El 7 de diciembre de 2014 reproducíamos un artículo de Javier Olaverri sobre la ‘corrupción vasca’
El 18 de diciembre de 2016 publicamos la información de que Arantza Tapia había comunicado el cese del Presidente de la Red de Parques Tecnológicos, José Miguel Corres.
Txemi Corres era enemigo jurado del proyecto de recuperación y regeneración del Bosque
La biografía de este personaje no tiene desperdicio: principios de los 90 ‘caso de las ITV de Euskadi’, pero siguió creciendo profesionalmente al amparo del PNV. En febrero de 1995, le nombraron director general del Parque Tecnológico de Bizkaia, luego pasó a ocupar durante cinco años puestos directivos en ESI (Instituto Europeo de Software). En 2000, en el equipo directivo de la Feria Internacional de Muestras de Bilbao y, un año después, consejero delegado del Bilbao Exhibition Centre (BEC). Aquello fue un desastre y José Miguel Corres, quedó apartado de la feria de congresos y exposiciones. Pero, como contrapartida, el PNV le buscó un acomodo: presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco. Hasta que, previo estropicio con el Bosque de Miramon, Arantza Tapia, hace tres años, le cesa
Es un caso que Lantxabe ha seguido (se puede cliquear José Miguel Corres en el buscador de esta web para comprobarlo)
Hemos interiorizado que somos donde mejor sanidad tenemos, mejor educación, mejores prestaciones sociales, mejores pensiones, mejores instalaciones deportivas, mejores playas, mejor vino, mejor cultura, mejores carreteras, mejor gastronomía, mejor tejido asociativo, mejor movimiento cooperativista y… mejor clase política, porque aquí, dicen, contra toda evidencia, no se han dado casos de corrupción. Muchos de nuestros conciudadanos siguen recreándose en este mito de que realmente, somos y vivimos en el lugar ideal.
La verdad desnuda nos ha mostrado que aquí también el poder sin control corrompe. En nuestro oasis las aguas pueden estar sucias, como lo demuestra esa sentencia que condena a exdirigentes del PNV.
El llamado caso De Miguel consiste en una trama organizada en torno al Gobierno vasco para cobrar comisiones ilegales en la concesión de contratos públicos. Todo lo que se ha descubierto se conoce gracias a una empresaria, Ainhoa Alberdi, que se negó a pagar una comisión de 100.000 euros que le exigían.
Por esa actuación, la Audiencia Provincial de Álava ha condenado a 15 personas, entre ellas tres altos cargos del PNV en la época en que el Gobierno lo presidía Ibarretxe y el partido lo lideraba Iñigo Urkullu. Dice la sentencia que ha quedado demostrado que los condenados formaban una trama organizada para cobrar comisiones ilegales en concursos públicos del área de Cultura del Gobierno vasco, además de otras adjudicaciones a dedo por las que también cobraban.
Hace muy pocos días el Laboratorio de Innovación Política Clip Gasteiz presentaba en Vitoria los resultados de una encuesta sobre desafección política; destacamos un dato local; únicamente un 14,1% afirmaba confiar en los ediles mucho o bastante. ¿Qué factores son los que generan esta desconfianza? Las mentiras, ‘el postureo’, la corrupción, la falta de credibilidad, el incumplimiento de las promesas electorales, la crispación y la falta de acuerdo.
Hace unos días, tertulia de Aiete, leíamos estos textos del personaje Coetzee en la novela Verano, que reproducimos literalmente
Estos sujetos como De Miguel, sus secuaces y sus encubridores, contribuyen a generar pensamientos como los del personaje de la novela citada
En Yemen llueven bombas. Desde marzo de 2015, la coalición liderada por Arabia Saudí ataca ferozmente a la población civil, lo que ha dejado ya, según cifras oficiales, más de 200.000 muertes. Los cazas saudíes que forman parte de estas operaciones llevan motores fabricados en parte por ITP, la multinacional que dirige el ex ministro del PP Josep Piqué. Durante los últimos tres años, esa misma compañía ha recibido subvenciones del Gobierno Vasco.
