estas conclusiones el pasado mes de mayo, tras lo que tuvo que hacer estudios y no pudo presentar la querella hasta tenerla totalmente «documentada». «La Diputación no quiere trabajar con el calendario electoral, fuera de la competencia entre partidos políticos hay que conocer qué ha pasado con el dinero público y ahí tenemos responsabilidad todos», ha concluido.
El gasto en I+D en Euskadi en 2013 fue de 1.328,3 millones de euros, un 7,2% menos que el 2012, según la Estadística sobre Actividades en I+D que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística. Este informe también indica que en el País Vasco el personal investigador en 2013 sumaba 18.072 personas, un 2,8% que en 2012.
Iosu Estomba
El Consorcio debe pagar 68 millones de euros sacados de las arcas públicas
La entidad de gestión de residuos conocía las consecuencias económicas
El consejo de administración del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK, en sus siglas en euskera) conocía las consecuencias económicas y legales que tenía paralizar el proyecto de la incineradora de Zubieta. En noviembre de 2011, cuando el órgano que gestiona el tratamiento de las basuras en dicha provincia ya estaba controlado por Bildu, los miembros de su consejo fueron alertados tanto por la economista como por el letrado que les asesoran técnicamente de la obligación de pagar los créditos swap—contratos de cobertura o de permuta financiera— que el Consorcio había suscrito con La Caixa y Banesto, pese a que la planta no se construyese, según el acta de la reunión del consejo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
El Consorcio paga en la actualidad 670.000 euros mensuales por esos créditos, aunque la planta de basuras, proyectada por el anterior Gobierno foral del PNV, no se va a levantar, según el actual Ejecutivo de Bildu decidió en el verano de 2013 en contra del criterio de la oposición y de la propia norma de la Diputación que establece su puesta en marcha.
“En lo relativo a las coberturas, no hay margen de maniobra [con los bancos]”, precisó ese día la gerente del Consorcio. La advertencia podría considerarse premonitoria tras la sentencia hecha pública esta semana por el Juzgado de Primera Instancia número de 4 de San Sebastián que desestima la demanda interpuesta por GHK contra ambos bancos, en la que, reclamaba la anulación de esos créditos de riesgo, contratados por 19 años. El Consorcio calcula que esta operación financiera fallida pueda terminar costándole a las arcas públicas 68 millones de euros. Contra el fallo del juez cabe recurso ante la Audiencia de Gipuzkoa, pero GHK aún no ha decidido si lo presentará.
Durante la reunión del consejo, la gerente del Consorcio especificó que si finalmente se acordaba “renunciar a la financiación, [de los swap] o ésta se resolviese, habría que devolver, los 9,7 millones de euros dispuestos, los costes de ruptura a justificar por los bancos, y la liquidación del contrato de cobertura: 32 millones de euros”.
La gerente alertó que no había “margen de maniobra” con los ‘swaps’
Esta última cantidad no era fija, como a continuación aclaró el letrado del organismo, sino “un valor correspondiente a septiembre”. El dinero que GHK debe pagar por los swaps fluctúa en función de los tipos de interés, de igual forma que un crédito hipotecario. “La liquidación del diferencial del tipo de interés se produce cada mes por el nivel de coberturas suscritas, independientemente de que no se haya cumplido con la cantidad o con el ritmo de gasto y deuda”, añadió el abogado. La financiación de los préstamos suscritos estaba ligada a un calendario de inversiones en la construcción de la incineradora que nunca se cumplió. El letrado insistió en que “no respetar los ritmos de deuda contratados tiene consecuencias económicas”, tal y como recoge el acta.
“Para que la cobertura sea efectiva y no especulativa es necesario que responda a un plan de inversiones a ejecutar, y que la deuda real, derivada del ritmo inversor, acompase las coberturas existentes”, detalló la gerente en su intervención sobre los gastos financieros de GHK. El carácter especulativo de los swaps fue uno de los argumentos esgrimidos tanto por el Consorcio como por la propia Diputación de Gipuzkoa para justificar la interposición de la demanda. El juez desestima ese argumento y considera válida la explicación que ofrecieron en la vista oral los peritos de ambas entidades bancarias: si los swaps se habían convertido en un producto especulativo era únicamente porque no se había construido la incineradora.
La gerente recordó que el Banco Europeo de Inversiones, que concedió el grueso del crédito de 500 millones para levantar la incineradora y otras infraestructuras, exigía contratar un producto financiero de ese tipo.
Por último, el letrado recalcó que un cambio en las inversiones del Consorcio supondría “tener que analizar con los bancos cómo afectará dicho cambio a la financiación contratada”. “Disponer de una financiación de inversiones es tener un seguro. Por ello, el objetivo sería reajustar esa financiación al nuevo proyecto y evitar su resolución. Advierte de que la renegociación puede ser muy dura”, especifica el acta.
