Los 705 de la lista Montoro
¿Qué tipo de cargos públicos están siendo investigados por blanquear dinero negro en la amnistía fiscal del Gobierno?
por Ignacio Escolar
Políticos, altos cargos, jueces, militares, embajadores… Lo ha confirmado el propio ministro de Justicia, para pasmo general. En esta España de Alí Babá en la que un tipo como Rodrigo Rato pudo pasar por gran gestor milagroso, hay 705 “personas expuestas políticamente” que están siendo investigadas por presunta corrupción.
Son 705 entre los cerca de 40.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal; 705 presuntos delincuentes que intentaron blanquear un dinero que podría venir de delitos mucho más graves que el mero fraude fiscal: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación… Ese 3% de comisión tan español.
De los 705 de la lista de Montoro ya sabemos algunos nombres: Rodrigo Rato, Francisco Granados, Luis Bárcenas, algunos de los Pujol… Hace unos meses, cuando la lista Falciani apareció, el locuaz Cristóbal Montoro ya avisó de que aquello era «un aperitivo» de lo que estaba por aflorar.
La gran pregunta: ¿quién más está en esa lista? Aún no se sabe, pero el ministro de Justicia ha dado una buena pista al explicar que son personas a las que se considera políticamente expuestas “de acuerdo con la ley de blanqueo de capitales”. ¿Y qué dice esa ley? En su artículo 14 lo explica bastante bien: son aquellos que en España o en otros países europeos tengan responsabilidades públicas importantes como:
Jefes de Estado
Jefes de Gobierno
Ministros
Secretarios de Estado
Subsecretarios
Parlamentarios
Magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y miembros equivalentes de la Fiscalía
Los miembros del Tribunal de Cuentas o consejeros de bancos centrales
Embajadores y encargados de negocios de las embajadas
El alto personal militar del Ejército
Los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública
Familiares próximos a todos estos cargos: padres, hijos, pareja o parejas de los padres o de los hijos
Socios empresariales o testaferros de estos cargos
La ley obliga a que la supervisión de notarios, abogados, bancos y otros organismos sobre estas “personas con responsabilidad pública” sea mayor, y que comuniquen cualquier irregularidad que detecten al Sepblac –que combate el blanqueo de capitales–. Fue una directiva europea la que incluyó esta vigilancia extra en nuestra legislación; en España no se nos ocurren estas cosas por iniciativa propia.
Los VIP políticos no son cualquiera, por lo que los 705 tampoco lo son. En esta definición no entran alcaldes y concejales: uno de los mayores focos en España de la corrupción. La lista de los 705, además, no es definitiva. Hacienda aún está cruzando datos de la amnistía fiscal y este número todavía puede aumentar. Sus nombres, por ahora, no han trascendido. ¿No sería imprescindible saber de quién hablamos antes de que los españoles vayamos a votar?
Mario Fernández, tras comparecer ante la jueza por los pagos al socialista Mikel Cabieces, dijo que se siente engañado por su sucesor, Gregorio Villalabeitia, por destapar el caso y no informarle. Y soltó «Yo no acostumbro a dejar heridos».
¿Un calentón? Quienes estuvieron con él destacan lo medido y ordenado de sus declaraciones. Lo que dijo Fernández lo dijo con toda la intención y ante micrófonos y cámaras. Quería que se supiera: que lo supiera Villalabeitia y que lo sepa el PNV, el partido que le retiró su confianza.
Fernandez usa términos bélicos. Es evidente que se ha desatado una guerra. Con ingredientes de política, de vendetta personal (los dos estuvieron en distintos bandos en el germen del BBVA)… que no se quedará aquí.