Se acaba de registrar una moción en el Parlamento Vasco para pedir, precisamente, que el Ejecutivo autonómico deje de financiar a quienes fabrican armas para la guerra. En el caso de ITP, los apoyos económicos suman en tres años casi medio millón de euros: 167.000 euros en 2017, 145.000 en 2018 y otros 183.000 en 2019.
Según ha podido confirmar Público, estas subvenciones fueron otorgadas en el marco del programa Hazitek del Gobierno Vasco y estaban destinadas al proyecto “Taldea”, dirigido a desarrollar “las tecnologías de fabricación avanzada que permitan realizar en producción, mayoritariamente dedicada a exportación, las turbinas de alta velocidad de los futuros motores aeronáuticos de los segmentos de medio y alto empuje, velando siempre por la integridad del producto y la eficiencia del proceso”. Estas subvenciones aparecen detalladas en la página 7 de la resolución dictada el 11 de enero de 2018 por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, en la que se publicaba precisamente la relación de beneficiarios de este programa.
“Con ITP estamos ante un nuevo ejemplo de incumplimiento de la Ley de ‘Carta de Justicia y Solidaridad de los países empobrecidos’, que en su artículo 3.3 dice que ‘en sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el Gobierno Vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas’”, advierte Iñigo Martínez
Según publicó el pasado 24 de noviembre eldiario.es, la empresa que preside Piqué participa en el “diseño, fabricación, montaje, ensayos y soporte en servicio” del motor empleado por los cazas saudíes que, según ese medio, forman parte de los ataques contra Yemen.
En tal sentido, Martínez advierte que la mayoría de los motores fabricados por ITP van a parar al Reino Unido, y allí los montan en el Eurofighter”, el avión que Arabia Saudí ha utilizado en bombardeos contra la población yemení.
“No puede ser que hagamos documentos o grandes declaraciones sobre desarrollo humano sostenible, y luego nos dediquemos a fomentar empresas de armamento, algo que ocurre no solamente en el caso de ITP”, destaca Martínez, quien reivindica la reconversión de las empresas dedicadas a la “industria de la guerra”. “Nadie quiere el cierre de esas fábricas, sino la transformación de esos sectores”, apunta el parlamentario.
El «orgullo» del lehendakari
El pasado 13 de noviembre, el lehendakari Iñigo Urkullu asistió a la inauguración de la nueva planta de ITP Aero en Derio (Bizkaia). “Las nuevas instalaciones han contado con una inversión de más de 14 millones de euros y dan respuesta a la gran demanda de Externals en el mercado aeronáutico, componentes utilizados en el recubrimiento de motores aeronáuticos, como los sistemas de fluidos, estructuras y otros elementos”, destacaba la compañía en un comunicado. Señalaba además que la planta de Derio está ya “en pleno funcionamiento y actualmente emplea a 115 trabajadores, con previsiones de incrementar hasta los 160 puestos de empleo”.
“Compartimos con orgullo el aniversario de esta multinacional vasca que, en 30 años, se acerca a los 900 millones de facturación, está presente en cinco países y cuenta con 4.000 personas empleadas. Gracias a su actitud de mejora continua es hoy la empresa líder de motores y componentes aeronáuticos del Estado y la novena compañía de su sector en el mundo”, dijo entonces Urkullu, según reflejó ITP en su nota de prensa.
En ese texto se indicaba además que “ITP Aero es la empresa de motores y componentes aeronáuticos de España y la novena compañía del sector en todo el mundo. Con más de 30 años de crecimiento sostenido, la compañía apuesta por la innovación y el desarrollo de tecnología propia como principales ventajas competitivas”. “ITP Aero está presente en todo el ciclo de vida del motor de aviación, desde I+D hasta soporte en servicio, y cuenta con más de 3.800 empleados en cinco países y una facturación de 880 millones de euros en 2018. ITP Aero es una corporate entity del Grupo Rolls-Royce”, añadía.