Las advertencias de los dos técnicos, ambos posteriormente despedidos por Bildu, fueron escuchadas por los miembros del consejo, entre ellos, el entonces presidente del órgano y diputado foral de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, quien intervino en varias ocasiones. La primera vez, solicitó que “no se juegue con los 32 millones de euros, porque no se va a dar esa circunstancia”, en referencia al aviso sobre la obligatoriedad de pagar los swaps. Respecto a la posibilidad de tener que renegociar con los dos bancos, sostuvo que “la Diputación tiene muchas puertas y se buscarán las fórmulas para que el impacto económico no se produzca”, siempre según el acta de la cita.
“Se han mantenido contactos”, añadió Alduntzin, además de especificar que los objetivos del Consorcio eran entonces “evitar el impacto de las coberturas, renegociar la operación de financiación y el contrato del centro de gestión de residuos”, en referencia a la incineradora. “El contrato actual ata la libertad de decisión de este consejo”, concluyó.
Las advertencias de ambos técnicos del Consorcio suponen “un elemento más” en los razonamientos que maneja el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, para sopesar si reabre una investigación en torno a la paralización de la incineradoray la posibilidad de que suponga delitos de prevaricación y malversación.
Ya estamos en100 millones de euros de gastos injustificables
En el resto de España la prensa hace funciones del fiscal
En Euskadi no pasa eso
Gipuzkoa tiene más de 20.000 pisos vacíos y más de 12.000 solicitantes en Etxebide
Anoche, Kutxabank anunció que ha denunciado ante la fiscalía a su ex-presidente, Mario Fernández, militante del PNV, por presuntas irregularidades en un contrato con un bufete de abogados en el que trabaja Mikel Cabieces, al que se pagó 243.000 euros
Mikel Cabieces es el exdelegado del Gobierno español en la CAV y dirigente del PSE Cabieces.
La fiscalía deberá analizar la información referida a la supuesta contratación del anterior delegado del Gobierno en Euskadi, el socialista Mikel Cabieces, por un bufete de abogados con fondos de Kutxabank durante la etapa de Mario Fernández al frente del banco. Tras abandonar el cargo de delegado en 2011, Cabieces constituyó su propia firma de abogados y pasó más tarde a estar en nómina de otro bufete laboralista -que algunas fuentes vinculan también a la órbita del PSE- a través de la ampliación de la cuenta que tenía con Kutxabank sin que, al parecer, se produjera un aumento real de la carga de trabajo.
Esta situación, calificada como “irregular” por el propio banco, se alargó durante casi tres años -reportando al despacho 243.000 euros- hasta que se extinguió la relación el pasado mes de octubre, poco antes de que Mario Fernández abandonara la entidad financiera.
El nuevo presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, encargó una auditoría tras tomar el control del banco en noviembre. El análisis de las cuentas reveló, según fuentes conocedoras del caso, la existencia de un contrato suscrito por el propio Fernández que establecía una relación directa con Mikel Cabieces. Al tener conocimiento de la operación el nuevo presidente trasladó los datos al Banco de España, que derivó la cuestión a Frankfurt, al Banco Central Europeo, el máximo supervisor financiero de la eurozona.
“Quebranto compensado” El diagnóstico del BCE fue claro: se trata de un movimiento “irregular” y aconsejó a los responsables de Kutxabank que informaran a la Fiscalía de los hechos. El fiscal, que recibió la documentación el pasado jueves, tendrá que decidir ahora si hay responsabilidades.
El primo de Mario
Kutxabank ha destapado un acuerdo tácito entre PNV y PSE-EE durante la etapa de Mario Fernández como presidente de BBK en 2012 y denunciado ante la Fiscalía del País Vasco bajo la recomendación de los órganos supervisores bancarios de España y Europa. Así se ha desvelado que el socialista Mikel Cabieces venía recibiendo una asignación anual de 80.000 euros con cargo al incremento de la iguala que BBK mantiene con una asesoría de Bilbao después de que se quedara en paro al abandonar en enero de 2012 el cargo de delegado del Gobierno. Incluso, Cabieces siguió cobrando este dinero durante su estancia en el consejo de BBK, cargo que abandonó para incorporarse a la ejecutiva de Idoia Mendia tras ser elegida secretaria general del PSE-EE.
El inevitable reconocimiento de esta “actuación irregular”, según calificación expresa del banco vasco, supone un golpe duro para todas las partes implicadas: Kutxabank, Mario Fernández, PNV, PSE-EE y Cabieces, que ayer no ocultaron su contrariedad. Más allá de las incómodas situaciones personales, es evidente que se reabre la polémica sobre el control político de las cajas de ahorro a cuatro meses de las elecciones locales y, en paralelo, se teme que Kutxabank pueda verse inmersa en la extensa ola de corrupción y de gestión bancaria irregular.
Nacionalistas y socialistas siempre se han entendido en el ámbito de la BBK. En el consejo de administración elegido en noviembre de 2012, Francisco Berjón y Mikel Cabieces fueron la representación socialista y meses después, tras la conversión de la entidad en fundación, la cuota se amplió con la incorporación de Óscar Seco. Cabieces lastra el proceso de renovación interna de Idoia Mendia y supuesta la apuesta del PSOE contra la corrupción.