De la Rosa al ‘pequeño Nicolás’: «Rato, Aznar y Felipe González se llevaban maletas de dinero del Seguribank»
«Iban a las ocho y media de la mañana Rato, su hermano, Aznar, a coger maletas con efectivo», relata De la Rosa, condenado por el caso KIO
El registro de la conversación entre De La Rosa y el ‘pequeño Nicolás fue grabada por este último y ha sido incorporada al proceso judicial que se sigue contra él
eldiario.es
El empresario catalán Javier de la Rosa cuenta al ‘pequeño Nicolás’ cómo supuestamente grabó a Rodrigo Rato, José María Aznar y Felipe González llevándose maletas repletas de dinero de una sucursal del Seguribank gracias al escándalo KIO. «Del Partido Popular se llevaban el dinero Aznar y Rato de aquí, de la sucursal del Seguribank, y me hicieron hacer vídeos de esos… porque no se lo creían (los kuwaitíes). Iban a las ocho y media de la mañana Rato, su hermano, Aznar, a coger maletas con efectivo», se escucha en el audio al que ha tenido acceso eldiario.es y que grabó Francisco Nicolás durante un encuentro con el abogado en un hotel madrileño.
A continuación, Francisco Nicolás le pregunta: «¿Tienes vídeos de eso?», a lo que Javier de la Rosa responde: «Supongo que los han machacado, no me he quedado con ninguno». Y sigue: «Igual Rato que Felipe González a través de Sarasola… igual todo lo que vi. Lo que pasa es que lo metía todo porque yo pensaba que era ser leal. Para que no apareciera el rey y no aparecieran éstos en sus cuentas, lo metía en una cuenta a mi nombre, al nombre de mi mujer, por si yo me moría, y allí lo enviaba al minuto a esos sitios y no me quedaba nada. Pero cogieron esa cuenta y dijeron: «Eso no nos interesa».
«Y en la Audiencia Nacional me hicieron a mí responsable por desviación de fondos, es decir, apropiación indebida por desviación de fondos de 400 o 500 millones de la época, que fue lo que pagamos aquí durante la guerra de Kuwait, a la gente de aquí, a los partidos. Pero bueno», termina diciendo.
El empresario y abogado Javier de la Rosa está condenado por varios casos de corrupción. Uno de los más sonados fue el caso KIO, en el que, según la condena, se apropió de forma irregular de unos 500 millones de dólares mientras era el administrador en España de los inversores del grupo KIO (Kuwait Investments Office).
Rato, detenido. O cómo tan solo dos palabras pueden representar tanto para la sostenibilidad política e institucional de un país que está soportando una aluminosis tan corrosiva como para llevar a comisaría al símbolo del aznarismo aupado a la peana del éxito económico; al símbolo de toda una época mitificada por el PP que se va derrumbando al pegajoso calor de los escándalos por la trama Gürtel, del los desmanes consentidos de Bárcenas, del cuestionamiento del modelo de crecimiento sin complejos aplicado en Madrid o en Valencia. La imagen del Rato más derrotado abandonando su domicilio en un coche policial supone una nueva convulsión para una ciudadanía que, probablemente ya anestesiada ante la sucesión de corruptelas de alto copete, contempla con satisfacción -cuando no con abierto gozo- el escarnio público de quienes han tenido todo el poder y ahora cargan con el estigma de la sospecha y la culpa como cualquier vulgar delincuente, por mucha cuenta en Suiza que se haya atesorado. Sopla un inevitable aire de regodeo social en un país extenuado por las estrecheces económicas y que pide sangre, sea a través del despedazamiento de personajes de segunda en ‘Sálvame’ o a través de la caída de los ídolos con pies de barro y bolsillos oscuros en el Telediario. Es posible que el Gobierno perciba ese nuevo aire, que galvaniza la indignación ciudadana hacia el gusto por el escarmiento a plena luz del día y bajo las cámaras de televisión de los presuntos defraudadores que antes estaban en la cumbre. Parece obvio que Rato podía haber sido citado en comisaría sin necesidad de hacer ese paseíllo vengonzante entre el portal de su casa y las dependencias policiales. Que haya sido sometido a semejante humillación, agravada por la dimensión internacional que adquiere el arresto de quien fue director gerente del Fondo Monetario Internacional, trata de demostrar ante la opinión pública que todos somos iguales ante la ley, que al Gobierno no le va a temblarle ya el pulso en la lucha contra la corrupción, que el Estado de Derecho funciona. Pero algo sigue sin carburar como debe cuando ha sido una muy discutible amnistía fiscal la que ha sacado a relucir el posible blanqueo de capitales y otras irregularidades por parte de Rato. Cuando la Justicia llega tarde ante el quebranto producido no solo en el erario común, sino en la credibilidad del conjunto del sistema. Cuando, en definitiva, se opta por exhibiciones de ejemplaridad pública más propias de los tiempos en los que se castigaba en las calles al presunto delincuente que por regenerar en profundidad el entramado democrático, de modo que no sería preciso ver detenido bajo los focos a todo un exvicepresidente del Gobierno para que la ciudadanía sepa que no cabe impunidad y que los jueces y tribunales trabajan con todos medios y la independencia exigibles para perseguir la corrupción que todo lo pervierte.