«Matar limpio»
En ese contexto, la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak presentará este viernes sus alegaciones contra el informe el “comercio y exportación de armas en Euskadi y el papel de las instituciones vascas para la mejorar de la transparencia y el control de las exportaciones” que hace algunas semanas publicó el Gobierno Vasco. En ese documento, el Ejecutivo planteaba la creación de “un Código de Conducta y de Transparencia Marco sobre las buenas prácticas comerciales, que se aplicaría en las empresas vascas del sector que se adhieran voluntariamente a esta iniciativa”.
En tal sentido, Ongi Etorri Errefuxiatuak considera que “si el Gobierno Vasco tiene voluntad real puede condicionar la producción y comercio de esta industria que atenta contra los derechos humanos”. A su juicio, el documento del Ejecutivo autonómico “plantea sin ningún pudor algo así como que se ofrezcan incentivos para que este negocio pueda ‘matar limpio’ o ‘matar con una cierta ética’ bajo un supuesto Código Marco al que las empresas podrían acogerse. Si no fuera tan serio, podría parecer una broma”.
La sombra de la corrupción planea sobre el Ayuntamiento de Alonsotegi, un municipio vizcaíno de 2.900 habitantes. El foco de las presuntas irregularidades está colocado sobre tres de los cinco alcaldes que ha tenido esta localidad, todos ellos del PNV. Uno de los regidores, José Luis Erezuma (ejerció de 2011 a 2015), ya ha admitido su culpa, junto a un arquitecto municipal y dos empresarios de la construcción, en un caso de fraude en el cobro de subvenciones públicas para abonar unas obras que no se ejecutaron. También van a tener que rendir cuentas ante la justicia sus dos predecesores, Aitor Santesteban (2007-2011) y Gabino Martínez de Arenaza (1999-2007), por unos hechos similares que han podido causar un quebranto económico a las arcas locales de 18 millones de euros, según la acusación formulada por EH Bildu.
Alonsotegi es la localidad natal del lehendakari Íñigo Urkullu, aunque el mandatario vasco está empadronado y reside desde hace varios años en Durango. Ha sido un feudo dominado por el PNV desde que se constituyó como municipio independiente y se segregó de Barakaldo en 1991. Pero el PNV está dando síntomas de debilidad y pérdida de confianza esta última década. En las últimas elecciones municipales de 2019 fue superado en votos por EH Bildu, aunque consiguió retener la alcaldía gracias al apoyo del único concejal del PSE-EE. La izquierda abertzale, ausente en el Ayuntamiento entre 2003 y 2011 tras declararse ilegal su candidatura, ha sido precisamente la que puso en conocimiento de los tribunales “la deplorable y delictual gestión llevada a cabo por los diferentes regidores [del PNV] que ocasionaron una quiebra técnica de la entidad municipal”, expone en su escrito de acusación.
Acuerdo con la Fiscalía
La primera batalla judicial emprendida por EH Bildu contra los alcaldes del PNV se ha resuelto a su favor. Erezuma ha tenido que admitir las irregularidades urbanísticas y el desvío de fondos cometidos durante su etapa en connivencia con el arquitecto Alberto Zulueta y los empresarios Eduardo Ibarra y Francisco Javier Bediaga. Iban a ser juzgados por los delitos de prevaricación, dos de falsedad documental, fraude en las subvenciones y malversación. Pero un día antes de celebrarse el juicio alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones por el que aceptan una condena de dos años de cárcel, que no deberán cumplir al no contar con antecedentes penales, y se comprometen a devolver de manera solidaria los 681.400 euros defraudados y otros 200.000 euros de los intereses.