Kutxabank ¿También?
http://blogs.elpais.com/sirimiri/2015/02/kutxabank-también.html
Bidegi y el Consorcio de Residuos arruinan las arcas de Gipuzkoa
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/01/31/paisvasco/1422721849_226458.html
Fernández Kutxabankeko presidente zenean, bankuak 243.000 euro eman zizkion zerbitzu juridikoak eskaintzen zituen abokatu bulego bati. Barne auditoria baten ondoren jarduera “irregular” hori atzeman du Kutxabankeko zuzendaritza berriak eta Bizkaiko fiskal Carmén Adanen eskuetan jarri du kasua.
Mikel Cabiecesek lotura zuen abokatu bulegoarekin. Hala, 2012an Espainiako Gobernuko delegazioa utzitakoan langabezian geratu zenean, hilero 6.000 euroko soldata hasi zen kobratzen zeharka Kutxabankek emandako dirutik. Hala segitu du 2014ko urrira arte, hain justu Fernándezek Kutxabankeko presidente kargua utzi baino egun batzuk lehenagora arte.
Cabieces BBK-ko administrazio kontseiluko kide izan zen, erakunde horren bidez ustezko soldata ezkutua kobratzen zuen bitartean. 2014an banku-fundazio berriko patronatu-kide izateko ere izendatu zuten, baina azaroaren 26an karguari uko egin zion; hurrengo egunean Fernándezek Kutxabanketik ospa egin zuen.
Kutxabankeko presidente ohiak bere errugabetasuna defendatu du ohar labur batean. Baina aldi berean 243.000 euroak ordaindu ditu bere poltsikotik.
Oraindik galdera ugari daude airean. Zeren truke agindu zuen Fernándezek Cabiecesi diru hori guztia ematea? Zer ikusi du aurrezki kutxen banku bihurtze eta pribatizazio prozesuak? Kutxabankeko barne ikuskaritza agindu zutenean, EAJk eta PSEk ba al zuten jadanik ordainketa horien berri?
Eskandalua jakin eta egun berean Cabieces PSE-EEko idazkari nagusi Idoia Mendiarekin elkartu da. Alderdian dituen kargu guztiak utzi ditu portugaletetarrak eta militantziari uko egin dio. Mario Fernándezek ordea EAJko militante izaten segitzen du.
Mario Fernández eta Repsol
Kutxabankeko ustezko ustelkeria kasu honetan datek ez dirudite kointzidentzia hutsa. Auzia azaleratu bezperan, Mario Fernández Repsoleko ikuskaritza batzordeko kide izendatu dute.
Fernández 2011n sartu zen petrolio konpainiako kontseilari independente, BBK-ko presidente zela –horrek bateragarritasun arazoak ekarri zizkion–. Hala, aurrezki kutxatik jasotzen zuen soldataz gain, beste 221.000 euro jaso zituen 2012an eta 2013an Repsoletik.
Mario Fernández ahora dice que el PP le pidió que buscara un puesto para Cabieces
El fiscal pide al juez que investigue el pago de 107.000 euros de Iberdrola a Cabieces
La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, estableció ayer un paralelismo entre los pagos supuestamente irregulares al exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces por parte de Kutxabank con el presunto fraude cometido en la gestión de la sociedad foral de carreteras Bidegi. Aseguró que ambos casos esconden “pactos no escritos” entre partidos para buscar acomodo en empresas privadas a determinados cargos cuando estos dejan su actividad política.
Para sostener esta afirmación, Ugarte reveló que un representante del PNV y otro del PSE-EE son consejeros de la ingeniería que “falseó” unas mediciones en las obras de construcción de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria), según la Diputación, con la finalidad de motivar un sobrecoste y cobrar de Bidegi por unos trabajos no realizados
Las investigaciones llevadas a cabo por la Hacienda de Gipuzkoa entre los años 2010 y 2012 a raíz de la llegada a la Diputación de la relación de contribuyentes guipuzcoanos incluidos en la lista Falciani de titulares de cuentas en el banco suizo HSBC permitió al fisco recuperar de estos más de seis millones de euros. Como ya anunció DV en junio de 2010, al poco tiempo de saltar el escándalo, la lista Falciani incluía a 89 guipuzcoanos, a los que la Hacienda entonces dirigida por Pello González (Hamaikabat) abrió de inmediato un procedimiento de inspección.
Las cifras
585.146 euros es la cantidad más elevada pagada por un contribuyente guipuzcoano durante los procesos de inspección que se llevaron a cabo entre 2010 y 2012.
160 vascos. Además de los 89 guipuzcoanos, en la lista Falciani aparecían 60 vizcaínos y once alaveses. En total, 160 vascos.
La primera referencia documental sobre el resultado de esas investigaciones data de abril de 2012, ya en la actual legislatura, cuando en respuesta a una pregunta formulada por el PSE en las Juntas Generales (el Parlamento provincial), la actual diputada de Hacienda, Helena Franco (Bildu), aportaba la relación de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo sobre cuentas bancarias detectadas en otros países a contribuyentes guipuzcoanos. El listado, en el que no aparecen los nombres de los investigados sino los números de expediente, incluye, además de los presentes en la famosa lista, otros contribuyentes con patrimonio en terceros países además de Suiza, como Andorra, Francia o Reino Unido. No obstante, el grueso de ese listado de cuentas sospechosas se corresponde con los contribuyentes detectados gracias al informático franco-italiano.