Hay palabras que se escriben igual, con el mismo significado, pero que los políticos les confieren un concepto opuesto. No me refiero a términos como “corruptos”, “blanqueo”, “transparencia”, “imputar”, “prometer”, y tantas otras que cada cual interpreta a su manera, pero casi siempre fuera de su contexto natural, de su contenido correcto, y con distinta vara de medir. Por ejemplo, corruptos son siempre los otros, aunque tengamos la casa llena. En cambio, honrados y razonables somos nosotros. Para experiencia sensata, la nuestra; para aventuras irresponsables, las de los demás. Ese es el pan nuestro de cada día que se sirve en la mesa de los ciudadanos hasta provocarles el vómito. Por eso, prefieren hacer huelga de hambre que tener que llenarse la boca con semejantes mendrugos. Como les decía, no me refiero a esas palabras, sino a una que curiosamente acaba de recobrar toda su actualidad en el Congreso de boca de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría: Amnistía. A mí ese término me recuerda la lucha de un pueblo contra el franquismo; la represión contra unas manifestaciones que reivindicaban su país; y hoy, el clamor mayoritario por la liberación de todos los presos de ETA, para poner fin al conflicto. Naturalmente, el Gobierno Rajoy cree que ese significado es espurio y un atropello a la legitimidad democrática. Por eso enarboló la cadena perpetua y la ley mordaza. Pero no se equivoquen, no, que Rajoy y compañía también creen en la amnistía, aunque el suyo tiene un significado diferente, heterodoxo, que raya en la desfachatez. La Ley de Amnistía la han tergiversado hasta el extremo de amparar y exculpar los crímenes franquistas, aunque toda Europa clame que eso es una “golfería”. Amnistía es también, para el PP, dar un trato de favor a 715 (Rato incluido) “patriotas” que han blanqueado y defraudado durante años los bolsillos de los ciudadanos. Para ellos, no hay operaciones “jaque” o “mate”, sino una palmadita en el hombro.
Nos equivocamos al pedir la dimisión del ministro Fernández. Lo que debemos exigir a voz en grito es su detención e ingreso en prisión a la espera de un juicio del que no cabe esperar sino una condena de una porrada de años. Y a poco que las cosas sean como parecen -benévolo que soy, concederé la presunción de inocencia-, Mariano Rajoy Brey debería correr exactamente la misma suerte, como conocedor (dejémoslo ahí) de la turbia maquinación contra los líderes del proceso soberanista de Catalunya.
No creo que exagere ni un gramo. Es posible que la torrentera de latrocinios y pisoteos de derechos que se han sucedido en los últimos tiempos nos hayan endurecido la piel y la sensibilidad ante los atropellos. Es muy complicado, efectivamente, establecer un ránking de desmanes, pero no hay la menor duda de que estamos ante uno de los escándalos más graves de los cuatro decenios de postfranquismo que llevamos. Claro que tampoco es nuevo ni mucho menos, no nos engañemos.
Una vez más estamos ante la fetidez y la inmundicia de las cloacas del Estado -el español, por descontado- siguiendo al pie de la letra la peor versión de Maquiavelo, aquella que proclama, con aroma a Varon Dandy y copazo de Sol y Sombra, que el fin justifica los medios. De propina, con una mezcla de torpeza y vileza dignas de Nobel de la mendruguez. Hay que ser inepto a la par que malvado (o viceversa) para grabar una conversación llena de pelos y señales sobre propósitos claramente delictuosos. ¿Qué tenía en la cabeza esta manga de truhanes de tres al cuarto, paletos aprendices de Richard Nixon? Seguramente, la certidumbre de la impunidad.
