Eso es lo que le gustaría saber a alguno de los usuarios que ve cómo “cada dos días lo apagan y dejan un cartel en el que pone que el ascensor se encuentra en mantenimiento”.
Eso es lo que le gustaría saber a alguno de los usuarios que ve cómo “cada dos días lo apagan y dejan un cartel en el que pone que el ascensor se encuentra en mantenimiento”.
Cuesta decenas de miles de euros al ayuntamiento. Además de la limpieza de las guarradas, entran en juego otros factores que también repercuten en el presupuesto: el desplazamiento de los técnicos de Orona, el arreglo de los desperfectos que generan los propios gamberros, las nuevas capas de pintura. Y un costo difícil de evaluar: el que se ocasiona a las personas que quieren usar el funicular y tiene que dar la vuelta: llegan tarde al trabajo, al instituto, a la zona de ocio o de deporte. Y las consecuencias de que ya no volverán a buscar el ascensor.
Tras la reforma del Código Penal de 2015, las detenciones de los que emborronan la pared o los medios urbanos, acaban en una sanción administrativa.
El gobierno municipal no informa de su actuación en estos casos, enmascara los datos en otros delitos, asunto este que no deja de extrañar, parece que hubiera una cierta complicidad o que son delitos con tan poca monta como los ejecutores.
Se puede haber hecho un daño de 10.000 euros y recibir una sanción administrativa de entre 300 y 600 euros. Es una multa es reducida y poco disuasoria. Trescientos euros es lo que te cuesta irte un fin de semana a esquiar y pintar entre raíles y cuestas es más emocionante.
Si se calculara el coste real de estos actos vandálicos seguro que las consecuencias penales serían mayores