Pero el Gobierno Vasco ha actualizado el catálogo de cargos públicos de la Administración vasca, incluidos los entes públicos, como EITB. 400 altos cargos en nómina, más 30 vacantes.
La cifra es récord, pero comprobarlo es complicado. La transparencia en las administraciones públicas brilla por su ausencia. Desde luego, es la cifra más alta desde 2009, desde que se publican en el portal de transparencia.
Una Administración artificialmente inflada por el gobierno de coalición: hay un 9 por ciento más de altos cargos que en la legislatura de Urkullu en solitario
¡¡¡ y la proliferación de asesores, en aumento exponencial!!!.
Y nadie dice nada
400 altos cargos casi duplican los poco más de 200 que tenía la administración vasca a finales del siglo pasado ¡Hace 20 años!.
Mientras esta gente anuncia una reducción de la Administración, el hecho es que esta adelgaza o aumenta en función de intereses y compromisos políticos.
¡¡¡Camuflados como cargos públicos se nos están colando estructuras de partidos pagadas con sueldos públicos!!!
Prueben y miren. Es público. Están con nombres y apellidos, descubrirán a muchos políticos a los que habían perdido la pista.
Luisa
Las instituciones han adjudicado 76 millones en cientos de contratos a las empresas que la CNMC investigaba por “un posible reparto de contratos de servicios de consultoría licitados por la Administración autonómica del País Vasco”.
En Euskadi la burguesía siempre ha estado íntimamente ligada al Estado. Durante su génesis, opulentos hombres de negocios financiaron las aventuras de ultramar haciéndose aún más ricos gracias al expolio colonial, como los Marqueses de Urquijo. Posteriormente, durante su période dorée, los que engrosaron sus bolsillos con plusvalías provenientes de la industria eran también los alcaldables de Bilbao. Desde la Transición de 1978, clanes familiares como los Azua o los Atutxa han ido acumulando poder político y económico dentro y fuera de las instituciones, desde consultoras hasta puestos elevados de la administración, como el Puerto de Bilbao. El actual modo de gobierno no ha alterado un ápice esta característica; ni la constante búsqueda de beneficio, ni mucho menos la depredación y el rentismo asociada históricamente a esta. Más bien, podríamos decir que ha llevado la captura de las instituciones vascas a un nuevo término.
El llamado cártel de consultoras no es sino un subproducto del nepotismo vasco que combinado con una larga década de austeridad, requería un nuevo arreglo político ante el vaciamiento de las administraciones y la merma de su burocracia. Así, las carencias institucionales creadas por el marco normativo del Estado neoliberal han sido remachadas a golpe de boletín oficial, desplazando ámbitos del poder político hacia el sector privado en lo que podríamos denominar una suerte de “gubernamentalidad licitadora”.
Semejante proceso de neoliberalización no es exclusivo al País Vasco, pero este territorio cuenta con algunas características propias, consecuencia de un entramado institucional que es sin lugar a dudas el mayor factor diferencial de “lo vasco”. El reconocimiento de los Fueros y el Concierto Económico ha permitido a la oligarquía local construir un dique de contención ante las fuerzas centrípetas del capital global, permitiéndoles retener durante algún tiempo su cuota de poder y beneficio, en un lento declive desde los años gloriosos de la industria pesada. Digamos que la constitución del Estado de las Autonomías vino acompañado también de una plétora de empresas cuya única misión era capturar los primeros contratos públicos del café para todos.
El expediente abierto por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha reabierto el debate sobre las leyes motrices que guían la gestión política jeltzale. La impune manipulación de contratos por parte de un cártel de consultoras revela que la antigualla oligárquica regional opera mediante esquemas de dudosa legalidad, dejando a la Fiscalía la patata caliente de investigar si debe sumarse un caso más de corrupción al historial del Partido Nacionalista Vasco. Tanto el contenido de la investigación del organismo de competencia como las pesquisas que ha llevado a cabo Hordago-El Salto muestran que este castillo de naipes, la cosa vasca, cada vez hace más aguas.
Encerrados en la lógica externalizadora tras la crisis
La Gran Recesión de 2008 supuso la sumisión intelectual definitiva de los estatistas vascos al poder de las consultoras. Era un momento de enorme confusión, la economía de mercado había faltado a todas sus promesas de prosperidad, los dirigentes políticos no sabían muy bien cómo actuar o qué nuevos eslóganes ofrecer para preservar su legitimidad. En aquel año, según los datos de la CNMC, un municipio del tamaño de Zierbana (1.351 habitantes) se podía gastar 25.000 euros para que una empresa estrechamente ligada al PNV (97S&F) redactara un “informe-reflexión estratégica para propiciar el desarrollo socio-económico” de la zona. Al mismo tiempo, la Diputación de Álava gastaba 69.600 euros para que Deloitte, en un contrato amañado, realizara diversos trabajos para algo tan anodino como “la logística del proceso de contacto con agentes socioeconómicos del Territorio Histórico”. De repente, hasta la más mínima función pública era susceptible de ser externalizada.