NG
Una Gran Coalición llamada Ibex35
En 2013, mientras España era rescatada por la UE y se agravaban los recortes, aumentó la transferencia de gobernantes del PP y del PSOE a empresas clave. El Ibex35 se convertía, literalmente, en el gobierno en la sombra
Rubén Juste de Ancos
¿Qué sucedería si Esther Koplowitz tuviera que negociar con un gobierno de Pablo Iglesias los casi 1.000 millones de euros en préstamos que adeuda a Bankia (junto al BBVA)? (una deuda cuyo pago y vencimiento el ministerio de Luis De Guindos —y sus emisarios de BFA-BANKIA— han prorrogado hasta 2020). ¿Y si Florentino Pérez tuviera que negociar con Nacho Álvarez los créditos de Bankia que avalan sus acciones en ACS? O, vayamos más allá: ¿qué pasaría si un eventual gobierno de Podemos se enfrentara a los 500 millones de euros que pide el dueño de ACS para costear las pérdidas del AVE a Francia? Ahora, reformulemos estas preguntas en clave electoral: ¿apoyará el PSOE un gobierno liderado por Podemos, tal y como demandan las preferencias de sus electores, con un mandato que implique revertir o modificar los intereses y expectativas de los grandes empresarios del país? ¿O apoyará una gran coalición con PP y Ciudadanos, aunque esto suponga su automática y acelerada pasokización?
Aunque es cierto que no hay oráculo politológico que muestre el futuro, sí pueden alumbrar algunos antecedentes: el PSOE y el PP se han unido durante 24 años para defender los intereses de los grandes gestores del Ibex, generando una enorme dependencia mutua entre el Estado y las grandes empresas del Ibex, lo cual hace que muchos miembros del aparato estatal y de las grandes empresas actúen como un mismo “bloque”. El diccionario geológico llama bloque a aquel “fragmento de la corteza terrestre delimitado, total o parcialmente, por fallas, que constituye una unidad geológica y que tiene un comportamiento tectónico unitario”.“
El PSOE y el PP se han unido durante 24 años para defender los intereses de los grandes gestores del Ibex, generando una enorme dependencia mutua entre el Estado y las grandes empresas”
Una muestra de esta unidad tiene su reflejo en el flujo constante de ministros, secretarios, subsecretarios y presidentes de órganos reguladores que pasan velozmente a estas empresas (alrededor de un 20% de todos los consejeros del Ibex a lo largo de 24 años). También se muestra en el torrente continuo de recursos públicos drenados a estas empresas y por ende, a sus propietarios, los grandes garantes de los partidos tradicionales (con donaciones, condonaciones y cuotas de poder económico), y los primeros interesados en las grandes coaliciones. Una cifra: de 2004 a 2008, el periodo en que aparecen en los papeles de Bárcenas los pagos en negro de OHL al PP, un tercio de la facturación del grupo OHL venía de adjudicaciones de comunidades gobernadas por el PP.
Políticos en los consejos
Comencemos por 1991, año en que arranca el índice bursátil Ibex35. Heredero del FIEF 35, en el nuevo índice aparecen siete empresas participadas por el Estado (Fecsa, Repsol, Telefónica, Sevillana, Tabacalera, Endesa y Unión Fenosa), aportando el 40% de la capitalización total. Si exploramos los consejos de administración de esas empresas podemos encontrar 134 consejeros procedentes del Estado (el 27% del total), ya sea en administración local, autonómica, nacional o extranjera. Los más relevantes, aquellos que ocuparon un cargo en el gobierno y la alta administración, cargos políticos sujetos a nombramiento por parte del gobierno, eran un total de 114.