El informe del fiscal concluye que los acusados urdieron en 2011 una trama para obtener fondos públicos destinados a saldar una deuda de 600.000 euros que el Ayuntamiento había contraído con una constructora por las obras del centro de salud en 2008. Falsearon la existencia de unos desperfectos ocasionados por las fuertes lluvias caídas en noviembre de 2011 en este municipio y aparentaron la ejecución de una serie de trabajos de reparación. Para costear los pagos por estos arreglos “fantasma”, el Consistorio obtuvo una subvención de la Diputación de Bizkaia de 600.000 euros y aportó otros 81.000 euros de sus arcas. Esas cantidades fueron destinadas a pagar los servicios del arquitecto y a Laneder Construcciones. El exalcalde Erezuma admitió durante la instrucción que aquellas obras no se realizaron, aunque no ocasionaron perjuicio económico al Ayuntamiento.
La investigación judicial señala que “los acusados elaboraron informes, proyectos, certificaciones y liquidaciones de obra y facturas sin contenido económico real y este a su vez las presentó en la Diputación de Bizkaia”. Asier Intxausti, el concejal de EH Bildu que impulsó la denuncia, apunta que “uno de los empresarios reconoció que esta fue la fórmula que idearon para cobrar la deuda” y que “lo hicieron presentando facturas por duplicado y en obras que se ejecutaron en solo 10 días”. El edil se pregunta “dónde estaban los mecanismos de control de la Diputación de Bizkaia para conceder esas subvenciones”. En aquellos años, el Departamento foral de Presidencia que otorgó las ayudas estaba dirigido por el actual alcalde de Bilbao, Juan María Aburto (PNV).
Uno de estos está cortado con el mismo patrón, afecta al exalcalde Aitor Santesteban y repite como investigado el arquitecto Zulueta. En 2008 también se abonaron obras falsas con las ayudas públicas recibidas de la Diputación de Bizkaia (1,7 millones) y del Gobierno central (230.000 euros), que tuvieron como beneficiarias a las compañías Laneder y Pabisa. Y el tercer frente judicial va dirigido contra el exregidor Gabino Martínez de Arenaza, que tras su etapa municipal fue nombrado director de Turismo de la Diputación vizcaína, y contra su sucesor en la alcaldía, Santisteban, por tráfico de influencias, malversación y fraude a la Administración. En este caso, que será juzgado por un tribunal del jurado, también está procesado el arquitecto Zulueta por emitir varias facturas sin soporte contractual. EH Bildu sostiene que los acusados incurrieron en “gastos sin justificar” en la sociedad mercantil Alonsotegi Eraikiz, dependiente del Ayuntamiento, que “ocasionaron un agujero económico de 15 millones, según una auditoría externa”, asegura Intxausti.
Las presuntas irregularidades que se investigan en Alonsotegi interpelan a un PNV que ha calificado estos hechos como “una mala práctica”, según su presidente, Andoni Ortuzar. En unas declaraciones recientes, el máximo dirigente de este partido negó que haya existido “corrupción”, porque “no ha habido enriquecimiento ilícito por parte de nadie”. EH Bildu, en cambio, considera que el PNV “no ha hecho nada por clarificar las actuaciones irregulares de sus tres alcaldes”. Ortuzar aseguró sentir “pena” por los hechos reconocidos por uno de sus regidores. En diciembre de 2019, Urkullu fue más allá y pidió “disculpas” cuando se conoció la sentencia condenatoria del conocido como caso De Miguel, el mayor proceso por corrupción juzgado en Euskadi y resuelto con penas de prisión para tres exdirigentes alaveses del PNV, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Telleria.
Tantos años gobernando los mismos partidos nos llevan a que personajes ineptos como este Jose Miguel Corres, y otros tantos como los que sufrimos a diario manejen con total descaro y desprecio nuestros dineros.