Los contratos recabados nos hablan de la conquista corporativa de las administraciones por parte de las consultoras y de la forma más elevada del clientelismo vasco
De ello dan cuenta las más de 300 páginas del expediente realizado por el organismo de competencia, el cual apunta hacia al menos una década de amaños en donde las administraciones ofrecían a las firmas de consultoría del cártel contratos para la creación de planes y estrategias públicas, dándoles la oportunidad de adjudicarse estas licitaciones sin que ninguna otra empresa pudiera siquiera participar o tener conocimiento de ello. Varias docenas de millones del erario público licitados de manera fraudulenta que se deben poner en el contexto de los casi 220 millones de euros que las administraciones vascas han adjudicado a estas empresas en un total de 837 contratos.
Muchos de ellos ocurrían mientras la CNMC llevaba a cabo diversas inspecciones en las sedes de estas empresas ante las fundadas sospechas de que existían acuerdos orquestados para repartirse contratos e intercambiar información con la administración pública. Aquello fue en octubre de 2018. Cuatro meses más tarde, en 2019, este organismo abrió un expediente sancionador contra 25 empresas de consultoría y ocho de sus directivos. Desde esa fecha, de acuerdo a los datos hechos públicos en la plataforma de contratación de Euskadi, las instituciones vascas adjudicaron 421 contratos por valor de 76.1 millones de euros a las consultoras del “cártel norte”. Buena parte de los cuales han sido contratos menores, cuya elección es completamente discrecional.
Esta cifra permite vislumbrar la enorme dependencia institucional sobre el cártel de consultoras. De hecho, el rumbo de las políticas públicas que debían haber paliado los efectos de la crisis económica se entregaron a consultoras afines a simpatizantes del Partido Nacionalista Vasco. ¿Desaceleración industrial debido a la competencia intercapitalista mundial? La Diputación Foral responde “asistencia técnica y consultoría Plan de Diseño Industrial 2012-2015 de Bizkaia.” De nuevo, Deloitte fue la adjudicataria por un importe de 40.000 euros.
¿La tasa de paro juvenil se dispara 12 puntos en Euskadi, hasta el 42,68%? Un contrato de 70.210 euros a Deloitte para la “Asistencia Técnica y Consultoría para el Diseño y Análisis de escenarios de modelos de relación de LANBIDE”. También se delegó la “reactivación del Empleo [en] 2013- 2016” a Deloitte, quien recibió 35.000 euros. Posteriormente, esta empresa se adjudicó el seguimiento y la evaluación de varios instrumentos de planificación: el Plan de Empleo 2014-2016 y la Estrategia Vasca de Empleo 2011-2014. En 2015, otra “Asistencia técnica del seguimiento y evaluación del plan de empleo” se la adjudicaron, esta vez a 97 S&F, por un valor de 33.950 euros. También corrió esa suerte el “Plan Operativo de Acción 2025 para reducir la brecha salarial en Euskadi” por 48.400 euros a 97 S&F.
En este desenfreno externalizador, más centrado en servir al lucro de las consultoras que ha responder al mandato democrático que le ha entregado la sociedad vasca, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha externalizado hasta 1.3 millones para delegar a empresas privadas todo tipo de funciones públicas, como los planes de empleo joven. Deloitte se adjudicó el contrato más cuantioso: 134.310 euros para la “Programación, seguimiento y evaluación del IV Gazte Plana”. La mayoría de estrategias fueron externalizadas, y pocas fueron diseñadas desde el propio Gobierno Vasco. Por ejemplo, el “Plan Estratégico de Empleo 2017-2020” se licitó por un valor de 65.000 euros a 97 S&F.
La falta de imaginación institucional de las Diputaciones
Hace tiempo que una certeza barrunta a los políticos vascos: el único plan es que no hay plan. O, mejor dicho, las estrategias forales han sido diseñadas por los testaferros de los beneficios corporativos. Asesores que redactan planes públicos para favorecer los intereses de las firmas de consultoría, pero también los de sus clientes, grandes empresas vascas y españolas. Teniendo en cuenta los datos presentes en la plataforma de contratación, en la cual no se publican todos los datos forales, la Diputación de Bizkaia habría entregado 8.7 millones a las firmas del cártel desde 2017. Por el contrario, la cifra externalizada por Álava ascendería a casi un millón y la de Gipuzkoa a 5.3 millones de euros. Estamos ante instituciones que entienden la soberanía como una autoridad que no se le confiere a un cuerpo político, sino a unos cuantos consultores de poca monta.
