El gobierno municipal exigió, en contrato, al anterior gestor (la empresa Bonopark) un despliegue de estaciones de 55 puntos distribuidos por todos los barrios de Donostia; la firma contractual obligaba a llevar la bici eléctrica a los barrios altos: Intxaurrondo, Altza, Bidebieta y Aiete-Miramón; este convenio no se ha cumplido y los barrios altos han quedando al margen del despliegue de la bici pública. Y eso que la orografía donostiarra fue uno de los motivos que se esgrimieron en su momento para apostar por este sistema de bici eléctrica.
Ahora el Departamento de Movilidad se inclina por volver a sacar a concurso Dbizi para lograr su viabilidad y conseguir fórmulas para hacer rentable Dbizi, que esperamos no conlleve una nueva marginación de Aiete y los otros barrios, más todavía cuando se dispondrá del ascensor vertical.
El Departamento de Movilidad esperará a recibir un estudio de mejoras técnicas y económicas que se realiza en la actualidad, pero tiene ya prácticamente decidido sacar la gestión de este servicio de nuevo a concurso para formalizar un nuevo acuerdo, con nuevas condiciones, que garanticen la viabilidad de una actividad muy deficitaria desde el primer día, sin dejar fuera a los barrios altos, que puede ser la tentación de los grupos políticos.
El alquiler público de bicicletas eléctricas ha sufrido todo tipo de avatares en sus apenas cuatro años de vida. Un inicio retrasado, escasas estaciones, incidencias técnicas, dificultades en el mantenimiento y graves problemas con el vandalismo pusieron el servicio en la picota hace dos veranos.. Las mejoras llegaron con nuevos anclajes, nuevo sistema informático y nuevas bicicletas, lo que ha permitido a los usuarios (unos 2.000 abonados) recuperar en el último año la confianza en un servicio que solo cuesta 45 euros al año.
Pero las virtualidades para los usuarios no han logrado despejar las incógnitas de su sostenibilidad económica, con un déficit anual de unos 300.000 euros difícil de neutralizar ante las escasas alternativas para obtener nuevas fuentes de ingresos.
Estos problemas de viabilidad económica no pueden impedir que el servicio crezca y se coloquen estaciones en los barrios altos, principal argumento para adoptar un sistema de vehículos eléctricos, lo contrario debe llevar a otro sistema de trasporte no motorizado.
En el Pleno de ayer los ediles del PP llevaron una moción para que «en el primer trimestre» del año se aclare el futuro del préstamo público de bicicletas con «un planteamiento real y sostenible» que dé «un buen servicio» a la ciudadanía «incluyendo las previsiones necesarias para implementarlo en los barrios altos». La moción se aprobó por unanimidad.
La concejala de Movilidad reconoció hace unas semanas que si el servicio no demostraba posibilidades de reconducir su déficit habría que tomar medidas drásticas.
El gobierno municipal organizará un nuevo concurso de gestión de Dbizi con nuevas condiciones que permitan alumbrar un sistema de préstamo de bicicletas «sostenible económicamente y fiable técnicamente». No sirve de nada adjudicar un servicio que inicialmente no le cuesta dinero a la administración (el actual contrato) si a corto plazo se va a revelar inviable y va a exigir finalmente la intervención del Ayuntamiento.