Ese año, a pesar de los 16 años pasados desde su muerte, la figura de Franco aún estaba muy presente en el poder económico. De los 114 consejeros, 36 habían sido nombrados altos cargos del gobierno durante el franquismo. La mayoría de ellos, en empresas de la construcción, como Antonio Carro Martínez (Vallehermoso), que fuera ministro de Gobernación, o los ministros de Trabajo Licinio de La Fuente (Dragados) y Fernando Suárez González (Urbis).
Sólo el PSOE le superaba, sentando en las poltronas del Ibex a 46 consejeros. A diferencia del sector vinculado al franquismo, los ex altos cargos socialistas se extendían por múltiples sectores, como el bancario, las empresas de energía y las empresas públicas: Miguel Boyer, el ministro “expropiador” de Rumasa, se sentaba en la constructora de las Koplowitz (FOCSA) y en Vidriera Española. Otro ministro del PSOE en los años ochenta, Joan Majó Cruzate, titular de Industria, acabó en Catalana de Gas. Majó no es cualquiera: sustituyó en Industria a Carlos Solchaga, el gran conseguidor de puestos en el Ibex35.
Pero el Ibex también era un trampolín político: en otro sector, el de las telecomunicaciones, se sentaba Elena Salgado, que 20 años después sería todopoderosa ministra de Economía y Hacienda con Zapatero. Entonces, tras su paso por las direcciones generales de varios ministerios (Obras Públicas y Economía), acabó en la pública Telefónica. En la misma empresa pública coinciden políticos del PSOE procedentes de múltiples ministerios: de Asuntos Exteriores, como el ministro Carlos Westendorp y Cabeza. Y del Ministerio de Industria, como secretario general de planificación industrial entre 1990 y 1994, Eugenio Triana, diputado también del PSOE.
Los restos de la UCD
El siguiente sector político de importancia en 1991 es UCD. Desaparecido como actor político relevante, se convierte en un lobby económico de gran envergadura. Veinticinco consejeros de empresas del Ibex tuvieron su primer cargo durante el periodo de gobierno de UCD. Entre ellos destaca, sin duda, Leopoldo Calvo Sotelo Bustelo, el sucesor de Suárez. Su retiro en el Ibex35 es todo un símbolo de la carrera de los ministros de la UCD: de presidente del Gobierno pasa a ser consejero del Banco Hispanoamericano. En este banco coincidirá con miembros del PSOE como Vicente Álvarez Areces (alcalde de Gijón), o con ministros del franquismo como Antonio Barrera de Irimo, ministro de Hacienda entre 1973 y 1974.
Los consejos de administración de las empresas del Ibex, aunque mantienen una unidad-bloque, están sujetos a cambios en su composición interna, que varía en función de los cambios en el gobierno. Tal es la influencia del Estado que, tras la victoria de Aznar, los ex altos cargos de gobiernos del PSOE pasaron de ser 46 a 17. Por otro lado, tras cuatro años de gobierno del PP, aparecen los primeros altos cargos del Estado en estas empresas: el ministro de Obras Públicas con el PP entre 1996 y 2000, Rafael Arias-Salgado, pasó velozmente ese mismo año a Carrefour. O José Joaquín Puig de La Bellacasa Urdampilleta, desde 1997 miembro del Consejo de Estado por nombramiento del Consejo de Ministros de Aznar, simultaneando el cargo con su puesto en el consejo de la hotelera Sol-Meliá.