Este proceso de delegación de funciones públicas se ha puesto de manifiesto aún si cabe de manera más clara durante la pandemia. El Área del Diputado General de Gipuzkoa ha adjudicado tres contratos por casi 200.000 euros a Bmasi, cuyo administrador principal es uno de los instigadores del cártel, Sabin Azua, para realizar tareas como “la consultoría para el desarrollo de la competitividad post-pandemia” o “la asistencia técnica para identificar los cambios post-covid y reflexionar sobre su actuación”. Una mezcla entre falta de imaginación y una obsesión compulsiva por externalizar funciones públicas explican estos contratos que también cayeron en manos de Azua, hermano del ex-Vicelehendakari Jon Azua y antiguo asesor de la Hacienda foral vizcaína. Otro nombre inquietante es el de su tercer hermano, Iñaki Azua, quien tuvo que dimitir de Elkargi (la institución financiera que insufla crédito garantizado por el Gobierno Vasco al tejido empresarial) porque la consultora para la que trabajaba también había sido sancionada por amañar licitaciones: Uliker, con 11.040 euros, cuya matriz es PKF Attest, de donde Azua era responsable del área de Consultoría Estratégica, y a quien la CNMC también incoó en primera instancia. NEIKER, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, suma 26 contratos externalizados por valor de 216.000 euros desde 2008. Todos con estas dos consultoras, vinculadas a Iñaki Azua.
SABIN-URKULLU
Incapaces de imaginar otra forma de hacer política más allá de estas subcontrataciones, las Diputaciones han tratado de blanquear esta práctica con discursos sobre el emprendimiento. Por ejemplo, BEAZ, la entidad pública de la Diputación de Bizkaia creada para “dar soporte a emprendedores y empresas en la búsqueda de nuevos proyectos”, ha pagado 25 millones de euros para la “concesión de servicios para la dirección y gestión del Centro Internacional de Emprendimiento de Bizkaia.” Pricewaterhousecoopers, una empresa que lo más creativo que ha impulsado en Euskadi es un cártel, se lucra fomentando la cultura del emprendimiento en un edificio que cuenta con un Primark de cinco pisos. Más que un ente público, BEAZ es algo así como un catalizador de dinero público hacia una empresa que ha sido multada con 670.000 euros. De hecho, este ente le adjudicó casi la mitad de esa cifra a PwC por realizar un servicio de apoyo a la aceleración de empresas de Bizkaia.
Entre los hits externalizados a esta empresa por la Diputación destaca la “Caracterización de la cadena de valor e identificación de nichos de oportunidad en la Silver Economy en Bizkaia”. Este es un eufemismo para la creación de una economía basada en mercantilizar las necesidades de los mayores de 50 años (de ahí el término Silver) y financiarizar la jubilación de los mayores vascos, extendiendo las jerarquías sociales hacia las edades adultas. Estas lógicas de desposesión intergeneracionales son fácilmente extensibles hacia los fondos ‘Next Generation’, entre cuyas partidas aparece la creación del llamado Nagusi Intelligence Center en Bizkaia, especializado precisamente en la Silver Economy.
El hype del Estado emprendedor y los fondos ‘Next Generation’
La forma en que los líderes jeltzales lidian con su degradación política y su falta de imaginación institucional suele pasar por enarbolar discursos grandilocuentes sobre el rol del Estado. Ello ha ocurrido de manera aún más notable durante la pandemia: tanto el Gobierno Vasco como la Diputación de Bizkaia se han presentado como una suerte de Estado emprendedor que dirige la innovación desde el sector público a fin de que las empresas privadas de la región sean más competitivas en los mercados internacionales y así se produzca un retorno público de valor. En la práctica, los contratos recabados por Hordago-El Salto nos hablan de la conquista corporativa de las administraciones por parte de las consultoras y de la forma más elevada del clientelismo vasco. También ilustran cuál será el devenir del dinero que llegue —administrado por el Estado español— desde Bruselas.
Entre los ejemplos más palmarios están la Estrategia vasca de Crecimiento sostenible en el marco de los fondos ‘Next Generation’, que fue entregada a PricewaterhouseCoopers por 17.000 euros desde Lehendakaritza, los 17.545 que le adjudicó la SPRI a esta misma empresa para la “identificación de proyectos Next Generation UE” o una cantidad similar que el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario adjudicó a PwC bajo el concepto de “asistencia técnica para la definición de proyectos y elaboración de la documentación necesaria para optar a fondos de reconstrucción.” Hasta qué punto podrá probarse esta afirmación que “Asistencia Técnica” es el leitmotiv bajo el que se han firmado 150 externalizaciones en Euskadi con el objetivo tácito de entregar a las consultoras las funciones gubernamentales.
Ciertamente, el Departamento que dirige Arantxa Tapia tiene un papel preponderante en la ideología que preconizan los fondos ‘Next Generation’ de la Unión Europea. Además de las múltiples atribuciones de este Departamento Frankenstein, que ha sumado a la Dirección de Desarrollo Económico las relativas a la Sostenibilidad y Medioambiente (léase aquí capitalismo verde y transición energética), el elevado número de empresas públicas como la SPRI que dependen del mismo le da una mayor margen de maniobra. Este Departamento sería quien dicte el devenir de la economía vasca y, como no podía ser de otra forma, de la mano de las grandes consultoras. Por ejemplo, a nadie se le escapa el peso que ha adquirido todo lo relativo al “emprendimiento” en las últimas décadas. Ese imaginario descrito en el que un excéntrico personaje trabaja en su garaje hasta que cuaja la idea del millón de dólares. Un personaje que, evidentemente, sólo existe en la última variante del sueño americano, pero aún así ha conseguido empapar nuestras políticas públicas.