Varios errores judiciales atenuaron las condenas de cárcel en el caso De Miguel
La Audiencia de Álava fijó penas de menor duración al considerar que el proceso, que ha durado casi 10 años, se alargó injustificadamente
Los principales condenados por el caso De Miguel, la trama corrupta que lideraron varios exdirigentes del PNV, pueden darse con un canto en los dientes. Tienen por delante largas penas de prisión, pero serían mayores de no haberse registrado fallos en la instrucción. La Audiencia Provincial de Álava decidió fijar castigos menores de lo previsto en la sentencia que hizo pública el pasado martes al considerar que el proceso judicial, que ha durado casi una década, se ha alargado injustificadamente. La decisión permitirá, por ejemplo, que Alfredo de Miguel, el cabecilla de la red, vaya a pasar nueve años entre rejas como máximo cuando la condena podría haberse elevado hasta los doce.
La rebaja de las penas se explica en la parte final de la sentencia, que tiene 1.181 folios. Los tres magistrados que redactaron el fallo -Elena Cabero, Jaime Tapia y Raúl Aztiria- reconocen en varias ocasiones que el proceso judicial ha durado más de la cuenta por circunstancias ajenas a los encausados, lo que les lleva a aceptar la petición de las defensas de todos los acusados y aplicar la atenuante de «dilaciones indebidas». La figura se incorporó al Código Penal en la reforma de 2010, y busca evitar una mayor ralentización de la justicia española. Su uso es cada vez más habitual durante los últimos años en los tribunales, y en el caso De Miguel tiene una incidencia considerable.
¿Y qué ha pasado exactamente para que los jueces de la Audiencia de Álava accedan a reducir las penas? La irregularidad es muy concreta y los ponentes de la sentencia señalan directamente a una colega: María Eneida Arbaizar, titular del juzgado de instrucción número 4 de Vitoria, al que ha correspondido analizar la trama corrupta. Es la sucesora en el cargo de Roberto Ramos, que se encargó de las diligencias desde la apertura del caso en 2010 hasta que fue trasladado a otro juzgado de la capital alavesa en 2015.
De Miguel pasará nueve años en prisión cuando la pena podría haberse elevado hasta los doce
«DILACIONES INDEBIDAS»
El fallo reconoce el buen hacer de Ramos durante cinco años. Pese a la «complejidad» del caso, una macrocausa con 26 acusados -han sido condenados 15- y un buen número de ramificaciones, se considera que el ritmo de las investigaciones fue correcto y que «no hubo periodos de inactividad». Por el contrario, los ponentes creen que Arbaiza sí frenó la causa cuando su cometido era en principio más sencillo: llegó cuando la investigación ya estaba terminada y ‘solo’ debía remitir a la Audiencia Provincial las peticiones de las acusaciones para que se pudiera poner fecha al inicio del juicio.
Omisión de acusados
Arbaizar tardó cinco meses en elaborar un auto que incluía 21 errores de grueso calado -entre ellos, la ausencia de un imputado, la doble imputación de otro y la omisión de varios delitos- y no remitió las correcciones hasta cinco meses después. Los ponentes de la sentencia consideran que este ‘impasse’ supuso una «paralización» injustificada de la causa que ha terminado acarreando la atenuación de las penas.
El principal beneficiado, aunque no el único, es Alfredo de Miguel. El cabecilla de la trama corrupta ha sido condenado a 13 años de cárcel pero cumplirá nueve como máximo por ser el triple de la pena más alta que se le ha impuesto, límite que marca el Código Penal en su artículo 76. Ahí está la clave. La sentencia considera probado que De Miguel incurrió en un delito de asociación ilícita que está castigado con hasta cuatro años de reclusión, pero el atenuante impide que la pena sea superior a tres pese a que los jueces subrayan en su fallo la gravedad de las acciones del exburukide.
Dicen Urkullu y Ortuzar que no es una sentencia contra el PNV, pero la sentencia afirma que «los acusados, Aguirre, Tellería y Ochandiano crearon una red para aprovechar las relaciones políticas por su pertenencia al PNV y que dicha red estaba dirigida a conseguir irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de Administraciones o entes gobernados por el partido en el que militaban (PNV). Años escuchando que «la honradez nos viene de serie», que «la corrupción no encaja con nuestros valores». Se desmorona. Cárcel o inhabilitación para 15 personas por un rosario de delitos; malversación, cohecho, blanqueo…El típico capitalismo clientelar de otros casos: todos del mismo partido, todos se conocen y se acaban encontrando para beneficio propio.
