¿Se puede consentir que haya antisemitas o violentos en las instituciones? De ninguna manera. ¿Guillermo Zapata es antisemita y partidario de la violencia? Es exactamente lo contrario: es y ha sido siempre antirracista, pacifista, defensor de la democracia activa, de la convivencia y de la justicia social, y por eso forma parte de Ahora Madrid, un proyecto de gestión municipal basado en el antirracismo, el pacifismo, la democracia activa, la convivencia y la justicia social.
La verdadera pregunta, por tanto, es: ¿se pueden defender desde las instituciones el antirracismo, el pacifismo, la democracia activa, la convivencia y la justicia social? No, eso es lo que no se puede. Ni el PP ni los partidos aledaños, los que llevan gobernado este país las últimas décadas y Madrid desde hace 25 años pueden permitir semejante atrevimiento.
La elección de Carmena no es una cuestión baladí a la que van a resignarse por respeto a las reglas del juego democrático. Para los que han gobernado Madrid los últimos 25 años la victoria de Ahora Madrid es un crimen ignominioso: la viven como si estuvieran violando a sus hijas o insultando a sus madres o robándoles sus joyas y sus recuerdos de familia. Manuela Carmena y su equipo, encarnación de la sensatez y la moderación, constituyen una ofensa y una agresión inadmisibles. No pueden consentirlo. Contra los que violan a sus hijas o insultan a sus madres o roban sus joyas de familia, ¿no está todo permitido? Lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Llegarán tan lejos como sea necesario para impedir que violen a sus hijas e insulten a sus madres; es decir, para impedir que el antirracismo, el pacifismo, la convivencia, la democracia y la justicia social se conviertan en programa de gobierno. De momento no necesitan recurrir a expedientes más radicales. ¿Por qué han acusado a Guillermo Zapata de racista?
Porque no lo es. ¿Puede haber un medio mejor, más cómodo y rentable, que acusar a un antirracista y un pacifista de antisemita y violento?
Estoy a favor de lo políticamente correcto, que a veces embrida declaraciones y conductas incendiarias, pero estoy a favor, sobre todo, de lo políticamente justo. Cuando los políticamente injustos utilizan lo políticamente correcto contra la justicia hay motivos para preocuparse. Vivimos en un país en el que un chiste racista fuera de contexto es mucho más grave que una política racista aplicada desde las instituciones. ¿Se puede permitir que haya racistas y violentos en las instituciones? Por supuesto que sí. Durante las últimas elecciones hemos visto, por ejemplo, cómo el PP inundaba las calles de Barcelona con octavillas electorales en las que se pedía limpiar «el gueto islámico del Raval», por no hablar de la propaganda de partidos políticos explícitamente xenófobos y racistas. Se pueden proponer para el gobierno, y ejecutar desde el gobierno, políticas de exclusión social y de expulsión y encarcelamiento de inmigrantes; y desde luego políticas internacionales que desembocan en invasiones y bombardeos que provocan cientos de miles de muertos. ¡Apoyemos leyes racistas, reprimamos los chistes racistas! Así están las cosas: los racistas violentos criminalizan a los antirracistas pacifistas, acusándolos de racistas y violentos, para asegurarse de que el racismo y la violencia van a seguir gobernando y de que el antirracismo y los derechos humanos, en cambio, no lo hagan nunca.
Cuando un chiste sacado de contexto en un tuit de 2011 resulta más escandaloso que una campaña electoral xenófoba o unas leyes migratorias racistas es porque medios de comunicación complacientes y periodistas prevaricadores renuncian a hacer bien su trabajo, y ello con el propósito sectario de facilitar expresamente (en nombre de lo políticamente correcto) el gobierno de los políticamente injustos. Que tantos de nuestros políticos y periodistas consideren inadmisible unos tuits descontextualizados de 2011 y, sin embargo, no pidan ninguna dimisión cuando se trata no de bromear o de reflexionar sobre las bromas sino de aplicar medidas que promueven la marginación social y la exclusión xenófoba, revela la necesidad imperiosa de democratizar al mismo tiempo nuestras instituciones y nuestros medios de comunicación. ¿Un racista puede ser concejal o ministro o presidente del gobierno? Claro que sí. ¿Un concejal antirracista se puede permitir haber citado un chiste racista en 2011? No, claro que no.
Paradoja amarga, sin duda, ésta de que, cuando un programa antirracista de gobierno municipal gana las elecciones, la derecha xenófoba hasta ahora gobernante, con la colaboración de medios de comunicación que renuncian por razones ideológicas a hacer su trabajo, invoquen el racismo para pedir la dimisión de un concejal al que no pueden perdonar -precisamente- su antirracismo.
Si algo hay que reprocharle a Guillermo Zapata es que no haya comprendido en qué berenjenal se metía. Demuestra una gran ingenuidad democrática no haber borrado esos tuits inofensivos. Teniendo en cuenta su militancia y sus convicciones jamás creyó sin duda que se le pudiera acusar de racista y violento. Pero teniendo en cuenta su militancia y sus convicciones debía haber previsto incluso esta bajeza. Aprendamos la lección. Sepamos que los que gobiernan este país desde hace décadas son capaces de cualquier ignominia para responder al insulto mortal de que la decencia militante irrumpa democráticamente en los espacios públicos de los que se creen propietarios exclusivos. Gente que experimenta como un insulto o una violación la victoria de Carmena y su moderado programa democrático no puede dudar en acusar de racista y violento a un activista del antirracismo y los derechos humanos. Gente que considera criminal cualquier gobierno que no esté en sus manos (el hecho mismo de que el gobierno no esté en sus manos) no va a vacilar en utilizar y justificar cualquier infamia, y ello sin respetar ningún límite ético o político. Esta campaña, a la que seguirán sin duda otras, indica cuánto necesita España una urgente democratización de las instituciones y de los medios de comunicación y hasta qué punto desde las instituciones y desde algunos medios de comunicación se va a hacer todo lo posible para impedirla. Por eso hay que pedir a los ciudadanos que tomen conciencia de lo que está en juego y a los profesionales de la comunicación que se unan de manera responsable a la defensa de la democracia. Sin los unos y sin los otros ningún cambio será posible.
Santiago Alba Rico es filósofo y escritor