En este contexto debemos comprender que el Gobierno Vasco haya impulsado numerosos “planes de emprendimiento” basados en las premisas del modelo anglosajón de desarrollo tecnológico, donde la única forma de innovación es la que facilitan las famosas “startups”: canalizar dinero al sector privado, sea desde el sector público o el mercado de valores. Ahora bien, ¿quién se ha encargado de convertir esta ideología de origen californiano en un plan público? Los servicios de asistencia técnica para “el plan interinstitucional de emprendimiento” han sido adjudicados sistemáticamente a Bmasi, la firma de Sabin Azua. Lo fue para el periodo 2017-2020 por un valor de 217.800 euros, para el año 2020 por un monto de 187.550 y también para el recientemente presentado plan que estará en vigor hasta el año 2025 por un cantidad de 90.000 euros. A las políticas diseñadas por esta empresa deben añadirse los planes de intraemprendimiento de la SPRI y los equivalentes forales. Ante un ejemplo tan evidente cabe hacerse alguna pregunta: ¿en manos de quién están las decisiones para el fomento del emprendimiento?, ¿tiene el Gobierno Vasco agenda propia?, ¿está garantizada la libre concurrencia en los procesos de licitación pública o existe una forma sutil de reparto de contratos?
Con mayoría absoluta en el Parlamento, el PNV ha externalizado muchas de sus funciones a las consultoras del cártel. ¿Es falta de inteligencia política o una praxis neoliberal centrada en desmantelar las funciones del Gobierno?
El área del Gobierno que dirige Arantxa Tapia no es la única que funciona así por defecto. Para el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, que ha protagonizado el último escándalo a este respecto, es más fácil desplazar dinero y poder público hacia empresas privadas que atajar los problemas de articulación territorial y vivienda. Ha externalizado una docena de planes por valor de 500.000 euros para que Idom y 97 S&F se hagan cargo de cuestiones como un “proceso de reflexión para la Agenda Urbana de Euskadi 2050”, o incluso para que estas firmas diseñen los “decreto vivienda deshabitada en la CAPV”. De nuevo, 97 S&F tomando decisiones políticas, menoscabando las capacidades de los funcionarios y cobrando altas sumas de dinero público por ello. Hablamos de una empresa dirigida por dos personas vinculadas con el PNV que formaron una sociedad en Panamá llamada Hub de las Américas.
Otro dato que sostiene la argumentación de que el Estado emprendedor vasco es una tremenda farsa es que la Diputación de Bizkaia ha pagado la friolera de 500.000 euros a la celebre Mariana Mazzucato, para un proyecto que pretende la alineación fiscal de esta institución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En lo que parece más un producto publicitario que un informe económico, el documento intenta acercar al País Vasco la citada tesis del Estado emprendedor de Mazzucato sin ninguna consistencia empírica. Este documento se compone de 40 páginas, aunque buena parte de estas las ocupa un anexo con los ODS. Cuestiones como las presentes en este acuerdo, “dirigir las finanzas hacia la sostenibilidad” o “la transformación institucional”, contrastan con la praxis neoliberal de los jeltzales en la trama de las consultoras: todo lo que tiene Euskadi de innovador es la capacidad de adaptación de las redes clientelares del poder vasco y su inventiva a la hora de cooptar los espacios de decisión colectiva.
Dirigismo a la Urkullu
Más allá de narrativas sobre el Estado emprendedor, la ausencia real de una figura política pública que dirija la economía vasca resulta notable. No parece haber nadie a los mandos de Euskadi, lo cual queda patente en el hecho de que, durante el último mandato de Iñigo Urkullu, Lehendakaritza haya delegado 522.000 euros en 21 contratos a las consultoras del cártel norte. De hecho, una de las palabras más repetida entre los planes externalizados es “planificación”. Para una genealogía sobre la incapacidad política a la hora de pensar en cómo deben ser los organismos públicos en el siglo XXI da buena cuenta que haya sido delegada hasta la “asistencia técnica para la identificación y definición de recomendaciones de mejora de la gestión del entramado institucional vasco”. Contratado por Lehendakaritza en la era de Patxi López, este fue adjudicado a Deloitte por 60.000 euros, y lo hizo después de que las otras dos empresas (Bmasi y 97S&F) decidieran misteriosamente no hacer ofertas, según se desprende de los datos de la CNMC.
La desfachatez del séquito de tecnócratas del lehendakari Urkullu es tal que hasta han pagado 6.000 euros para elaborar un documento narrativo del modelo Basque Country, es decir, externalizar incluso la comunicación propagandística sobre su propia ideología. En total, casi 200.000 euros se han entregado a Idom y Deloitte en siete contratos para dar forma al proyecto Basque Country. Ahora bien, con mayoría absoluta en el Parlamento, ¿no tiene el PNV asesores suficientes?, ¿es falta de inteligencia política o una praxis neoliberal centrada en desmantelar las funciones del Gobierno que recorre cual neumonía la espina dorsal de Ajuria Enea? El hecho de entregar 21.778 para el “estudio de viabilidad para la creación del Premio Basque Country” da cuenta de lo segundo. Quién con unos dotes políticos mínimos gasta dinero para que una consultora te diga que sí, que es posible entregarle un premio a Emma Suárez durante la 65 edición del Zinemaldia. Pocas adjudicaciones tan metafóricas como esta para ilustrar el expolio público que este partido lleva a cabo.