2004-2010, vuelve el PSOE
De nuevo con el PSOE en el Gobierno desde 2004, la foto del Ibex35 en 2010 muestra cómo el control del BOE y de SEPI le permite retomar posiciones perdidas en el conjunto del Ibex35. Pasa de 17 a 25 miembros. Durante este periodo, el PSOE desembarca con toda su artillería, desde el vicepresidente del Gobierno Narcís Serra I Serra, el presidente Felipe González o Josep Borrell, ministro de Obres Públicas y luego presidente del Parlamento Europeo. La preferida, Gas Natural, donde Serra y González comparten sillón. En 2010, el Ibex era una burbuja todavía: mantenía niveles de capitalización de 2004, aunque la tasa de paro había alcanzado el 14,7% y España se encontraba en recesión, con un retroceso del 3,6% del PIB. Entonces la vieja guardia del PSOE se adentra por completo en las grandes empresas españolas. “
En 2010, el Ibex era una burbuja todavía: mantenía niveles de capitalización de 2004, aunque la tasa de paro había alcanzado el 14,7% y España se encontraba en recesión, con un retroceso del 3,6% del PIB ”
El PP, a pesar de perder el Gobierno nacional, no se queda atrás, con siete ex altos cargos en empresas del Ibex. Del periodo del gobierno de Aznar saldrán consejeros como José Folgado Blanco, secretario de Estado en Industria, que pasará a formar parte de Red Eléctrica, la corporación participada por SEPI. O, emulando a Salgado, De Guindos, cuyo puesto en Endesa fue una premonición de su ascenso a ministro en 2012. Antes había sido secretario de Estado en los dos últimos años de legislatura de Aznar. Endesa, la gran empresa pública de electricidad, había sido vendida a la italiana Enel, aunque quizá por patriotismo mantenía en nómina a otros políticos, como Miguel Roca Junyent, el defensor de la infanta, concejal y diputado por Convergencia.
Hay que decir que el PSOE es un hueso duro dentro del Ibex. Mantiene un suelo fijo en su cuota de poder económico, algo que se refleja en su leve retroceso en este selecto grupo tras perder el gobierno en 2011 y sufrir una severa derrota en las elecciones: de 25 ex altos cargos, pasa a colocar 20. La escudería González es quizá la más beneficiada, pues mantiene su cuota de poder, con el propio González, Luis Carlos Croissier Batista, su ministro de Industria, o Miguel Boyer (Economía y Hacienda). Las empresas preferidas por la casa, las de energía: Red Eléctrica, Repsol y Gas Natural. En cuanto a los altos cargos del PP, estos pasan de 7 en 2010 a 9 en 2013. Y no son cualquiera, ya que aparece la plana mayor del Gobierno de Aznar: Josep Piqué (Exteriores), Angel Jesús Acebes (portavoz del Gobierno), Juan Carlos Aparicio Pérez (ministro de Trabajo), José Folgado Blanco (Industria), Abel Matutes (Exteriores) o Isabel Tocino Biscarolasaga (Medio Ambiente).“
Mientras España había sucumbido al rescate y se agravaban los recortes, en el Ibex35 se afianzaba la transferencia de miembros del Gobierno del PP y PSOE hacia empresas clave
Así, en 2013, mientras España había sucumbido al rescate por parte de la Unión Europea al sector financiero y se agravaban los recortes sociales, en el Ibex35 se afianzaba la transferencia de miembros del Gobierno del PP y PSOE hacia empresas clave. El Ibex35 se convertía, literalmente, en el gobierno en la sombra. O mejor dicho, en la gran coalición en la sombra.
Pero veamos las consecuencias de este desembarco en empresas del Ibex de ese gobierno en la sombra: su posición en el sector eléctrico permite tener la cuarta factura eléctrica más cara de Europa, con un incremento del 70% desde el inicio de la crisis, frente al 50% y 40% de Alemania y Francia, respectivamente.
También tolera un agujero de 25.000 millones con las eléctricas, cuya financiación llevará a pagar unos intereses de 3.250 millones hasta 2026. En el sector del petróleo y gas, el preferido por el PSOE, podemos estar orgullosos de su labor: la venta de gasolina en España tiene el margen de beneficio más elevado (precios antes de impuestos) de Europa (0,403 frente a 0,378 de la media europea), y sus empresas acumulan sucesivas multas de la CNMV por pactar precios.
No se puede olvidar al hijo predilecto de los gobernantes hispanos: el sector financiero, rescatado en su conjunto, y en particular a Bankia, la gran prestamista de barones del Ibex como Florentino Pérez (450 millones en 2002 para la compra de Dragados, 1.100 para comprar Iberdrola en 2003, y 2.058 millones para ampliar dicha participación en 2006), las hermanas Koplowitz (840 millones a la sociedad patrimonial) o el marqués de Villar Mir (535 millones entre 2009 y 2011), además de la gran accionista de Mapfre, Iberdrola, Iberia, Indra, Ebro Foods o BME.