Tengo la impresión de que estamos asistiendo a un concurso. Es el festival del insulto mediterráneo. Andan a la búsqueda del primer premio los dirigentes de las tres derechas españolas, los periodistas de fortuna y muchos espontáneos en las redes sociales. A todos ellos la fuerza se les escapa por la bragueta o la portañuela. Un tema es de obligado cumplimiento: para participar en este festival es obligatoriamente canónico introducir la palabra traición o cualquiera de sus derivaciones. Tras ella se pueden –y se deben– añadir los aliños que se estimen conveniente, siempre y cuando su conjunto sea un zafarrancho sintáctico. Es la derecha, una y trina, formada intelectualmente en las zahúrdas del dómine Cabra. Es la derecha de los tertulianos endogámicos, por lo general escribas agachados. Estas facciones nunca se mantendrán pacíficas mientras tengan sus propios cardenales, dijo más o menos el secretario florentino en el capítulo XI de El Príncipe. Menos todavía en este 2021, año de Beethoven y don Benito Pérez Galdós.
La tormenta que se ha desatado está tomando como excusa el resultado de las negociaciones entre el PSOE y ERC. A mi juicio el tratamiento que se da a la cuestión catalana es la espuma de la confrontación de las derechas contra el gobierno de coalición de izquierdas. No digo que sea irrelevante, sino que el quid de la cuestión está, primero, en el hecho de que se haya conformado dicha coalición, y, segundo, en el programa de gobierno, eminentemente progresista. El problema catalán es el adobo que se le pone para exacerbar los ánimos, las emociones y los sentimientos. Dispensen, pero el recurso al lenguaje antiguo viene al pelo en esta ocasión: las derechas arremeten contra la coalición y el programa con una posición «de clase».
Los cinco del Puerto de Bilbao’: así controla el PNV un enclave estatal estratégico
https://www.elsaltodiario.com/pais-vasco/pnv-pa%C3%ADs-vasco-puerto-de-bilbao-caciquismo
La sentencia del mayor caso de corrupción en Euskadi lleva a la cárcel a tres exdirigentes del PNV
https://www.eldiario.es/euskadi/euskadi/sentencia-caso-miguel_1_1184821.html
Creo que está interesante lo que intentó ayer Íñigo Errejón en el debate sobre la propuesta de “regeneración democrática” del PSOE: tratar de redefinir los términos mismos del debate.
Es decir, el PSOE viene a plantear que “el fango” (bulos, desinformación) es una especie de enfermedad sobrevenida a nuestra “salud democrática”. Hay que curar la enfermedad para recuperar la plenitud del cuerpo. Curar regulando: financiación de los medios, etc.
Íñigo propone pensar el problema más en términos estructurales: la democracia está “castrada” por poderes fácticos que no dan la cara. No se trata de curar el resfriado y volver a la normalidad porque la normalidad misma es problemática. Un tablero inclinado, siempre represivo con todo lo que no encaja: protestas, migrantes, ley mordaza.
En lugar de “regenerar” (curar), hay que “democratizar” (transfomar). Democratizar significa, no simplemente regular desde arriba, sino socializar el poder y la riqueza, distribuirlos.
Hay aquí un cierto acercamiento a los planteamientos rancièrianos: la democracia no como estado institucional, sino como exceso, empuje constante, siempre inacabado, con “los cualquiera” como protagonistas.
¿Cómo se concreta esto? ¿Cómo se alienta una política de cualquiera desde la política institucional (que confisca lo común)? ¿Qué va a pasar a día de hoy con la ley mordaza? Ahí se juega la credibilidad de una palabra que dice algo distinto: hacer algo distinto también.