Firmas de consultoría, nueva forma de tecnocracia
En efecto, estas firmas de consultoría gestionan muchas de las responsabilidades política del Gobierno Vasco. Desde Lehendakaritza hacia abajo en la cadena tecnocrática y las entidades dependientes, la remodelación institucional suele significar sustituir al cuerpo de funcionarios públicos por un grupo de consultores. Esta suerte de planes para adelgazar a las propias instituciones bandera de los políticos nacionalistas alcanzaron su máxima representación en contratos como los 54.000 euros adjudicados a Deloitte para un estudio sobre “la definición de un modelo de cálculo del coste efectivo de los servicios de las entidades locales”. ¿No es esta una constatación de que para el PNV el cuerpo político y los servicios públicos son entendidos como un coste?
La estrategia del Gobierno vasco para fomentar las educación pública es pedirle a dos empresas investigadas por manipular contratos que diseñen sus planes pedagógicos
La lógica tecnocrática que se ha establecido en Euskal Herria es la toma de decisiones desde arriba (consultoras y directores alineados con los intereses del PNV) hacia abajo (el plantel público). De hecho, esto es el gérmen ideológico que ha seguido el Departamento de Salud al entregar 44.770 euros a Bmasi para crear un programa de despliegue participativo entre todos los agentes implicados en el ámbito de la salud. Pareciera, además, que el Estado del bienestar en Euskadi es percibido como un coste que unas cuantas consultoras pueden optimizar, es decir, mercantilizar y privatizar. Así se entiende que el Departamento de Educación haya firmado dos contratos de exactamente 17.908 euros con Bmasi y Deloitte para algo tan etéreo e ideológico como “promover la especialización tecnológica y pedagógica del profesorado de formación profesional vinculados a la industria 4.0.” e, inmediatamente después, para la “elaboración de un estudio sobre la evolución del alumnado y las necesidades de plantilla del profesorado.” ¿Cuál es la estrategia del Gobierno Vasco para fomentar una educación pública de calidad? La respuesta es pedirle a dos empresas investigadas por manipular contratos que diseñen los planes pedagógicos, es decir, que los adapten a la forma corporativa que impone la ideología neoliberal. Al parecer, los hombres de Urkullu son incapaces hasta de mercantilizar la educación por sí solos.
Esta alianza institucional público-privada explica la absurda lógica por la que se ha burocratizado aún más la gestión al tiempo que las instituciones han ido perdiendo peso. Estamos ante la licitación de las labores propias de una tecnocracia de consultores, quienes redactan los planes (en muchos casos, mediante la subcontratación de otras empresas o profesionales, además de su ejército de becarios) mientras los dirigentes de turno se presentan ante la opinión pública como grandes gestores del velero institucional vasco. Esto podría parecer eficiente, e incluso deseable, si no fuera porque el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha externalizado 4 millones de euros en 53 contratos de lo más variopinto en apenas un par de años, principalmente para que Indra e Idom saquen tajada de un Estado militarizado que invierte cada vez más en dopar las capacidades policiales.
Estos ejemplos nos sirven para remarcar el carácter de la gubernamentalidad vasca, bioproducto de un conjunto de factores determinados, algunos propios de la ideología neoliberal y otros de la propia idiosincrasia vasca. Sea como fuere, el resultado de inventar planes, estrategias y demás trámites burocráticos no es una mejor labor pública, sino dopar los beneficios de las consultoras, quienes amañaban contratos para drenar los recursos públicos en un momento donde las desigualdades no paraban de acrecentarse, como tampoco los recortes educativos o los techos al gasto sanitario. Desde el PNV se ha señalado que no tienen nada que ver con esta trama, pero lo cierto es que la externalización (a veces en forma de prácticas ilícitas, y otras amparados bajo la insuficiente ley de contratación del sector público) forma parte de su ADN. Y para ello no hace falta más que fijarse en esos eventos corporativos en donde intercambian promesas sobre los planes del futuro mientras comparten cócteles y canapés.
Una conclusión parece clara: esta trama no es una falla puntual del mercado libre, como pudiera expresar el expediente de la CNMC, sino que encuentra su fundamento en una extraña forma de caciquismo autoritario à la basque. Cuando la toma de decisiones política se encuentra más constreñida debido a factores de la economía global, como la austeridad, el Gobierno de Iñigo Urkullu ejerce la autolimitación a través de la delegación de toda función pública. Mediante la externalización, las consultoras del entorno peneuvista se convierten en los únicos autores de las voluntades políticas. Existen, a estas alturas, pocos visos de que un organismo fiscalizador pueda regular el mercado o garantizar las condiciones para que surja la competencia. Euskadi es un lugar desde el que se perciben las contradicciones del capitalismo global de una forma particular, pero también cuál es la única alternativa: superar total y definitivamente la forma mercantil y corporativa.
Ekaitz Cancela Miguel Virizuela 17 07 2021 Hordago-El Salto