La consecuencia de rescatar a Bankia fue acabar con todas las cajas de ahorros, principal fuente de financiación local y autonómica hasta ese momento de numerosos proyectos sociales y económicos.
¿Será relevante esta gran coalición del Ibex35 a la hora de formar gobierno? Como dijo a principios de junio Felipe González, que el viernes cerrará la campaña del PSOE en Madrid, todo es una cuestión de compatibilidad: “Los pactos tienen que hacerse con quienes sean compatibles con las reformas que se quieran hacer”.
Autor
Rubén Juste de Ancos
Licenciado en Sociología. Ha realizado su tesis doctoral sobre puertas giratorias en el Ibex 35. Forzado a emigrar en 2010, primero a Australia, después a Paraguay y Ecuador, ha publicado diversos artículos sobre el ciclo político progresista en América Latina. La última colaboración, sobre cleptocracia y transnacionales en Paraguay, en el libro Descartes (Punto de encuentro, 2015).
El próximo presidente tendrá que arremangarse y acabar con las alcantarillas policiales antes de que estas acaben con él
Isaac Rosa
23/06/2016
Ya sabíamos que a la vuelta del 26J nos espera el tío Paco con los recortes (el tío Franz, más bien). Esos 8.000 millones extra que Bruselas exige al próximo gobierno, y de los que ni nos acordamos mientras alargamos la interinidad. Como también esperan millones de familias ahogadas por la crisis que llevan meses entretenidos con vídeos electorales, a ver cuándo acaba la campaña y alguien se ocupa de lo suyo.
Pero la recta final está sirviendo para refrescar otro recordatorio: tras las elecciones, si hay posibilidad de gobierno alternativo, el nuevo presidente recibirá también una tarjeta de felicitación de parte de la cloaca, ese submundo policial que más que un ramo de flores te puede dejar una cabeza de caballo en la cama. “¡Feliz gobierno del cambio!”
Me da que es más fácil lidiar con Merkel que con esos Torrentes que llevan tanto tiempo bajo tierra que ya no podrían vivir a la luz del día. El próximo gobierno llegará levantando alfombras, pero al hacerlo descubrirá que la mierda del subsuelo ha podrido el parqué. La mezcla de corrupción y cloacas es puro veneno, porque la turbia red policial tiene además comunicación con otros colectores empresariales y periodísticos.
La cloaca no es un invento del PP: es más bien uno de los pilares de la Transición, que mantuvo intacto el sistema de alcantarillas policiales creado por Carrero Blanco. Los sucesivos gobiernos prefirieron usar la cloaca en su beneficio antes que desmantelarla, dejando un reguero de episodios sucios (asesinatos incluidos) que dan para escribir una irrespirable contrahistoria de España. Normal que en cada cambio de gobierno la cloaca entre en ebullición y suelte mierda al exterior.
Pero en los últimos tiempos, con el PP de Rajoy y Fernández Díaz, la cloaca se ha ido de madre, se ha vuelto incontrolable y empieza a devorar a sus hijos. La guerra a muerte entre comisarios, de la que solo nos llegan salpicaduras, es resultado del poder alcanzado por sus inquilinos, como ese siniestro Villarejo, que últimamente es el perejil de todas las salsas podridas. Por ahí abajo circulan dossieres y grabaciones que lo mismo sirven para defender la unidad nacional que para tumbar un gobierno.
Con esa cloaca tendrá que convivir el próximo presidente. Convivir, no: sobrevivir. O se arremanga desde el primer día para limpiar, o acabará devorado por ella. Y para eso necesitará mucho más que seis o siete millones de votantes. Para luchar contra la cloaca, como para aguantarle el pulso a Bruselas y Berlín, necesitas tener detrás una mayoría social que te sostenga cuando te intenten tumbar.
Que nadie se desanime, al contrario: la existencia de una cloaca descontrolada hace más urgente el cambio de gobierno. Las últimas grabaciones de ese conspirador de pacotilla que es Fernández Díaz dan la medida del grado de degeneración alcanzado por este gobierno. O los echamos, o acabaremos todos asfixiados.