Escrito por el doctor Adrián Hugo Aginagalde Llorente, (Aiete, 1989), ex alumno de Axular Lizeoa, estudiante de flauta en la ikastola, médico preventivista, especialista en pandemias, director del Observatorio de Salud Pública de Cantabria
Publicado en “Hoy”, diario extremeño, hoy domingo 8 de noviembre
Los esfuerzos deben dirigirse a proteger los ámbitos más frágiles mientras se garantiza el funcionamiento del mayor número de centros de trabajo y educativos
El siglo XXI se inició con la pandemia del SARS en 2003, una infección respiratoria aguda por un coronavirus, pariente del actual SARS-CoV-2. En apenas 9 meses enfermaron 8.422 personas y fallecieron 774 en 29 países. Esta enfermedad mostró algunas pautas que después se han repetido con la covid-19: super-diseminación, rápida propagación entre países a pesar de controles y cierres de fronteras, vulnerabilidad de los más frágiles, brotes en hospitales, elevada letalidad entre enfermos hospitalizados y ausencia de tratamientos eficaces. Esto y el tiempo necesario para la investigación y producción de vacunas obligaron a dirigir los esfuerzos a la rápida identificación del agente patógeno (SARS-CoV) y a recuperar el rastreo de los contactos como forma de cortar las cadenas de contagio. Nueve meses después la epidemia se dio por finalizada con un coste estimado de 25.000 a 85.000 millones de euros.
El SARS y la posterior gripe H1N1 de 2009 impulsaron a la OMS a reformar el Reglamento Sanitario Internacional. Europa creó el Centro Europeo de Prevención y Control de la Enfermedad (ECDC) y surgieron las Agencias de Salud Pública para aunar, especializar e incrementar los dispersos y escasos efectivos. España empezó a recorrer este camino con la Ley General de Salud Pública aunque la Agencia, la reforma de la Vigilancia Epidemiológica y la adecuación de los recursos ante las nuevas amenazas nunca llegaron a ver la luz.
De esta forma nuestro país especialmente envejecido, con un modelo de cuidados precario, una estructura económica polarizada hacia el turismo, unos sistemas de alerta precoz y respuesta sin desplegar, una investigación depauperada y abandonada, unos sistemas de información obsoletos y una Atención Primaria muy debilitada ha tenido que ir gestionando sobre la marcha las distintas crisis de salud pública (ébola, zika, listeria).
Frente a este retraso de las necesarias reformas e inversiones para combatir estas enfermedades emergentes, los ciclos pandémicos han continuado acelerándose por la enorme y rápida movilidad entre países, el incremento de la población vulnerable, el desarrollo urbano posindustrial y nuevos modelos de explotación ganadera.
Además, el coronavirus ha aprovechado los viejos resquicios por los que se cuelan todas las enfermedades infecciosas, las desigualdades en salud. Es decir, las condiciones de vivienda, transporte, cuidados y trabajo que favorecen la transmisión, impiden o dificultan el diagnóstico rápido, el cumplimiento de los aislamientos y que penetren las medidas preventivas entre los más vulnerables.
También deberíamos mencionar que la respuesta contra una pandemia puede ser más ineficaz si no se goza del aislamiento geográfico que supone ser una isla (Nueva Zelanda, Australia, Taiwán, Singapur) o prácticamente una isla (Corea del Sur). Por estas y otras razones, España no pudo contener adecuadamente la primera ola de la pandemia y pasó a la fase de mitigación como ocurrió con la gripe pandémica de 2009. Se alcanzó una transmisión comunitaria de 2,3 millones de infectados que ya no es reversible. Y descartada la inmunidad de grupo por imposible y por el elevado arancel de vidas humanas que supone, la eliminación del virus a corto plazo no parece ser factible.
Y es que la capacidad de las autoridades sanitarias para modificar el curso de una pandemia ha sido siempre limitada, especialmente cuando no hay otro reservorio ni vector que el ser humano. Sabemos que detener artificialmente la curva de contagio durante una pandemia respiratoria era algo que no se había conseguido previamente, con excepción de los confinamientos domiciliarios en ciertas ciudades de EE UU en 1918 para parar el golpe de la gripe.
En estas últimas semanas se observa una desigual aceleración de la transmisión y del impacto asistencial compatible con la acumulación de factores estacionales del resto de coronavirus humanos que causan todos los inviernos resfriados. Por lo tanto, sería imprudente plantear que durante el periodo navideño la evolución vaya a permitir una relajación de las medidas. Hay que asumir que van a ser unas Navidades más sencillas y familiares en las que se deberá evitar cualquier celebración que aumente la movilidad, así como el número de personas que se reúnan en lugares cerrados o públicos.
A la espera de que las actuales o futuras medidas consigan desacelerar el crecimiento de la curva de casos nuevos, de hospitalizaciones, la reducción del tiempo desde el inicio de síntomas a la realización del diagnóstico (PCR) y al rastreo y la mejora de la adherencia a los aislamientos y cuarentenas; los esfuerzos deben dirigirse a proteger los ámbitos más frágiles (centros sanitarios, residencias y grupos socialmente vulnerables) mientras se garantiza el funcionamiento del mayor número de centros de trabajo y educativos.
Tomando como referencia las dos grandes pandemias de gripe donde el virus no mutó (1889 y 1918), parece razonable pensar que la transmisión se acelerará en el futuro causando una tercera y, quizá, una cuarta ola pandémica. También es probable que esta segunda ola sea más intensa y duradera.
La situación actual debe ser abordada como una vía tanto para alcanzar las reformas estructurales ya señaladas y tan necesarias, como para conseguir una ciudadanía más crítica y responsable. Una ciudadanía bien organizada que vele por sus derechos, pero que también sea capaz de rechazar todos los engaños, teorías conspirativas y bulos que tanto minan la cohesión y confianza de nuestra sociedad. Debemos dar una apoyo crítico a nuestros gobernantes pero también exigir transparencia y cuestionar aquellas respuestas fáciles, parciales y desenfocadas que recurren a generalizar soluciones nunca antes testadas, con unos débiles cimientos científicos o directamente contrarias a los fundamentos de la Razón, la Ciencia, la Salud Pública y las libertades, derechos y garantías fundamentales. La gestión de estas crisis sanitarias no debe repetir los errores del pasado.
La gestión de la pandemia puede implicar el tener que aplicar en un corto espacio de tiempo lecciones que no se aprendieron en décadas. Quizás también haya que realizar complejos cambios y estrategias de ensayo y error nunca antes probadas. Estas decisiones deben ser tomadas con transparencia y consenso porque si queremos afrontar esta tormenta casi perfecta antes de construir un lustroso tejado que nos proteja del aguacero deberemos entre todos afianzar con solidez los frágiles cimientos y pilares de la Salud Pública y reconstruir las numerosas grietas de nuestro Sistema de Salud.